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Si se tratara de una película, probablemente cientos de miles de argentinos se agolparían en las boleterías de las salas de cine para disfrutar de la propuesta. Al fin y al cabo, pocas veces el cine argentino reunió en un mismo proyecto a Pablo Echarri, Jorge Marrale, Martín Seefeld, Jorge D’Elía y Arturo Bonín. Incluso, dado el conflicto, bien podría tratarse de un buen thriller. Sin embargo, el motivo de la reunión de los actores con Página/12 lejos está de tratarse de la promoción de film alguno. En realidad, los actores se prestan a una nota para dar la cara por algo mucho más importante que el lanzamiento de una película, una obra de teatro o un programa de televisión: cuidar el derecho de imagen de sus colegas. Como integrantes de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (Sagai), el elenco salió a aclarar la situación por la que atraviesa la sociedad que se encarga de administrar los derechos intelectuales que generan las interpretaciones de los actores, ante algunos cuestionamientos de Aisge, su par española.
Con apenas cinco años de su constitución como tal, a partir de la reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual, que tras 75 años de espera reconoció el derecho de autor de los actores, la Sagai se constituyó en 2008 como la única entidad legitimada para recaudar una contraprestación económica por el uso de la imagen de los intérpretes argentinos es en la reproducción pública de sus obras, tanto en el país como en forma internacional. Su creación les permitió a los actores exigirles a las diferentes cámaras que transmiten en pantallas obras nacionales (hotelera, canales de TV abierta y cable, empresas de transporte, salas de cine, bares y restaurantes) una contraprestación económica, que a través de diversos acuerdos, comenzó con una alícuota del 0,2 por ciento de su facturación para terminar alcanzando, progresivamente, el 2 por ciento en 2012. “El decreto 1914/06 no sólo nos autoriza como sociedad administradora, sino que nos reconoce el derecho de autor a los actores y bailarines, algo que no pasa en muchos lugares del mundo”, explica Marrale, secretario de la entidad.
Una vez constituida, la Sagai comenzó a recaudar y distribuir los ingresos de acuerdo con un cronograma de pago que contempla cantidad de repeticiones de la obra y roles que en cada obra tuvo alguno de sus miembros. Hasta la creación de la Sagai, la mayoría de los actores y actrices argentinos eran miembros de la Aisge, la sociedad de gestión española, encargada de recaudar el dinero que generaba la explotación de la imagen de los actores argentinos en ese país. “Se habían acumulado en España 800 mil euros en 13 años, que no podíamos cobrar porque no teníamos una sociedad constituida. Recién con la reglamentación de la Ley Noble y la creación de la Sagai, Aisge nos giró ese dinero”, cuenta Echarri, en su rol de protesorero. Hasta ahí, incluso, cuentan los actores argentinos que la Aisge había acompañado la creación de la Sagai.
“El problema con la Aisge surgió cuando decidimos no usar más su software y empezar a tener nuestra autonomía”, cuenta Seefeld, el tesorero de la entidad. “Cuando comenzamos a administrar y repartir el dinero que recaudamos en Argentina, y nos limitamos a realizarlo de acuerdo con lo que nuestra ley decía, desde la igualdad de derechos, comenzaron los inconvenientes”, reconoce el actor y productor de El árbol. El conflicto, en realidad, comenzó por cómo cada asociación interpreta la ley argentina que reconoció el derecho intelectual de los actores. Más específicamente el artículo 5 del decreto 1914/06, que estipula que “para la distribución de la retribución correspondiente a los intérpretes extranjeros, la citada sociedad deberá suscribir los pertinentes acuerdos de reciprocidad con cualquier entidad homóloga en el extranjero y, con carácter preferencial, con aquellas que operen en países en los que el actor y el bailarín argentino gocen de un nivel mínimo de protección”.
Según la Aisge, la Sagai estaba obligada a pagar a todos los países del mundo lo recaudado por el uso en territorio argentino de la imagen de actores de otras nacionalidades, sin importar que hubiera con ellos relaciones de reciprocidad. “O sea: pretendían que la Sagai sea solidaria con el mundo entero, mientras los actores argentinos estaban desprotegidos en todo el mundo”, subraya Sebastián Bloj, director general de la Sagai, sentando la posición argentina, basada en la igualdad de derechos.
Este diferendo en la manera de entender la ley argentina derivó en que, desde 2009, la Aisge suspendiera el giro de dinero por derechos de autor que los actores argentinos generaron en España, uno de los pocos países –junto a Brasil y México– con los que Argentina tiene convenio de reciprocidad. “Ante esta situación, y como garantía de nuestros derechos e independencia, nosotros tomamos la decisión de retener el dinero que les corresponde a los actores españoles hasta tanto no llegásemos a un acuerdo”, cuenta Echarri. “Además, la Aisge rompió de manera unilateral el convenio de reciprocidad, lo cual es ilegal”, agrega D’Elía. Sin solución posible, el conflicto llegó a los estrados españoles, a partir de una denuncia que la Sagai le hizo a la Aisge por haber violado el convenio de reciprocidad firmado. El juicio ya está en condiciones de obtener sentencia en primera instancia en España.
Este diferendo llevó, por otra parte, a que la Sagai sea expulsada de la Scarp, un consejo que reúne a diversas sociedades de gestión de derechos de autor de todo el mundo. Los actores argentinos creen que detrás de esa decisión se encuentra la Aisge, que forma parte de la comisión directiva de la Scarp. Incluso, la Sagai denunció que, un par de semanas atrás, la Aisge realizó una reunión en la Confitería La Ideal con actores argentinos, “invitándolos a asociarse a su entidad y así cobrar el dinero recaudado por la utilización de su imagen”. Según su director general, Sagai cuenta con auditorías internas y externas de fiscalización, con balances publicados anualmente y que cuentan con la certificación ISO 9001 desde hace un año y medio.
“Intuimos que lo que se disputa, detrás de este conflicto, en realidad es una cuestión de poder”, dispara Echarri. “Se trata de construir la idea de que es un conflicto entre la Sagai y el resto del mundo, cuando no es así. Sólo 17 países reconocen el derecho de autor y, salvo dos países, ninguno manifestó interés en rubricar acuerdos. Sagai es una entidad que se ha constituido con fortaleza con respecto a la garantía de derechos. Creemos que la Aisge quería conservar cierto statu quo en el manejo del dinero para mantener la acumulación de poder que alcanzó durante muchos años. Y nosotros queremos defender el derecho de los actores argentinos.”
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