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Decidir. El derecho es a decidir. Ser madre o no serlo. Decidir tener relaciones sexuales con anticonceptivos, decidir ligarse las trompas para no tener más hijos, decidir abortar para no tener un hijo que no se desea y decidir ser mamá. Todos ésos son derechos de las mujeres. Derechos que se condensan en una palabra: decidir. Nunca, que decidan por una. Pero eso, precisamente eso, fue lo que sucedió en San Pablo, Brasil. Y no con una, sino con 2500 mujeres, jóvenes, pobres y afro. Ninguna coincidencia.
El 27 de noviembre del 2006 el diario Folha de S. Paulo denunció que la Secretaría Municipal de Porto Alegre junto a la ONG Instituto Mujer Consciente, de manera masificada –sin individualizar el tratamiento– estaba realizando implantes de un nuevo anticonceptivo hormonal subdérmico (van pegados a la piel), que tiene una duración aproximada de tres años, en 2500 adolescentes, de 15 a 18 años, de escasos recursos, en su mayoría afrodescendientes, de diez barrios de la periferia de la ciudad y de jóvenes residentes en institutos del Estado.
La coordinadora de Area Técnica de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud de Brasil, Maria José de Oliveira Araujo, ratificó ante Las12 su rechazo a esa medida inconsulta y prohibida por la Constitución brasileña de 1988: “Esta iniciativa no está en sintonía con los principios de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hombres y adolescentes. Uno de los requisitos fundamentales para la efectivización de esos derechos es la elección libre e informada de las posibilidades de sexo seguro. Cabe resaltar que no se debe promover la masificación de determinado método anticonceptivo en la población adolescente de mayor vulnerabilidad social, pues esa elección debe ser personalizada, teniendo en cuenta las condiciones individuales, de vida y de salud de las personas”.
Justamente la diferencia entre control poblacional y derechos reproductivos es que las mujeres no son –ni deben ser– interpretadas como muñecas de una política de Estado sino como dueñas de su propio cuerpo. No importa si se quiere tener más o menos población o se piensa que es mejor o peor para las mujeres ser madres o no serlo, o que las pobres tengan más o menos hijos pobres. Importa qué quieren y desean ellas.
Hasta ahora, en cambio, permanentemente se viola este derecho humano a través de restricciones para el reparto de anticonceptivos –específicamente DIU–, como sucedió en el 2006 en la provincia de San Juan, o, por el contrario, a través de la anticoncepción forzada (hay antecedentes de ligaduras de trompa masivas en Perú) para que las mujeres pobres no tengan más hijos. Incluso, muchas veces, los sectores conservadores acusan a las campañas de derechos reproductivos de responder a una ideología antimaternal o de intentar solucionar la pobreza a través de la planificación familiar. Ni anti, ni pro. El verdadero derecho de las mujeres es tener derecho al deseo. Y, por supuesto, a un deseo lo más libre y autónomo posible para proyectar la vida.
Pero esta campaña tampoco fue un exceso de interés para que las mujeres pobres no tengan como único recurso posible de realización personal la maternidad. Lejos de eso, una de las características que llamó la atención –y generó mayor desconfianza– de la emparchada hormonal de Porto Alegre es, justamente, el método utilizado. El sistema subcutáneo todavía no es muy difundido y está cuestionado por especialistas médicos por sus posibles efectos colaterales, como el excesivo sangrado, por ejemplo.
No parece un dato casual. Desde el Ministerio de Salud de Brasil alertaron claramente: “Existe la posibilidad de que esta acción venga a constituir un vehículo de propaganda de un determinado método anticonceptivo integrando una amplia estrategia para ampliación del mercado del consumo del mismo”. Todavía más lejos llegó la Red Nacional Feminista de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Brasil: “El sitio de Internet de Mujeres Conscientes no deja lugar a dudas. Sus banners (publicidades) anuncian que es financiada por laboratorios y grandes empresas como Organon, Gerdau y la Escuela Superior de Propaganda y Marketing del Consejo Regional de Enfermedades”, acusaron a la campaña de responder a intereses comerciales de experimentación y difusión de este nuevo anticonceptivo.
Pero otra de las advertencias que deja esta política ejecutada en San Pablo es la falta de atención a la prevención de VIH en las adolescentes y que con un método anticonceptivo solo no alcanza para resguardar la salud de las jóvenes. Todavía falta mucho para que las chicas puedan tener, usar y naturalizar la exigencia ante su compañero sexual, del uso de preservativo. Oliveira Araujo remarca: “Ante el fenómeno de la feminización, juvenización y pauperización de la epidemia de sida, el planeamiento reproductivo debe ser trabajado juntamente con la prevención de VIH. Los profesionales de salud deben incentivar la doble protección de preservativo masculino con otro método anticonceptivo”.
La Red Nacional Feminista criticó: “La organización Instituto Mujer Consciente fue en contra de las recomendaciones de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres y a los que está adherido Brasil, cuya base es la autonomía reproductiva de las mujeres desde su juventud. Por el contrario, esta iniciativa es claramente discriminatoria puesto que aplica masivamente un tipo específico de anticonceptivo teniendo en cuenta como criterio único la condición socio-económica de las adolescentes que coincide con un perfil racial/étnico de afrodescendientes en un marcado preconcepto sobre las jóvenes pobres y el desprecio por su condición y los riesgos evidentes de los implantes hormonales”.
Por supuesto, como esta campaña puede ser utilizada por los sectores conservadores para frenar avances en derechos sexuales, la Red enfatiza: “Las entidades feministas tienen una nítida posición favorable al uso de métodos anticonceptivos por ser un derecho reproductivo conquistado por las mujeres a lo largo de las últimas décadas. Y la falta de acceso a la oferta de prevención, anticoncepción de emergencia y métodos de prevención de VIH es una violación a los derechos humanos, pero lo que no se admite es que un tipo específico de anticonceptivo sea utilizado teniendo como único criterio la condición socio-económica de las usuarias”.
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