Página/12 :: las12 :: Maneras de definir derechos difusos

Cynthia Hotton (PRO) es vicepresidenta 2ª de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados (además de participar como vocal en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y Turismo). Diplomática de carrera, especialista en comercio exterior y relaciones económicas bilaterales, explica en un espacio que sostiene en Internet que entre sus objetivos está el de “llevar los valores cristianos al Congreso”. A la vez, lidera Encuentro Permanente de Mujeres (http://encuentropermanentedemujeres.blogspot.com), una agrupación desde la que organiza actividades (charlas, talleres) y señala afinidades con mujeres que, en algunos casos, se caracterizan por perfiles disímiles, como Diana Maffía, Elisa Carrió, Gabriela Michetti, la legisladora porteña Marta Varela (Recrear-PRO), las diputadas María Alarcón (Pampa Sur), Nora Ginzburg (PRO/ Frente por los derechos ciudadanos), Patricia Bullrich (CC) y Paula Bertol (PRO).

A diferencia de lo que sucede en el Senado con la Banca de la Mujer, en Diputados no existe un alineamiento extrapartidario específico para asuntos de género, pero Hotton cree que en su funcionamiento habitual sí existe una instancia análoga. “No se institucionalizó el tema mediante la Banca de la Mujer, pero sí en una sesión especial convocada al efecto se presentó y aprobó la agenda legislativa para el año en cuanto a temas de género, y eso fue a instancias de la comisión de la que soy vicepresidenta. En esa sesión nos comprometimos a incorporar en el debate parlamentario, entre otros temas, la elaboración de un plan de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, el diseño del mecanismo que garantice el acceso de las mujeres a órganos y puestos de jerarquía en el sector público. Leyes antidiscriminatorias y legislación laboral.”

Ella, por su parte, presentó a fines de junio un proyecto para extender las licencias por maternidad en los casos de adopción (para llevarla de 2 a 45 días, siempre posteriores al otorgamiento de guarda de la niña o el niño) y, a la vez, proteger a la mujer que adopta ante un posible despido por causa de esa maternidad. “Esa reforma se definió frente a la necesidad de suplir ciertos aspectos para la protección de la mujer –explica–, como lo son la garantía a la estabilidad en el empleo. También plantea previsiones con asignaciones familiares por hijo, maternidad, matrimonio, etc... De esa forma, se aspira a la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer.”

También, un poco antes (en mayo), Hotton propuso modificaciones vinculadas con la maternidad, pero referidas puntualmente a la salud mental de las embarazadas, mediante un texto que busca asegurar su atención psicológica por parte de las instituciones de salud públicas y privadas (que deberían garantizarla como parte del Plan Médico Obligatorio). Es, sostiene, una manera de “fortalecer y promover su asistencia, para que pueda estar informada de sus derechos, teniendo en cuenta su salud física, psíquica y social”, de manera que la atención permita “la detección de patologías, jerarquizando la maternidad para que reciba a sus hijos con seguridad, contención, recursos sanitarios y sociales”.de menores empleadas con jornadas extenuantes.”

En Arabia Saudita, Human Rights Watch denunció situaciones gravísimas en Como si no fuera un ser humano: abusos contra trabajadoras domésticas asiáticas, un informe que elaboró a lo largo de dos años de investigación y tras 142 entrevistas con empleadas. Allí, el servicio doméstico tiene una fuerte vinculación con corrientes migratorias: de los más de 8 millones de inmigrantes (un tercio de la población total), un millón y medio son mujeres provenientes de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal que se insertan en el nuevo país como trabajadoras del hogar. Las quejas más habituales fueron el exceso de trabajo y salarios no pagados, algo que resulta indirectamente amparado por la falta de cobertura legal (la ley de trabajo saudí excluye a las trabajadoras domésticas). Muchas de ellas, además, son maltratadas física y psicológicamente, y en caso de reclamar a la Justicia, terminan enfrentando contraacusaciones “por cargos de brujería, robo o adulterio”, por los que algunas recibieron hasta 10 años de prisión y entre 60 y 490 latigazos.

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