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Los argumentos fueron los conocidos. Con un claro marco de apoyo gubernamental, flanqueado por el ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi, el secretario de Recursos Humanos, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, Pedro Pablo García Caffi habló sobre la situación del Colón, reiteró la idea del boicot e insistió en la caracterización del conflicto como el resultado de la acción de un pequeño grupo sin representatividad del total de los trabajadores del teatro, a los que describió como “chantajistas” y “piqueteros de escenario”. La novedad fue el anuncio de las acciones legales que ya se comenzaron a implementar. Con el marco jurídico que brinda la declaración de ilegalidad de las suspensiones de funciones en el Colón, en tanto se produjeron durante el período de conciliación obligatoria, el Estado de la Ciudad decidió sumariar a quienes considera responsables, aplicando además suspensiones preventivas con prohibición de entrada al lugar de trabajo. La decisión fue descripta por los delegados gremiales como “una barbaridad que no nos sorprende porque sabemos quiénes son García Caffi y Macri”.
Tanto García Caffi como Lombardi enfatizaron que consideran justo el reclamo de aumento salarial y aseguraron que de hecho se encontraban negociando ese punto cuando los trabajadores resolvieron impedir la función de la ópera Falstaff, de Verdi, el lunes pasado. Ese mismo día, durante la mañana, se había firmado un acta en la que tanto el gobierno porteño como los delegados gremiales se comprometían a no realizar ninguna acción que dificultara la negociación. La explicación del fotógrafo Máximo Parpagnoli, delegado adjunto de ATE Capital –uno de los dos gremios con representación en el Colón– fue que “durante la tarde vino, como representante del gobierno, alguien que no sabía nada sobre el Colón y la situación de sus trabajadores y eso indignó a la gente”. El director del Colón enmarca el hecho “en una serie de acciones que comenzaron hace unos cuarenta y cinco días y que son motorizadas por los mismos que dijeron que el Colón no se abriría el 25 de mayo y que la acústica había sido irremediablemente dañada”.
Desde el frente sindical, por su parte, José Piazza (delegado general de ATE en el Colón) expresó que “ellos (por el jefe de Gobierno y García Caffi) quieren un teatro tercerizado, para unos pocos y para que hagan negocios sus amigos”. El trabajador y gremialista señaló que “no soportan la democracia y no quieren que haya asambleas ni reuniones de los trabajadores. Para ellos (por los funcionarios macristas) estamos como en la dictadura militar, pero para nosotros la asamblea es el mejor mecanismo de la democracia”.
Lombardi, en tanto, dijo que quienes sostienen este conflicto son “los mismos que echaron a Martha Argerich” y, al relacionar el tema con el fallido traslado de trabajadores a otras áreas gubernamentales y la decisión de la Justicia de dejar esos traslados sin efecto, reconoció implícitamente que aquella medida había tenido como fin alejar del Colón a algunos de los gremialistas. “No echamos a nadie, simplemente intentamos cambiarlos de funciones”, aseguró, y ante el señalamiento de que hasta ese momento el gobierno porteño nunca había reconocido abiertamente que los traslados tuvieran fines políticos, recurrió a una explicación matemática. “Son dos conjuntos distintos, lo que no quiere decir que no haya una intersección entre ambos.”
También ayer un numeroso grupo de artistas del Colón dio un concierto callejero de protesta y la función de anoche de la Filarmónica de Buenos Aires debió ser suspendida. Mientras tanto, el otro sindicato con injerencia en el Colón, Sutecba (que agrupa a los empleados municipales), dio a conocer un comunicado donde repudia los métodos de lucha empleados por ATE y asegura que “la función del Colón es tener el telón abierto”. Más allá de la competencia habitual entre ambas agrupaciones, la actitud de los delegados de una y otra no puede desligarse de la manera en que buscan posicionarse frente a la próxima elección, en la que se determinará quién será el representante de los trabajadores en el directorio del Ente Autárquico Teatro Colón. Y la otra pieza es la tensa relación entre la conducción general de ATE y sus delegados del Colón.
El andamiaje legal en el que el GCBA se escuda tiene, en principio, un punto flojo y es la condición de delegados de algunos de los sancionados. Si el traslado de cuatrocientos empleados a otras dependencias fue, aunque más no fuera en parte, una manera de tratar de sacarse de encima a los delegados de ATE y éstos volvieron, por orden del juez, el trago podría resultar aún más amargo si no se los puede sancionar y, para peor, uno de ellos termina sentándose en la silla contigua a García Caffi, como integrante del directorio. Por el otro lado, las autoridades confían en que la separación, aunque sea transitoria, de los que llamaron “profesionales entrenados” les permita encarar las negociaciones salariales con el resto desde una perspectiva menos belicosa. Por ahora, y aunque Lombardi intentó desdramatizar todo lo posible la cuestión, el futuro aparece, en el mejor de los casos, incierto.
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