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El cine argentino viene arrastrando asignaturas pendientes desde los años noventa, que le impiden cumplir con todo su cometido. La flamante presidenta del Incaa, Liliana Mazure, viene del cine, y junto a su capacidad profesional trae la decisión de enfrentar los problemas no resueltos. No son pocos ni son fáciles: el de los circuitos de exhibición que no cumplen lealmente con las cuotas de pantalla del cine nacional que le permitan al espectador el poder elegir ver películas argentinas; la actualización de las medias de continuidad en las salas; la proyección de largometrajes y documentales nacionales en primera visión por televisión, que se encuentra ya prevista en la actual Ley de Cine y que deberá ser reglamentada con mayor detalle en la futura Ley de Radiodifusión. Resulta auspicioso el que se haya comenzado a publicar información sobre quiénes son los productores beneficiados con el apoyo del Incaa y el monto del dinero recibido, así como las recientes declaraciones de Liliana que reafirman su proyecto de manejar el presupuesto de acuerdo con lo que marca la Ley de Cine, corregir los errores cometidos, actualizar el monto de créditos y los planes de fomento.

Entre los temas no resueltos, hay dos que deseo destacar porque hacen al manejo democrático del Incaa y al patrimonio cinematográfico. Por un lado, el estratégico Consejo Asesor, donde deben estar representados todos los sectores de la industria y la creación y que nunca funcionó con regularidad. Su rol es el de consensuar las políticas cinematográficas del Incaa, designar a los integrantes de los comités de selección de proyectos y ejercer el control administrativo frente al manejo discrecional o corrupto. Estos fueron los objetivos que tuvimos en claro cuando debatíamos en el año 1994 la reforma de la Ley de Cine en la Cámara de Diputados y quizá fueron las razones por las que casi nunca el Consejo Asesor pudo constituirse. Eran los tiempos de Julio Mahárbiz que, ni lento ni perezoso, encontró la manera de impedir que el Consejo Asesor funcionara y que avalaron todos los que lo sucedieron en el Incaa. En su artículo Nº 3, la Ley de Cine dice que se integrará con “representantes de los sectores del quehacer...” pero como en algunos ramas hay entidades “de goma” –tal el caso de los directores y los productores–, éstas son funcionales al poder de turno para impedir que se constituya el Consejo, por ello resulta ser urgente la reglamentación de la ley que evite ese tipo de maniobras. Por un lado está la inmensa mayoría de los directores agrupados en D.A.C. y PCI y casi todos los productores en la “Federación de Productores”; mientras que, por otro, las pequeñas y nuevas entidades no alcanzan al diez por ciento de sus respectivos sectores. En lugar de reglamentar el artículo 3 fijando normas de representatividad y tendiendo a la unidad de cada sector, a Mahárbiz y sus sucesores les convenía no constituir el órgano de fiscalización de su gestión. Ahora Mazure está decidida a que el Incaa funcione de manera transparente y se constituya el Consejo, pero sería un error que lo convocara sin los directores y productores. ¿Qué eficacia y representatividad podría tener sin ellos? ¿Habría que renunciar a este organismo ante nuevas y eventuales divisiones de las entidades? Liliana puede contar con el apoyo mayoritario del cine para enfrentar presiones y reglamentar finalmente el funcionamiento del Consejo.

La otra falta y deuda pendiente es la constitución de la Cinemateca Nacional y Archivo de la Imagen (Cinain). Votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, fue vetada por Menem. Pero un mes más tarde volví a conversar con los legisladores y conseguí que la ley se ratificara –y otra vez por unanimidad–, y desde entonces, ningún gobierno ni el Incaa quisieron reglamentarla. Han pasado once años y mientras miles de negativos se siguen pudriendo en depósitos no aptos o en las casas de los productores, hemos hablado en vano con los responsables del Incaa y de la Secretaría de Cultura. Hace un año y medio lo hicimos con José Nun, solicitándole la inclusión de las salas de la Cinemateca en el proyecto del centro cultural que se construye en el Correo para celebrar el bicentenario nacional. De ninguno obtuvimos respuesta. ¿Desaprensión, ignorancia o mezquindad política? Todos los países latinoamericanos cuentan con cinematecas e instalaciones para dejar en buen resguardo los negativos y salas para difundir el mejor cine nacional y universal. No hace mucho Bolivia inauguró la propia con cinco modernas salas. Sería un merecido homenaje al cine nacional que la flamante presidenta del Incaa reglamentara la ley de la Cinemateca y la incluya en el presupuesto del 2009. No es una cuestión política ni económica. Es, simplemente, amor al cine.

* Cineasta.

Opinión

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