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El 16 de diciembre del año pasado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció el fin de las regulaciones cambiarias (“cepo”) con un discurso transmitido por televisión. En el mismo, señaló que se cumplía con esa promesa de campaña, dado que estaban dadas las condiciones financieras para hacerlo. Entre las mencionadas condiciones se encontraban un crédito externo acordado con una serie de bancos extranjeros que, pese a generar un potencial ingreso de dólares en las arcas del banco central, no provocaría “un incremento de deuda”.
Los detalles de tan sorprendente operación financiera fueron dados por el propio ministro. El Banco Central tiene una serie de Letras del gobierno nacional intransferibles –no se pueden revender a un tercero–, que le fueron otorgadas a cambio de dólares para cancelar deuda externa (entre ella, el famoso pago al FMI por 9530 millones de dólares). Esas operaciones permitieron, en su momento, cancelar deuda externa mediante la emisión de una deuda sui generis entre dos instituciones públicas. El gobierno se “endeudaba” a tasas cercanas a cero con el Banco Central, recibiendo los dólares para pagar la deuda externa sin necesidad de ajustar el gasto público para comprar dichas divisas con ingresos corrientes. Además, podía posponer hasta la eternidad el pago de dicha “deuda” porque su refinanciamiento dependía de una decisión administrativa del Central.
De acuerdo con Prat-Gay, esa “deuda del Tesoro Nacional” que “el gobierno decía que no existía”, la “vamos a honrar” pagándola con “títulos públicos”. Es decir, van a cambiar una deuda intransferible del gobierno nacional con el Banco Central, por una transferible que el BC puede revender a un tercero. Justamente esa operación fue realizada el 22 de diciembre pasado mediante un DNU que canjeó 16.099 millones de dólares en letras intransferibles por una serie de bonos públicos. El Megacanje II, tal como lo definió Alfredo Zaiat en una nota publicada en este diario, implicó una quita de capital del 15 por ciento con extensión de los plazos de vencimiento, a cambio de un incremento de la tasa de interés de aproximadamente 7 puntos porcentuales.
Esos bonos, según indicó Prat-Gay en la mencionada conferencia, “se van a alquilar durante un tiempo a cambio de dólares” de manera tal que “nadie incrementa la deuda, simplemente se están usando como garantía, los activos para obtener ese financiamiento”. Es decir, van a usar los bonos públicos recientemente emitidos en el Megacanje II, como garantía para tomar un crédito externo con un grupo de bancos internacionales.
El único justificativo para decir que ese crédito negociado por el Central con bancos extranjeros no incrementa la deuda, es que contablemente se toman contra una deuda preexistente como garantía. De esa manera, si se eliminaran las deudas intermedias del Gobierno con el Central, y del Banco Central con los bancos extranjeros, quedaría finalmente una deuda del gobierno con los bancos extranjeros por un monto equivalente (en términos financieros), a la deuda original del gobierno con el Banco Central.
Pero esa ilusión contable contrasta con su contenido económico. Mediante esa compleja operación financiera se terminó transformando una deuda entre dos instituciones públicas que se refinanciaba automáticamente sin costo en materia de divisas ni de ajuste en el gasto, en una deuda externa entre el gobierno nacional y un grupo de bancos extranjeros. A diferencia de las Letras Intransferibles originales, el pago de la nueva deuda implicará un costo en dólares y presupuestario para cubrir intereses, y la necesidad de negociar el refinanciamiento del capital con bancos extranjeros.
@AndresAsiain
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