Domingo, 31 de marzo de 2002

Por Claudio Zlotnik

Metrogas se convirtió en la primera privatizada en declarar el default. Lo más probable es que la cesación de pagos de la gasífera más importante de la Argentina sea la primera de una secuencia que se acelerará en las próximas semanas. Durante este trimestre hay vencimientos de Obligaciones Negociables (títulos de deuda privada) por 2000 millones de dólares. Y hasta fin de año se acumulan por un total de 4785 millones. La devaluación, al último cierre asciende al 65 por ciento, y la caída libre de la actividad económica son las causas visibles de ese derrumbe financiero de empresas poderosas. Sin embargo, el default privado escondería una presión política para que el Estado salga en auxilio de esa compañía.
A principios de 2002, no bien se anunció la devaluación, el Estado dispuso la pesificación. Esa medida buscó compensar a las empresas, al reconocerles la paridad uno a uno para su deuda bancaria, que ascendía a unos 22.500 millones. No ocurrió lo mismo con las ON dolarizadas.
Desde entonces, los incumplimientos de pago se fueron sumando: la panificadora Fargo, el grupo Pescarmona y las empresas de televisión por cable Multicanal y Cablevisión. Y ahora Metrogas, a la que le seguirían otras más. Los sectores más vulnerables son los ligados al mercado interno, en especial las empresas de consumo masivo y las de telecomunicaciones. Menos afectadas estarán aquellas que exportan ya que cobran dólares por su producción (petroleras, siderúrgicas). La lupa de los financistas está puesta en los vencimientos inmediatos: el primer test ocurrirá en dos semanas, cuando Transportadora de Gas del Sur deba pagar 150 millones de dólares. Después, Transportadora de Gas del Norte (TGN) que debe pagar 26 millones de dólares, repartidos entre este mes y junio; Telecom (25 millones el mes que viene); la energética Capex (8 millones en mayo y 10,5 en junio); Edenor (37,5 millones en junio).
Fondos de inversión extranjeros son los principales perjudicados por el default privado. Entre los locales, las AFJP que tienen invertidos 295 millones de dólares en bonos corporativos.
En esa crisis las casas matrices se niegan a auxiliar a sus filiales argentinas: prefieren afrontar el eventual costo de reputación implícito en un incumplimiento. En todo caso, las multinacionales envían una fuerte señal al mercado de que la culpa la tiene la Argentina, al repudiar los contratos vigentes.
En la plaza local esas cesaciones de pagos tienen sus consecuencias: se corta el financiamiento a las empresas, incluso el de las líderes. A su vez, éstas siguen postergando sus planes de inversión en mantenimiento y ampliación de infraestructura, por lo que sus clientes sufrirán el desabastecimiento o la pérdida de calidad de los servicios.

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