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Entre 2013 y 2014 murieron siete mujeres al día por violencia machista. Por eso, en julio pasado, se decretó, en once municipios, alerta de género. La alarma llegó a partir del 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado es responsable por los feminicidios de Ciudad Juárez. “Los asesinatos femeninos derivan de un patrón cultural y menos de los cambios de la violencia social por el crimen organizado”, remarca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La diferencia de género marca que las mujeres mueren, en su mayoría, adentro de sus casas y los varones en la calle. Y además que a ellas las asesinan con mecanismos más dolorosos y prolongados.
“Somos sobrevivientes de la esclavitud doméstica”, denunció María Roa Borja en la Universidad de Harvard, hace siete meses, sobre su experiencia como trabajadora del hogar. Ella junto a otras 150 activistas reivindican a las –por lo menos- 750.000 mujeres que cuidan a los niños y niñas y limpian las casas y que cobran menos de 200 dólares por mes, con horarios de más de diez horas de jornada laboral, trato discriminatorio e informalidad laboral. “Comer cuando todos ya han comido, hacerlo a veces de pie, rápido, esperar para ir a dormir hasta que a los jefes se les antoje el último vaso de agua”, describe María alguna de las condiciones de esclavitud laboral a la que fue sometida y contra las que pelea.
“Hablar de violencia doméstica es una falta de responsabilidad. Cuando nosotros estamos diciendo que hay un problema enorme de adolescentes que sufren violencia machista por parte de sus parejas eso no es violencia doméstica. Si decimos que queremos ampliar el concepto de violencia de género al acoso sexual eso no es violencia”, sostuvo Clara Serra, diputada de la Asamblea de Madrid y responsable del área de Mujer e Igualdad de Podemos al diario El país. Ella envío una carta para proponer un pacto político contra la violencia machista que incluye blindar el presupuesto, ofrecer garantía habitacional para las victimas y cumplir con los convenios internacionales. Podemos calcula que se requiere una inversión de 66 millones de euros y que eso implica un aumento de 40 millones por sobre los cálculos del Partido Popular para el 2016.
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