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El archivo de la “transversalidad” tiene múltiples causas, entre las que sin duda figura que uno de los actores clave de aquella amalgama imaginada durante la primavera kirchnerista está cada vez más lejos del Gobierno. Se trata de la Central de Trabajadores Argentinos que encabeza Víctor De Gennaro, que a esta altura está más próxima a la vereda de enfrente que alistada en las filas oficiales. Mucho de su desencanto y descontento tiene que ver con que la conformación de esa central obrera continúa siendo mayoritariamente de gremios estatales, comenzando por ATE y Ctera, que a dos años de gestión aparecen claramente como los menos agraciados por el modelo lavagnista y por las alianzas tejidas desde la Casa Rosada y desde el ministerio de Carlos Tomada.

El grotesco y torpe episodio del miércoles pasado, cuando se llevaron preso por unas horas a dos delegados de ATE de la Presidencia que estaban ejerciendo el derecho de protesta con un pacífico “papelazo” y la detención más prolongada de sindicalistas del mismo color en la provincia de Santa Cruz están marcando simbólicamente el final de una alianza que nunca llegó a ser.

Desde el lado político-legislativo, el kirchnerismo continuó con la negativa de los gobiernos anteriores a acceder al reclamo de libertad sindical que históricamente plantea la CTA para sus organizaciones formadas en el sector privado, tal como sí gozan los gremios estatales. Esto les impide básicamente gozar de las tres prerrogativas elementales de un sindicato: recaudar aporte de sus afiliados, cobertura para los delegados frente a despidos y, por supuesto, la representatividad para negociar convenios.

No está de más resaltar que lo anterior los deja en desventaja frente a los gremios tradicionales de la CGT y cristaliza la vieja forma de hacer política gremial de los caciques, de los gordos como Oscar Lescano, de los flacos como Armando Cavalieri y Andrés Rodríguez y de los lenguaraces y rellenitos como Luis Barrionuevo. La gente de De Gennaro elevó la queja hasta la Organización Internacional del Trabajo, que hace poco les dio la razón y sancionó al gobierno de Kirchner. Pero está claro que al Presidente y a su ministro de Trabajo les importa mucho más seguir urdiendo con la CGT que el enojo de la CTA o que la sanción de la OIT. En eso sí se muestran cada vez más peronistas y menos renovadores.

En materia de política económica, las posiciones son aún más divergentes y difíciles de acercar, dado que los trabajadores estatales (que como ya se dijo son el núcleo duro de la CTA) son pato de boda en la fiesta lavagnista de prosperidad macroeconómica. Prosperidad que ha permitido, por tomar la variable más abarcativa, que el Producto Interno Bruto ya haya recuperado los niveles de 1998 en el pico de la convertibilidad.

Precisamente una de las grandes diferencias del actual modelo con el que colapsó en el 2001 es la holgura fiscal de la que disfrutan Kirchner y Lavagna, que en términos de superávit primario del sector público nacional (es decir antes del pago de deuda) ahora cuadruplica el que había entonces.

El salto de un excedente equivalente al 1 por ciento del PIB en 1998 a otro del 4 por ciento se explica de dos maneras que son complementarias: los ingresos crecieron algo más de 3 puntos del PIB en comparación con 1998 (en esto influyen mucho las retenciones y el impuesto al cheque), mientras el gasto se mantuvo proporcionalmente igual pero con la particularidad de que en la composición del gasto los salarios y las jubilaciones perdieron terreno a costa de otro tipo de rubros: el pago al personal perdió cerca del equivalente a 1 punto del PIB y aproximadamente otro tanto sucedió con las jubilaciones. Corresponde señalar que como compensación algo más de medio punto de PIB fue a parar al pago del Plan Jefas y Jefes.Si en lugar de medirlo como peso proporcional dentro del Presupuesto se lo evalúa en términos de poder adquisitivo, el resultado es que mientras en el sector privado formal los asalariados recuperaron el nivel del fin de la convertibilidad, los estatales nacionales sufren una caída superior al 20 por ciento, al igual que la jubilación promedio.

El panorama en las provincias no es mejor, tal como lo refleja la creciente conflictividad con los gremios estatales a lo largo y ancho del país. Basta un dato para demostrarlo: la nómina de los salarios públicos para el conjunto de las provincias aumentó en relación con fines del 2001 mucho menos que la mitad de la inflación acumulada desde la devaluación.

Los estatales están tan para males que el miércoles los líderes de la CGT que visitaron a Lavagna pidieron un aumento para el sector y extendieron el reclamo a una recomposición en las jubilaciones que hasta ahora quedaron fuera de los decretos que sólo apuntaron a mejorar los mínimos. Obviamente, el abanderado del pedido fue el secretario de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, el antes mimado por Menem y ahora por Kirchner.