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La ley debe ser comprendida como punto de partida hacia la democratización del sistema de comunicación y cultura. No es la etapa final de un proceso, es el comienzo de un camino. El recorrido que apenas se inicia implicará cambios en la estructura y composición del sistema de medios, como así también en los niveles de concentración de la propiedad de estas empresas. Estipula condiciones que podrán modificar la oferta cultural audiovisual, los tipos de discursos y los contenidos, como apertura hacia la diversidad.
La transición será un proceso complejo y largo. El nuevo marco legal establece condiciones que obligarán a incrementar la producción propia. Es un elemento central, sobre todo si se parte de situaciones como las que demuestra el 7º Informe de Contenidos de TV Abierta, que “ponen de manifiesto el centralismo del sistema y la alta penetración de los contenidos emitidos por los canales de cabecera propiedad del Grupo Clarín y Telefónica”. Los nuevos mínimos de producción local y propia habilitan a esperar más contenidos locales, regionales y federales. Y, tal vez, nuevos modos de contarnos cómo somos y qué nos pasa. E impactará en la forma en la que se configura el universo de nuestras representaciones y la construcción de nuestra identidad.
Los contenidos que podrían generarse se completan con la exhibición de varios films de producción nacional de los muchos que se realizan en nuestro país con dinero del Incaa, estableciendo nuevas ventanas de distribución y garantizando mejores condiciones de acceso de los ciudadanos para un cine que producimos, pero que no miramos masivamente. También se crean las condiciones para que los canales y productoras (definidas en sentido amplio, con y sin fines de lucro) realicen telefilms y productos de ficción relevantes para el desarrollo de la cultura local, la construcción de la identidad y la generación de empleos.
Si bien la diversidad de la oferta no está garantizada por la ley, pensar en un sistema audiovisual con mayor variedad no es una utopía, sino un desafío a resolver. Los niveles exigidos demandarán mucha inversión en la producción, sin que quede claro aún qué tipo de contenidos podrán generarse, cuáles serán los estándares de calidad y, sobre todo, cuáles las fuentes de financiamiento. Responder esta pregunta es urgente. Pensar mecanismos de promoción es necesario. Y estar atentos a los cambios será clave para identificar si cambia, como esperamos, la oferta cultural, para ver esa ley en nuestra pantalla.
* Coordinador académico Maestría en Industrias Culturales (UNQ), asesor del Programa Legislaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
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