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Jed Rakoff fue designado juez por Bill Clinton en 1995 en el distrito sur de Nueva York, donde se ubica el barrio financiero conocido como Wall Street. Su se帽or铆a, con 68 a帽os cumplidos y una licenciatura en literatura inglesa obtenida al cumplir 21 a帽os, ha vuelto a enfrentarse con el regulador de valores estadounidense (SEC) cuestionando la forma en que este organismo maneja casos en los que investiga fraudes financieros. El sistema legal de ese pa铆s faculta, desde 1972, al regulador a dar por concluida una investigaci贸n en curso contra una entidad financiera, en la medida en que 茅sta acepte pagar una multa.
El juez neoyorquino rechaz贸 la semana pasada un acuerdo extrajudicial de estas caracter铆sticas alcanzado por la SEC con el Citigroup por 258 millones de d贸lares, originado en una cuestionada operatoria con instrumentos hipotecarios. Con su fallo el juez busca terminar con este tipo de acuerdos en los que las instituciones financieras no admiten haber cometido delito alguno, aceptando sin embargo pagar multas por cientos de millones de d贸lares con la condici贸n de que el regulador clausure la investigaci贸n en curso.
La investigaci贸n llev贸 a que la SEC acusara al Citigroup de vender obligaciones de deuda con garant铆as ligadas a hipotecas por 1000 millones de d贸lares en el 2007, cuando el mercado inmobiliario estaba comenzando a colapsar, sin informarles a sus inversores que por otro lado estaba apostando 500 millones en contra de esos mismos activos. El acuerdo rechazado por el juez habr铆a requerido que el Citi renunciara a 160 millones de d贸lares de ganancias obtenidas de forma supuestamente incorrecta m谩s una multa de 95 millones por la supuesta negligencia del banco. El a帽o pasado, Goldman Sachs Group Inc. lleg贸 a un acuerdo de este mismo tipo por 550 millones de d贸lares con la SEC en una investigaci贸n referida a operaciones con bonos respaldados por activos.
Rakoff se帽al贸 que la multa de 95 millones de d贸lares representaba para el Citigroup 鈥渄inero de bolsillo鈥, afirmando que el acuerdo aprobado por la SEC no era 鈥渞azonable, ni justo, ni adecuado, ni a favor del inter茅s p煤blico鈥. En respuesta, el director de la SEC, Robert Khuzami, declar贸 que el monto del acuerdo propuesto 鈥渞efleja razonablemente el alcance de lo que se obtendr铆a despu茅s de un juicio exitoso鈥, pero sin los 鈥渞iesgos, retrasos y recursos que requiere un juicio鈥.
Los argumentos en contra de la sentencia de Rakoff tienen m谩s que ver con cuestiones pr谩cticas que con una sana administraci贸n de justicia. Quienes atacan la 鈥渋ngenuidad鈥 del fallo sostienen que los bancos nunca van a admitir que han cometido un fraude porque dicha admisi贸n facilitar铆a el camino para que prosperen demandas civiles y criminales en su contra, adem谩s de la p茅rdida de posibles clientes por la publicidad negativa.
Un ex director de la SEC, Joseph Grundfest, ha argumentado en la misma direcci贸n abordando pragm谩ticamente la cuesti贸n al se帽alar que el organismo regulador se ve obligado a llegar a estos acuerdos producto de la falta de fondos con que cuenta para encarar costosos y complejos juicios contra bancos que cuentan con recursos cuantiosos, afirmando que tratar de avanzar en estas investigaciones equivale a 鈥渆nviar tropas a una batalla sin armaduras para luego preguntarse por qu茅 los soldados evitan la lucha cuerpo a cuerpo鈥.
La decisi贸n del juez Rakoff ha reabierto un rico debate que no se limita a las bondades de los acuerdos extrajudiciales entre reguladores y entidades de gran tama帽o, sino que se extiende al significado 煤ltimo de la palabra justicia. Rakoff ha se帽alado que en estos casos lo que corresponde es que los bancos demuestren su inocencia en sede judicial o admitan su culpabilidad. En su fallo el juez se帽al贸 que al interrumpirse la investigaci贸n producto del entendimiento extrajudicial se impide obtener evidencia s贸lida, lo que hace que el acuerdo alcanzado 鈥渘o satisfaga principios legales ni morales鈥
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