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La medida anunciada días atrás que habilita a las estaciones de servicio de frontera a cobrarles a los conductores de vehículos extranjeros el mismo precio que pagarían por el gasoil y las naftas en su país, sólo despertó reacciones altisonantes en Chile, pese a que se afecta a todos los países limítrofes. Desde el humor, el conocido Ja Ja Calderón propuso cobrarles a los argentinos que veraneen en la exclusiva playa de Reñaca en Villa del Mar una tasa de uso al metro cuadrado de arena ocupado. Desde el disparate ofensivo, el diputado Jorge Tarud, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores como miembro de la coalición oficialista, calificó al presidente Kirchner como “matón de barrio” y convocó a los chilenos a boicotear a la Argentina como destino de turismo. Michelle Bachelet mantuvo las formas, pero exageró calificando la novedad de “incomprensible” y anticipó que va a plantearlo como un tema de agenda en la próxima cumbre del Mercosur en Córdoba.

Lo primero a señalar es que mucho de lo que se gritó allende la frontera denota superficialidad o ignorancia. La medida no afecta ni al turismo ni, como protestó el presidente de la Confederación de Camioneros de Chile, Andrés Ovalle, al transporte comercial. Basta leer el artículo 1 de la Resolución 938 de la Secretaría de Energía para enterarse de que la habilitación para cobrar precios diferenciales es de aplicación optativa y sólo por parte de “las estaciones de servicio ubicadas en zonas o áreas de frontera”. Es decir que el habitante de Santiago de Chile puede cruzar con el tanque semivacío y cargar a los valores vigentes para todos los argentinos a pocos kilómetros del límite en la ciudad de Mendoza; y lo mismo vale, obviamente, para todo el trayecto de un camión que se dirija a Buenos Aires o cruce hacia Brasil, por ejemplo.

Como se observa, la medida apunta a evitar el aprovechamiento hormiga del diferencial de precios que existe entre los valores locales y los más caros que rigen en los países vecinos, que oscila según el caso entre 40 y 100 por ciento. Se estima que la menor recaudación para la Argentina totaliza unos 250 millones de dólares al año, de los cuales, una porción muy chica es ahorrada por los chilenos que entran y salen con el tanque lleno y barato, y a veces también con bidones en el baúl. ¿Por qué entonces tantas huevadas en Chile y casi silencio absoluto en el resto de los países alcanzados?

La explicación que suena más probable es que la relación bilateral en materia energética con los chilenos arrastra tensiones por el conflicto con la exportación argentina de gas, un tema que realmente es importante y que acaba de enredarse un poco más a raíz de la intención del gobierno argentino de trasladarles a los chilenos mediante el cobro de un impuesto buena parte del sobrecosto derivado del incremento en el gas comprado a Bolivia. En esto Chile sí tiene un motivo fundamentado de queja por algo que les va a representar un gasto adicional de 250 millones de dólares anuales, ya que según una interpretación posible estaría violando el protocolo gasífero firmado en 1995 cuando se autorizó la exportación del combustible. Pero lo que en todo caso es un motivo de enojo razonable, merece encuadrarse en consideraciones políticas. En primer lugar, ¿acaso los chilenos no consideran justo que Bolivia cobre más por el gas que indirectamente llega a ellos, y si así fuera no resulta lógico rediscutir el precio que paga Chile más allá de los aspectos formales? En segundo lugar, los chilenos deberían contemplar con realismo y diplomacia la posibilidad de que un país quiera corregir lo que fue la equivocación cometida por el gobierno de Carlos Menem cuando en 1995 abrió la válvula para que se vendan al extranjero enormes cantidades de un recurso estratégico, no renovable y no tan abundante como muchos creían.

Pero así como en Chile se dicen huevadas aquí faltan huevos para abordar los problemas a fondo, actuar con coherencia y, llegado el caso, enfrentarse a los poderosos. La mencionada resolución 938 dice en sus considerandos que la medida que habilita el cobro de precios diferenciales en las estaciones de servicio de frontera tiene como uno de los objetivos básicos “asegurar el abastecimiento del mercado interno de hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como sus derivados, lo que constituye un objetivo fundamental del Estado nacional”. Si verdaderamente el Gobierno está preocupado por eso, resulta mucho más prioritario y urgente que revisen y actúen para limitar el grueso de la exportación, que es la que realizan las grandes compañías petroleras, y no la exportación o el contrabando hormiga que se filtra por las fronteras a través de automóviles y camiones chilenos, uruguayos, brasileños o paraguayos.

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