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La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a una ley que tiene por objeto “promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate en la Región Productora”, es decir, en las provincias de Misiones y Corrientes.
El proyecto de ley, que volvió al Senado por algunas modificaciones hechas en la Cámara baja, establece que las empresas que actualmente cuentan con plantas envasadoras fuera de la Región Productora tendrán 5 años para radicar sus plantas en Corrientes o Misiones. La excepción fue ampliada para el caso de las mezclas con hierbas (siempre que éstas representen al menos el 30 por ciento del producto final) y para quienes elaboran la yerba en saquitos, que podrán mantener su lugar de envasado, pero no incrementar su capacidad instalada actual fuera de la Región Productora.
Entre los argumentos esgrimidos por los senadores que impulsaron esta norma (3 por Misiones, 1 por Corrientes) se destaca que “las provincias productoras de yerba mate aún siguen viendo cómo se llevan su yerba mate para envasarla en grandes centros urbanos, ofreciéndola a precios viles, con una dudosa calidad y envases que no alientan la compra”. Estos argumentos reflejan claramente que la prohibición de envasar fuera de la Región Productora está vinculada con la capacidad de determinar el precio de venta del producto elaborado, lo que junto con la exigencia de relocalización tendrá un efecto sobre el grado de concentración de la etapa industrial de la cadena de valor de la yerba mate.
Una pregunta que surge de estos argumentos es ¿quién paga un precio vil por la yerba mate? Los consumidores pagan a los comerciantes no menos de 43 pesos por kilo de yerba mate (promediando todos los envases); los supermercados pagan a las industrias alrededor de 20 pesos por kilo, puesta sobre cambión en origen; los molinos pagan a los productores 4,2 pesos el kilo de hoja verde puesta en fábrica, y los tareferos (obreros que hacen la cosecha) reciben entre 0,6 y 0,8 pesos por kilo de hoja verde cosechada, según la zona y la necesidad de trabajo. Vale la pena un debate más profundo acerca de quién recibe por lo suyo un precio vil.
Más allá de las variaciones obvias entre marcas, empresas y comercio, los números reflejan que el diferencial de precios de la etapa de distribución genera claros incentivos para la existencia de firmas que se dedican a envasar y comercializar el producto. De hecho, algunos supermercados aprovechan esta situación y venden la yerba con marca propia, colocando diferentes opciones de envases, a pesar de la escasa diferenciación en calidad del producto. Si de 43 pesos que paga el consumidor, más del 50 por ciento se lo lleva el comercio, se comprenden los incentivos económicos al envase de yerba y la proliferación de marcas.
La iniciativa parlamentaria hace énfasis en los intereses corporativos y elude los problemas de fondo que afectan el interés de la población en general. Esto es, el grado de incidencia que tiene la concentración económica (tanto en la industria como en la etapa de distribución) sobre todos los actores del encadenamiento productivo y, obviamente, sobre el público consumidor. El abuso del poder de mercado no tiene jurisdicción provincial ni reconoce federalismo alguno. Por cierto, si no se encara el problema desde el conjunto de la comunidad, los extremos de la cadena seguirán siendo los más perjudicados, pagando cada vez más caro un kilo de yerba, o recibiendo proporcionalmente cada vez menos por el trabajo de cosecha.
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