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Visto desde la óptica empresaria, el principal problema de la relación campo-Gobierno se vincula con cuestiones impositivas y restricciones al comercio exterior. Visto desde el Ministerio de Economía, el problema es muy distinto. Consiste en cómo evitar que los altos precios internacionales de los productos agropecuarios se traduzcan en aumentos de precios internos. La Argentina atraviesa un contexto de precios internacionales muy favorables para muchas de sus exportaciones. El problema, nada nuevo para los investigadores locales, es que buena parte de los productos exportables tienen un peso importante en la canasta de consumo.
El índice de precios de las materias primas (IPMP) de mayo –difundido esta semana por el Banco Central– mostró para el quinto mes del año una suba interanual del 18,2 por ciento. Aunque el índice incluye petróleo y cobre, la clave del aumento fue la evolución de los precios agrícolas. En particular se destacaron las subas en los valores del maíz, con un significativo 46,2 por ciento interanual, de los pellets y aceite de soja, con 30,3 y 34,0 por ciento, respectivamente, lo que junto con el trigo y los porotos de soja contribuyeron a explicar 16,7 puntos porcentuales del alza del indicador. De esta manera el IPMP se encontró en mayo un 51,4 por ciento por encima de su promedio histórico. Otros bienes complicados en materia de precios, como lácteos y carnes, no son estrictamente materias primas, aunque sí parte de estas exportaciones con valores crecientes y con origen en complejos agroindustriales basados en la producción agropecuaria.
Desde la devaluación, el mecanismo virtuoso (por su contraparte de ingresos) para desvincular los precios externos de los internos fueron las retenciones. Con el paso del tiempo, la evolución sectorial de los valores comenzó a mostrar las limitaciones del esquema y la imposibilidad de seguir recostándose en este “estabilizador automático”, salvo que se acepten niveles de conflictividad creciente con los productores primarios. El pasado enero se decidió dar un segundo paso creando una suerte de Fondo Compensador de los precios de los alimentos financiado con aumento de retenciones a la soja. Este Fondo significó dar lugar a una estructura de subsidios cuyos resultados sobre la evolución de precios es hoy de difícil precisión, aunque el termómetro social, ya no el del Indec, estaría mostrando nuevas limitaciones.
En un trabajo del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata difundido esta semana, el economista Pablo Lavarello avanza en esta línea proponiendo un tercer paso. Sostiene que el mix de instrumentos ortodoxos –esterilización y superávit fiscal– y heterodoxos –acuerdos de precios en mercados oligopólicos y subsidios– habría encontrado un límite de efectividad en los mercados de alimentos. La razón, sugiere, debe buscarse en la formación de precios “aguas abajo” del punto en que se otorga el subsidio.
Si bien Lavarello acuerda en esencia con la política gubernamental en materia de transferencias, sostiene que la falta de seguimiento y penalizaciones estarían atentando contra el potencial efecto estabilizador del mecanismo. En particular en las etapas más próximas a la venta final. La investigación propone, entonces, que los subsidios sean acompañados “por una política más sistémica y generalizada de acuerdos de precios de los alimentos finales” que incluya “un sistema de seguimiento y penalización que pueda captar a aquellos empresarios que aprovechen el subsidio para aumentar su rentabilidad a costa de los productores agrícolas y la población en su conjunto”. En otras palabras, un control más eficiente de la formación de precios que ponga la mira en todos los eslabones de la cadena.
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