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Una joven estudiante de arquitectura, de 21 años, denunció que fue violada por cinco chicos ricos, jugadores de rugby y vecinos de Barrio Norte. Ella contó que después de un boliche decidió irse con un chico a su casa. Pero, en el departamento, abrieron la puerta y la violaron colectivamente. Los chicos ricos pagaron una defensa mediática, de Rafael Cuneo Libarona, que presentó como prueba videos sexuales de la víctima, como si ser lastimadas fuera un precio que las mujeres deben pagar por aceptar una invitación o una cita.
El diario Clarín relató la noticia del desistimiento de la denuncia como una victoria de los denunciados. Pero la revictimización de la Justicia merecería convertirla en un caso testigo para una modificación penal. El abogado de la joven, Fernando Soto, explicó: “Se encontró mirando sus videos delante del juez, un asistente social, abogados, la mayoría hombres, y se vio superada por esa situación. Estaba avergonzada y se sintió humillada, por eso optó por no continuar. No quería sufrir más estigmatización”.
O sea, Cuneo Libarona, los denunciados y el Juzgado de Instrucción porteño N° 29, a cargo del juez subrogante Marcelo Conlazo Zavalía, revictimizaron a la victima e impidieron el proceso. Pero este caso no es un caso más, sino la muestra de por qué debe reformarse la investigación sobre violencia sexual. Todavía se considera un delito de acción privada (solo se investiga si la víctima denuncia y si, como en este caso, desiste de la denuncia, el Estado no puede investigar) porque la violación era considerada deshonrosa para la víctima. Y de esta forma, la violación puede encubrirse por amenazas, extorsión, presiones o humillaciones, igual que como pasaba con la figura del avenimiento. Por eso, debe considerarse un delito de acción pública que se tenga que investigar sin que dependa de la víctima.
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