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La ortodoxia económica sostiene que el Banco Central debe ser “independiente” del poder político. Con ello se refieren al aislamiento de las decisiones de política monetaria respecto a presiones de origen político, particularmente de parte del gobierno. La independencia se justifica en la supuesta existencia de intereses electoralistas de corto plazo, que inducen en los políticos preferencias por políticas monetarias expansivas que se consideran dañinas para la estabilidad monetaria de largo plazo.
En los hechos, esa supuesta independencia de la autoridad monetaria respecto del poder político, suele derivar en instituciones dependientes de intereses financieros privados que condicionan la política económica de los gobiernos democráticos. No casualmente, la incorporación de la independencia institucional en las cartas orgánicas de los bancos centrales de la mayor parte del mundo, se produjo en los años 80 y 90 del siglo pasado cuando los Estados nacionales vieron debilitado el ejercicio del poder político frente al desarrollo del poder de las finanzas internacionales.
En Argentina, la independencia del Banco Central fue introducida en su Carta Orgánica a comienzos de la convertibilidad. La misma sobrevivió a la reforma de 2012, más como una herramienta legal en defensa de sus reservas frente a posibles embargos buitres, que por la convicción ideológica de quienes la impulsaron. Ese principio de independencia que había sido utilizado por Martín Redrado para oponerse al pago de deuda con reservas sin mediar un ajuste del gasto público en enero de 2010, fue el que enarboló recientemente Mauricio Macri para exigir la renuncia de Alejandro Vanoli a quien consideraba un “militante K”.
Paradójicamente, en su reemplazo nombró a un militante del PRO que se desempeñaba como diputado nacional de esa fuerza por la Ciudad de Buenos Aires y cuya idoneidad debería estar cuestionada por encontrarse procesado y con un embargo por 5 millones de pesos sobre sus bienes, a causa de su participación en el Megacange junto a Domingo Cavallo.
En su discurso de “Inicio y lineamiento de gestión”, Federico Sturzenegger tuvo una original interpretación del artículo 3 de la Carta Orgánica del BCRA, que señala como objetivos de la institución “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Según el nuevo presidente del BCRA, el orden de enunciación de los objetivos indica un “orden de prelación e importancia”, por lo que en su discurso mencionó la estabilidad monetaria y financiera como objetivos de su gestión, pasando al olvido los que atañen al empleo y desarrollo con equidad social. Respecto de la estabilidad monetaria, la centró en “cuidar el valor del peso” bajando la inflación, una enunciación teórica que poco se condice con la práctica de devaluación brusca de la moneda y aceleración de la inflación sucedida en sus pocos días de gestión.
En ese mismo discurso, entre tantos los lugares comunes de la ortodoxia, se filtró una idea heterodoxa: “No deberíamos dejar de evaluar un sistema parecido al de la Unidad de Fomento chilena”. Se trata de una moneda dura, indexada por la inflación, que introdujeron los chilenos en los años ochenta, cuando su economía presentaba niveles de inflación similares a los de Argentina hoy. Un esquema similar al del CUC cubano (una moneda indexada a la divisa), que busca disputar al dólar las funciones de reserva de valor y que permite sustituirlo como instrumento de ahorro y en operaciones como la compra/venta de viviendas. Un proyecto que, de concretarse acertadamente, puede ahorrarle a nuestra economía unos cuantos millones de dólares.
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