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Qué tiene en común María José Lubertino con una persona de la religión umbanda? Que a ambas les importa que se cumplan las normas, leyes y tratados que buscan abolir la discriminación; por eso estaban a la misma hora y en el mismo lugar el día que la abogada y ex diputada radical asumía como directora del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Lubertino, acostumbrada a polemizar con representantes de la iglesia católica por su postura ante la despenalización del aborto y los derechos reproductivos, agradeció la fe que otros le profesan a su nueva gestión.

La oportunidad no es poca cosa: el instituto fue creado hace 11 años, cuenta con infraestructura propia, el juez Raúl Zaffaroni ocupó su sillón de director. Pero, por otra parte, fue señalado muchas veces como inoperante y criticado por abandónico, a pesar de que su misión está llena de buenas intenciones: velar por el cumplimiento de las leyes antidiscriminación, realizar campañas educativas, monitorear las novedades legislativas internacionales, atender reclamos, asesorar a las víctimas y procurar que el daño sea reparado, denunciar socialmente cada episodio.

Como flamante directora, Lubertino marca su paso con medidas aparentemente tan atrevidas como su corte de pelo. Su tarea es secundada por Pedro Mouratian, de la comunidad armenia, y un equipo de funcionarios de distintas áreas. También se suma al Inadi un Consejo Asesor Honorífico encabezado por el rabino Daniel Goldman e integrado por representantes de distintos sectores, como Natividad Obeso en nombre de los inmigrantes, Cristina Zurutuza por las cuestiones de género, María Rachid por las diversidades sexuales, Elida Obella por los descendientes de africanos, entre otros. “Queremos poner a mujeres en este Consejo Asesor pensando en establecer una cláusula de paridad al interior del propio Inadi. Queremos que el Estado dé el ejemplo”, sostiene Lubertino.

¿Cree que el Instituto suele aprovechar las atribuciones que tiene?

—El Inadi tiene una amplitud de posibilidades para actuar tan diversa como la cantidad de discriminaciones que existen. Las diferentes gestiones tuvieron más un rol de recibir denuncias y emitir dictámenes, que de cambio cultural. Queremos pasar a una etapa pro activa.

Es una oportunidad para defender una de las principales discriminaciones, la violencia de género. ¿Qué lugar ocupará en la agenda?

—Situaciones de discriminación hay en todas partes, y no se pueden abordar todas a la vez. Vamos a atender, primero, las que estén socialmente más extendidas, que sería como tratar de resolver una situación que llega a más gente. Por eso, va a ser prioridad lo que tenga que ver con la discriminación de género porque somos más de la mitad de la población. También vamos a darle prioridad a la discriminación por razones socioeconómicas y laborales, y a la violencia institucional contra los jóvenes, presente en el tráfico de mujeres. Son temas complicados, emblemáticos, pero estamos seguras de que nuestra decisión de actuar, más allá de su terrible complejidad, va a permitir articular áreas donde sí hay compromiso, y poder develar o tocar lugares donde haya situaciones engorrosas. Sobre todo, queremos encabezar una gestión federal. En Buenos Aires estamos sesgados en la visión de los dirigentes conocidos. Pero cuando una va a otras provincias, a los barrios, a los pueblos, ve un movimiento de acción comunitaria que mezcla interesantemente cosas que vienen de experiencias diferentes y están produciendo transformaciones. Hay provincias donde la energía fluye y está empujando a una nueva dirigencia. En otras, no se ve claramente por dónde pueden amanecer los cambios.

Al pensar en la federalización del Inadi, ¿lo urgente es anclar, justamente, en lugares donde no hay líderes sociales?

—Sí, pero es donde más nos cuesta contactar delegados. En todos los lugares que podamos, vamos a estar impulsando a delegadas mujeres, para multiplicar la oportunidad que me está siendo dada a mí. Como Alejandra Domínguez en Córdoba, Mabel Busaniche en Santa Fe, Cristina Ponce en Entre Ríos, en Mendoza Karina Ferraris. También están las históricas: Graciela Fransen en Misiones y Graciela Cárdenas en Tucumán que, incluso, han trabajado ad honorem.

¿Qué harán para que las argentinas puedan llevar sus casos al Comité Cedaw?

—Yo soy parte de la campaña para que se apruebe el protocolo de la Cedaw, el Inadi ya había adherido en la gestión anterior y el Ejecutivo, se sabe, mandó un proyecto de ley para pedir la ratificación. Nosotros y nosotras vamos a pedir una reunión en la comisión de derechos humanos del Senado, y vamos a plantear la ratificación del protocolo como una cuestión prioritaria. Obviamente que va de suyo en nuestro caso, pero lo previsible no quita lo valiente. ¿Qué panorama veo? Cambios se han producido. Fui diputada en el 2003, los grupos a favor del protocolo éramos una minoría. Pero los que impulsábamos temas como la intervención a Santiago del Estero y la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida también éramos pocos y los llevábamos en soledad. En la medida en que éste sea el único tratado que no tiene ratificado el protocolo facultativo que les da instrumentos de defensa ante el Comité, se está privando a las mujeres de la igualdad ante la ley.

Muchas ONG señalan que la gente no denuncia ante el Inadi, no lo considera operante. Le tocará a usted recuperar el crédito...

—Te digo que el aumento de las denuncias desde el día que asumí hasta ahora es impresionante. Así como el día de mi asunción aparecieron los umbanda, que se sienten discriminados como credo, aparecen todas las diversidades. Incluso, cuando llamamos a Elida Obella para proponerle que se incorporara a un consejo asesor, lloraba. Porque dice que tiene 30 años de militancia y nunca nadie desde el Estado la llamó para ser parte de alguna institución o escuchar su punto de vista.

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