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Daiana García respiraba con dificultad. La voz se le volvió un gorgoteo inaudible de tanta paliza junta y algunos cortes en la espalda. El novio, César Offidani, culminó la violencia con un estrangulamiento y un mensaje escrito con birome en el vientre de la chica: “Te gané, Juan; me la llevé yo”. En el inquilinato de Roca, en Río Negro, donde convivían, algunos objetos infantiles denotaban el espíritu de Daiana, que a los 14 años y con un embarazo de siete meses mixturaba esos tesoros con una repentina adultez. Offidani es grande de cuerpo y de edad. Once años mayor, declaró en la comisaría 3ª de Roca, donde tradujeron el asesinato como un ataque de celos. El expediente judicial del caso, como tantos otros, no denuncia un sistema fundado en la supuesta inferioridad natural de las mujeres, ni en la hipocresía escandalosa de las autoridades. “Erradicar la violencia contra las mujeres es un objetivo utópico”, dicen algunas funcionarias que imploran anonimato porque, al cabo, no resulta sencillo reconocer públicamente que la violencia contra las mujeres ocupa un pobre espacio en la agenda política argentina.
“Los Estados no cumplen con los compromisos asumidos al ratificar las convenciones, tratados y pactos internacionales, y no se han propuesto programas de acción para erradicar la violencia”, sostiene la jueza Carmen Argibay en su artículo “Erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres” (2007).
De esto habla el esfuerzo que les costó a la propia Argibay y a su par de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, contra el voto en disidencia de otro supremo, el juez Carlos Fayt: lograr la puesta en marcha de una oficina de asistencia a la víctima en el Palacio de Tribunales, que comenzó a funcionar en septiembre último.
Pocos desean reconocer que el nuevo organismo viene a reparar agujeros de los programas de asistencia a las víctimas dependientes de la Ciudad de Buenos Aires. No es caprichoso que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, haya considerado pertinente ponerle la firma a un convenio de ayuda mutua.
La legisladora por Coalición Cívica (CC), Diana Maffia, quien desde hace tiempo realiza un pormenorizado seguimiento del mapa de la violencia, resume que “en la ciudad no hay políticas para las mujeres por una cuestión ideológica”. La decisión de no reformular el Observatorio de Violencia o que el 0800-666-8537 Línea Mujer no dé abasto son indicios de esa mirada.
Según Maffia, las dificultades oscilan entre la ausencia de una política integral y la escasez de los insumos para abordar casos. “Por más que haya asesoramiento, no se resuelve el problema. No todos los hospitales intervienen en las cuestiones de violencia. Hay asesoramiento jurídico, pero no patrocinio porque faltan abogados. Y las psicólogas de la Comuna no trabajan en buenas condiciones. Muchas soportaron juicios penales y debieron responder con sus propios patrimonios. La Ciudad tendría que respaldar a las personas que trabajan bajo su órbita.” Los pedidos de informe para que el Ejecutivo dé cuenta de estas falencias están frenados. La legisladora revela que “los consideran intromisiones. Pocas veces se permite que salga alguno. Ahora esperamos que la directora de la Mujer responda a nuestra citación, así dice qué se está haciendo. Sabemos que la violencia contra las mujeres atraviesa todas las franjas sociales, pero cuando aquéllas son pobres no sólo carecen de recursos para sobrevivir; tampoco cuentan con todas las redes que las ampare”.
La primera vez que la diputada Marcela Rodríguez (ARI) logró que avanzara en algo su proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, y brindar asistencia integral a las víctimas, fue en 2006, con la aprobación de la Comisión de Familia. Sin embargo, la iniciativa –que ya tenía sus antecedentes en otras propuestas en 2002 y 2004– terminó cajoneada sin mayores explicaciones. Recién avanzado agosto de 2008 es que Rodríguez puede volver a presentar ese proyecto, nuevamente con el visto bueno de Familia y a la espera de que esta vez lo apruebe la Comisión de Justicia. La legisladora sigue creyendo que todo ese tiempo muerto se debió “a la falta de voluntad del Congreso por fijar políticas públicas que protejan a las mujeres”.
Consultada por las motivaciones que frenan este tipo de proyectos legislativos, considera que “el Estado no ha asumido la responsabilidad que le cabe y no ha adoptado las medidas necesarias destinadas a revertir esta situación, ni a adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias del derecho internacional”.
Otras legisladoras, como la radical Silvana Giudici, interpretan que “el Gobierno no debate las problemáticas de las mujeres, que afectan la vida, porque el Ejecutivo no tiene interés en tratar esos temas”.
Por estos días, la senadora por el Frente para la Victoria (FpV), Marita Perceval, se siente optimista. Cree que, antes de que concluya el año, obtendrá la media sanción para su proyecto de ley integral de violencia contra la mujer. “Esta vez está la voluntad política para avanzar y también una mayor conciencia de mis pares.” En parte por la creación de la Banca de la Mujer, que nutrió la discusión sobre género y va abriendo “la perspectiva de mirar desde diferentes dimensiones de lo social al colectivo de mujeres, más vulnerable y sin una normativa que las proteja”.
–Es el cuento de nunca acabar. Por empezar, hay una profunda distancia entre representación femenina y compromiso de género. Luego, los tratados internacionales no siempre resultan leyes efectivas en nuestra realidad cotidiana. Y por último, hay profundas cuestiones culturales que nos atraviesan a todos, más allá de roles políticos y sociales, y que hacen que atrasemos en el diseño de políticas hacia las mujeres. Pero lo cierto es que tenemos que hacernos cargo de una vez por todas de violencias que no están designadas –asume Perceval.
Gabriela Núñez fue asesinada de un disparo en la cabeza en agosto último, cuando salía de la escuela. El novio, Andrés Sosa, quedó imputado por el crimen tras declararlo ante los policías que lo detuvieron. Dijo estar obsesionado por la adolescente de 16 años. Minutos antes de morir, Gabriela envió un mensaje de texto a una amiga con la leyenda “Andrés me quiere matar”.
Desde el vamos, muchos recursos fueron agotados para silenciar este crimen. Al momento de la detención de Sosa, uno de los oficiales asignados al caso consideró que “es un chico de apariencia normal, que parece haberse mandado el cagadón de su vida”. El abogado defensor, José Luis Vázquez, cuestionó a la jueza Alejandra Ródenas por “el tono dramático e histriónico” que adoptó al leer la acusación y hasta le reprochó haberse colocado “a una distancia impropia” de su defendido.
A más de una década de Belém do Pará (1994) y ocho años después de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos al gobierno argentino para promover el conocimiento de los derechos de las mujeres a gran escala, persisten las omisiones sociales y políticas. Algunas se traducen en programas insuficientes –de hecho, la Ley 24.417 de violencia familiar no establece con precisión políticas estatales de prevención– y escasos hogares-refugio para mujeres víctimas de violencia. Falta instrumentar una asistencia a programas educativos o terapéuticos, y es magra la acción para brindar salida laboral a esas mujeres.
La socióloga Eleonor Faur, oficial de enlace de Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en la Argentina, no encuentra explicación sesuda a los “escasos progresos en la reducción de la violencia contra la mujer. La Argentina ha realizado importantes esfuerzos de adecuación de su marco legal. La Ley 24.417 tiene más de diez años, las convenciones de derechos humanos se encuentran jerarquizadas en el texto de la Constitución y diversas iniciativas para la atención de la violencia se pueden encontrar a lo largo del país. Sin embargo, continúa habiendo una importante brecha entre la seriedad y extensión del problema y su efectiva atención”.
Para el próximo 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra la Mujer, Amnesty Internacional (AI) prepara un nuevo informe que, estiman sus voceros, duplicará las cifras de violencia registradas en 2007 en la Argentina. Según el organismo, entre enero y julio de este año murieron 81 mujeres por causas vinculadas con la violencia familiar.
El director ejecutivo de AI Argentina, Rafael Barca, refiere un autismo del Estado a la hora de concretar acciones y los tabúes culturales que impiden a los políticos de turno condenar la violencia de género. “El 25 volveremos a recordar cuáles son las obligaciones del Estado, la falta de una política que coordine las medidas existentes y la urgencia de crear un sistema estadístico nacional que arroje cifras ciertas sobre la violencia de género en la Argentina. Si no tenemos datos, no sabemos de qué hablamos”, reflexiona. “Sería importante que los líderes políticos locales condenen públicamente la violencia de género como una violación de los derechos humanos que el Estado argentino no consiente.”
La psicóloga Eva Giberti, coordinadora del programa Las Víctimas Contra la Violencia, del Ministerio del Interior, piensa que parte de esos obstáculos se deben a la dificultad de los propios organismos para articular. “La violencia contra las mujeres adquirió estado público y el tema ya no se silencia, pero se publican estadísticas parciales. Hasta el momento resulta muy complejo lograr un acuerdo entre quienes disponemos de cifras locales y las otras instituciones. Incluso en Ciudad, mientras no se ponga en funcionamiento un área metodológica que centralice los datos.”
En rigor, varios de los especialistas consultados opinan que la lentitud de los esfuerzos del Estado ocurre porque se trata de prioridades femeninas. No está previsto para 2009 elaborar una información sistemática sobre la violencia de género que, según Faur, “permitiría conocer la magnitud y las características del problema. En segundo término, un plan nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia que supere la dispersión de programas”. Y el desafío de “ampliar las condiciones para el acceso a la Justicia y el sostenimiento de las víctimas durante el proceso judicial”.
“La epidemia más persistente”, como define la socióloga María del Carmen Feijoó, pide a gritos replanteos. En el cuarto aniversario de la creación de la ley integral contra la violencia de género en España (2004), el balance final es el peor: 60 mujeres muertas en lo que va del año, por violencia del compañero íntimo (VCI) contra una legislación que no palió en absoluto el fenómeno. Incluso esa cifra no descendió mucho respecto del mismo período en 2001, cuando se registraron 70 mujeres asesinadas por un hombre de su entorno. Un año antes de sancionada la norma se calculaba el promedio de una muerte semanal, según informes del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género de ese país (www.observatorioviolencia.org). Hoy se denuncian más de 500 mil agresiones al año y las fiscalías atienden el triple de casos que en 2007. La presidenta del Observatorio, Montserrat Comas, supone que el llamado “gran fracaso del PSOE” –como define la oposición a la ley de violencia– no será efectivo mientras no logre el consenso necesario. “Aunque la ley es un instrumento para cambiar las realidades sociales, sus resultados suelen ser lentos. Todavía apuesto por un gran consenso social y político que considere este asunto como una prioridad.”
La semana pasada, la argentina Cecilia Natalia Coria Olivares fue sorprendida en el bar donde trabajaba, en Málaga, por su ex novio marroquí, sobre quien pesaba una orden judicial para mantenerse alejado. Le clavó quince puñaladas en el cuerpo, a la vista de todos. “Esa ley iba a ser la varita mágica para terminar con los malos tratos y los asesinatos, y no ha sido así. La ley ha sido un fracaso”, lamentó la diputada Cristina Coto, del Partido Popular (PP).
“Sucede que la ley no detiene a los violentos”, concluye Giberti. “La pulsión es feroz y carece de socialización, una pauta elemental para poder convivir con el otro. Y en el mundo está fracasando la ética de la socialización: la especie humana está en crisis.”
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