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La de “los porteños Jonás” es una experiencia de larga data. Los tres –Ricardo Hugo, el padre, y Pablo Gonzalo e Iván Ricardo, los hijos– son viejos conocidos en las zonas donde operan sus negocios, aun cuando lo hagan en territorios tan diferentes como algunos pueblos de Córdoba, Catamarca, La Rioja o en el conurbano bonaerense. De ellos se sabe que hasta hace quince días gozaban de una impunidad por lo menos policial, aunque la Justicia intenta establecer cuán grande es el paraguas y hasta qué punto no sería sostenido por un brazo político. Las fiscalías que los investigan creen que son la pata fundamental de una red de prostitución con base fuerte en las ciudades de Asunción y Encarnación, en Paraguay, donde se “reclutan” mujeres jóvenes, algunas menores de hasta 12 años, para utilizarlas en la Argentina y, en casos puntuales, “mejorarlas” y más adelante reenviarlas a prostíbulos de España.
Desde hace meses, el embajador de Paraguay en la Argentina, Orlando Fiorotto Sánchez, en sintonía con la ministra de Repatriados de ese país, Nicacia Maldonado de Solaeche, intenta devolver a sus lugares de residencia a unas 50 paraguayas que fueron trasladadas bajo engaño y por diferentes vías –aunque siempre con algún tipo de anuencia de los controles en los pasos fronterizos– de sus ciudades a territorio argentino. Sin embargo, las gestiones del diplomático se remontan a casos bastante anteriores al de las tres mujeres que en febrero último escaparon del prostíbulo Sabor, en José C. Paz, o al de la treintena que servía en Besitos, sobre la ruta 197, de Los Polvorines, uno de los locales manejados por los Jonás, si así podría llamársele a un sitio en el que, a decir de los que encabezaron el allanamiento, sólo faltaba que las ratas les bailaran en la cabeza.
En la agencia de empleos que hasta hace unos días funcionó sobre la avenida Eusebio Ayala, de Asunción del Paraguay, la imagen que se proyectaba era muy diferente: a diario, cientos de mujeres dejaban allí sus referencias bajo promesa de un puesto de camarera o empleada doméstica en la Argentina, que les permitiera levantar cabeza. A cada una de ellas las recibía una mujer llamada Patricia Fernández, que se encargaba de registrarlas, contratarlas e indicarles cómo y con quién viajarían desde Paraguay hasta la Argentina, donde finalmente serían recibidas por sus flamantes empleadores. La mujer fue detenida la semana última y se averigua la coincidencia de su nombre con el de una de las encargadas de la “sucursal” de Besitos en la entrada a la localidad cordobesa de Quilino, sobre la ruta 60.
Fue en este lugar donde el 4 de junio, a partir de una denuncia realizada por el diario La Voz del Interior ante la fiscal Eve Flores, que investiga una red de policías y mujeres que explotan a paraguayas menores y mayores de edad en prostíbulos de la ciudad de Córdoba, se detuvo a cinco mujeres de esa nacionalidad y a un empleado que atendía la cantina del local en el que también se advirtió la presencia de tres policías entre la clientela. “Podemos decir que se ha producido el desbaratamiento de una gavilla de delincuentes, de una misma red que operaba entre Asunción y la Argentina”, declaró a ese diario Fiorotto Sánchez.
Además del cabaret de Quilino, los Jonás habrían armado una red interprovincial de prostíbulos, todos del mismo nombre, en las ciudades de Tinogasta y Belén, en Catamarca; en Aimogasta, de La Rioja, y por lo menos uno en Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas. En cualquiera de los sitios pudo contabilizarse que siete de cada diez mujeres eran paraguayas, al menos tres de esas siete eran menores de entre 15 y 17 años con sus documentos fraguados en la foto, el nombre y la fecha de nacimiento, para hacerlas aparecer como mayores de edad y así poder obtener la libreta sanitaria que les permitiera ejercer la profesión sin problemas.
Precisamente, durante el allanamiento que ordenó la fiscalía número 5 de San Martín al local de Los Polvorines se descubrió que entre las 32 mujeres en situación de prostitución había cinco menores de 15, 16 y 17 años, una de ellas embarazada, todas con certificados provisorios de identidad por extravío de documento, expedidos siempre por el mismo oficial de la comisaría segunda de Los Polvorines, que ya fue separado de su cargo. “Llegábamos a Buenos Aires y uno de los hermanos Jonás nos pedía nuestras identificaciones, decían que era para sacarles fotocopias, pero se las quedaban y nos acompañaban a la comisaría para que denunciáramos la pérdida del documento. Entonces nos hacían sacar un certificado provisorio pero con otra fecha de nacimiento, así aparecíamos como mayores de edad. Después, con ese certificado sacábamos las libretas sanitarias en la municipalidad de Malvinas Argentinas”, declaró una de las chicas.
No es la primera vez que Malvinas Argentinas aparece vinculada con hechos de corrupción que se barajan directamente desde algunas ventanillas del municipio, por lo que ahora se intenta comprobar si desde allí se efectuó la extensión sistemática de libretas sanitarias a menores de edad para ejercer la prostitución, amparada en documentos de identidad truchos emitidos por la policía. Por caso, en el ambiente prostibulario de la zona se sabe que los Jonás son los únicos proxenetas que trabajan con niñas y adolescentes.
Y si bien la investigación del cabaret que funcionaba en Los Polvorines apenas está tomando forma, se espera que aquí Migraciones pueda establecer, como lo hizo con los papeles de las mujeres encerradas en los saunas de los Jonás en Córdoba, que los permisos de permanencia por tres meses exhibidos para ingresar a la Argentina en condición de turistas presenten sellos falsos.
Por estos días, en la embajada realizan cálculos que, si bien extraoficiales, señalan la presencia de cerca de mil jóvenes paraguayas sometidas a la explotación sexual en la Argentina y alojadas por sus “receptores” en viviendas colectivas ubicadas en las afueras de las ciudades de desembarco, y con el regenteo de parejas “cuidadoras”, encargadas de mantenerlas reunidas y vigiladas. En todo caso, se trata de un mecanismo “de manual, que comienza con una oferta mentirosa. Luego un individuo se encarga de transportar a las mujeres, otro actúa como receptor en la ciudad de destino y por último caen en manos del que las explota”, refiere Eugenio Freixas, titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima, dependiente de la Procuración General de la Nación, a un esquema que la Justicia interpretó como “promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años y mayores”, en la causa de los Jonás y que según la legislación actual “sólo se condenan parcialidades por no ser considerado delito federal”, lamenta el funcionario, impulsor de un proyecto de ley que tipifica el delito de trata y que incluye un programa nacional de acción.
La causa que concluyó en el allanamiento y las detenciones de Pablo Jonás, de Daniel Grova y Porfilia Martínez Agüero, dos “custodios” que vivían con las mujeres cautivas en una casa de la localidad de Villa de Mayo, y en el pedido de captura internacional de Iván Jonás y Estela Maris Franco, pareja de Pablo Jonás, se inició en agosto del año pasado, cuando policías de Los Polvorines encontraron a una mujer tirada en la calle, semidesnuda y en estado de shock.
En el Hospital Ramón Carrillo, adonde fue trasladada, Fernanda, de 31 años, relató que “hace unos tres años que vivo en la Argentina y cada tanto vuelvo a Paraguay. Ahí me enteré de que mi prima Andrea, de 14 años, había viajado a la Argentina con otras dos amigas de su edad. Creo que las había ido a buscar un hombre para trabajar como niñeras, pero su madre sospechaba que no era así. Cuando volví, me enteré por la pareja de mi hermana que mi prima estaba en el night club Besitos, en Los Polvorines, haciendo desnudos. Yo ya había trabajado ahí, así que fui con la excusa de que quería volver a trabajar. Encontré a Andrea y me dijo que si nos veían hablando me iban a matar. Nos descubrieron Iván y Pablo Jonás; me llevaron de los pelos hasta el fondo del local, Pablo ordenó que me sacaran la ropa y me ataran, entonces empezó a interrogarme y amenazaron con matarme. En un momento me desataron y me dejaron sola, entonces aproveché para escaparme por la ruta 197 y logré subirme a un automóvil particular en el que iban tres personas que se asustaron mucho y me dejaron frente a una casa, donde llamaron a una ambulancia que me trasladó al hospital Ramón Carrillo. Mientras estuve en el local me enteré de que allí prostituían a otras menores de edad y que las iban a llevar a Córdoba y a Catamarca, donde vive el padre de Pablo, que le dicen ‘El Gordo’”, y que está detenido en esa provincia desde hace un par de meses por cargos similares a los que enfrentan sus hijos.
A casi un año de estos acontecimientos, se desconocen los paraderos de Fernanda y de su prima Andrea: ninguna de las mujeres que declararon en la causa y que pasaron por Besitos supieron de su existencia, si bien Fernanda ya había trabajado en ese local durante los primeros meses de 2004 y había pasado por Imagina, otro sauna famoso en San Miguel, propiedad de Vicente Serio. También se investiga cómo se esfumó una mujer de unos cuarenta años que Fernanda dijo conocer porque les vendía ropa a las chicas de los prostíbulos de la zona y a quien vio una vez con tres menores de entre 13 y 16 años traídas de Paraguay engañadas para trabajar como mucamas o niñeras. Interpol rastrea a una banda de reclutadores que trabajan para los Jonás en Encarnación y en pueblos pequeños, y la Justicia de San Martín investiga si existieron pagos semanales de coimas para que policías de Malvinas Argentinas cumplieran con su parte: proteger el negocio, ignorar la explotación de menores y, si alguna rebelde lograba huir, dar aviso a “sus dueños”, para evitar complicaciones.
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