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“¿Afecta la corrupción de manera diferenciada a mujeres y varones? Las deficiencias en la entrega de anticonceptivos, ¿responden a prácticas corruptas? ¿Existen funcionarios cómplices por cada mujer, cada adolescente que es esclavizada y sometida sexualmente? La corrupción ¿impacta sobre la feminización de la pobreza?” Esas fueron algunas de las preguntas que, durante la semana pasada, guiaron los pasos del III Foro de Mujeres contra la Corrupción, en un encuentro que, este año, pasó de ser simplemente internacional para convertirse en el I InterAmericano. La cita fue en la Facultad de Derecho, de la UBA, adonde confluyeron –bajo el auspicio de instituciones de distintos sectores estatales– representantes de alrededor de 20 países con realidades tan disímiles como Argentina y Pakistán, Nicaragua e India, o Ecuador y Nigeria, aportaron reflexiones y detalles sobre situaciones particulares, generando un intercambio cuyas conclusiones –por productivas– tardarán en cerrar.
Organizado nuevamente por la Fundación Mujeres en Igualdad (con el patrocinio de dos fondos de Naciones Unidas: Unifem y Undef), el Foro contó con un programa tan abarcativo como político, en el sentido más amplio de la definición. Aun cuando resulte estrictamente necesario, no abordar aspectos relacionados con la esfera estatal no es suficiente para comprender ciertos mecanismos y ausencias. Es allí, precisamente, en la investigación de esa articulación, donde tal vez más ricas se volvieron las ponencias y los relatos de experiencias derivadas de la acción de la sociedad civil. Muchos de ellos son, también, relatos de militantes y activistas puestos a trabajar en espacios de poder gubernamental, con lo cual la complejidad crece y multiplica las opciones para construir caminos propios. Muchas de las experiencias, también, vienen de países cercanos en lo geográfico pero lejanos en lo que a intercambios cotidianos se trata (¿cuánto sabemos aquí de situaciones puntuales de, por ejemplo, Nicaragua, Paraguay, Ecuador?), por no mentar lo difícil que resulta a veces acceder a balances y narraciones de transformaciones en el propio país. Conocer las voces de esas mujeres, sin duda, puede enriquecer las propias, y de eso se trataron las mesas que se prolongaron durante tres días en temas diversos: Género y corrupción, Acceso a la Justicia –uno de los ejes más activos, con ponencias, todos los días–, Derecho a la tierra y medioambiente, Estrategias contra la corrupción, Presupuestos públicos, Trata de personas, Derecho a la educación y a la equidad, Derecho a la salud/Derechos sexuales y reproductivos, Derecho a la salud sexual y reproductiva, Partidos políticos, Acceso a la información y comunicación, Seguridad pública, Derechos en el trabajo y el empleo, Género y responsabilidad social empresaria, Violencia de género, Corrupción en el deporte, y dos mesas dedicadas a casos (en forma de clínica de resultados argentinos y extranjeros una; abocada a situaciones en distintas Defensorías del país la otra) fueron los lemas. Aquí, un recorrido, necesariamente breve y caprichoso, de algunos de ellos.
El del acceso a la Justicia fue el eje que más ponencias convocó. Colombia, México, Panamá, Paraguay, Ecuador y distintos distritos de Argentina fueron los lugares desde los que emergieron relatos de experiencias y observaciones. Abogada y jueza, la colombiana Lucía Arbeláez abordó un tema especialmente conflictivo, con la ventaja de conocer el sistema en cuestión por dentro. En “Una mirada de género a la corrupción vs. la transparencia en la rama judicial de Colombia”, se acerca al panorama de su país en el que “en materia de sanciones disciplinarias, las juezas presentan un índice inferior al de los jueces, lo que lleva a algunas inferencias frente a la diligencia y eficiencia en el personal femenino que atiende la resolución de los conflictos judiciales”. Poner en perspectiva de género el ejercicio del derecho y la judicatura “muestra diferencias (...) que no se compadecen con las oportunidades que se brindan a las mujeres juristas, para el acceso a los altos cargos, con respecto al derecho a la igualdad y a la no discriminación que éstas tienen y que están plasmados no sólo en normas internacionales que hacen parte del ordenamiento nacional, sino de normas internas propias que así lo determinan”. En Colombia, el número de mujeres que ejercen la abogacía crece cada año, aun cuando ellas todavía sean poco menos de la mitad; en el mundo judicial, prácticamente la mitad del rubro de “servidoras y servidores judiciales” son mujeres. Por supuesto, la estructura tiene forma de pirámide: si bien en los estratos inferiores y medios la división ronda el 50 y 50, en la cima (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura) la participación de las mujeres oscila entre el 11 y el 22%. Por otra parte, “las mayores participaciones de las mujeres se encuentran en las áreas de (Justicia de) familia, civil y menores; mientras que la mayor participación de hombres se encuentra en la especialidad penal y de promiscuos”, algo que puede leerse claramente en términos de sesgo sexista: esa presencia en tribunales de familia y menores “hace su labor consecuente con los roles que socialmente se consideran propios de la mujer”, aun cuando ellas –en el último tiempo– hayan comenzado a avanzar en la especialidad Civil, generalmente considerada masculina. El análisis de las sanciones a abogadas/os, magistradas/os y juezas/jueces, por lo demás, “permite ver que hay un mejor comportamiento ético” en las profesionales: son las menos apercibidas.
Los efectos de la ley de cupo en las listas de renovación de la Legislatura porteña y las de bancas para la Cámara de Diputados de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en ambos casos en 2007, fueron seguidos de cerca por Nélida Archenti y María Inés Tula en “El derecho a la no discriminación en la política. Un análisis de la configuración de género en las listas partidarias”. Luego de desmenuzar la historia local del cupo y las particularidades de los tres distritos elegidos (en todos los casos el cupo ronda el 30%), analizan los números concretos de conformación de las cámaras y de las listas partidarias, lo que las lleva a confirmar que sí, la ley tuvo un efecto positivo a la hora de incrementar la representación política de las mujeres en ámbitos legislativos. Sin embargo, una mirada más atenta rescata la composición de las listas como “un indicador del modo en que los partidos políticos asimilaron los principios de equidad de género”. “El análisis de los casos muestra que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires los partidos políticos continúan haciendo una interpretación minimalista de la legislación de cuotas, privilegiando su cumplimiento burocrático. Los dirigentes partidarios, al armar sus listas, aplican el número mínimo de mujeres que la ley dispone como un deber ser, convirtiendo, de este modo, el piso mínimo en un techo máximo. El cumplimiento burocrático de la ley se vincula con el mandato de posición, es decir, con los lugares de la lista donde las mujeres son ubicadas”. Es decir: si la ley indica que una lista sólo será oficializada si cumple con el precepto de designar a una mujer cada dos varones (una enunciación que sólo tiende a graficar las proporciones entre candidatas y candidatos), los partidos “tienden a acatar este mandato y a reproducirlo en forma burocrática a lo largo de toda la lista”. Por otra parte, aun cuando la cantidad de legisladoras aumentó, “se observan pocos avances cuando se analiza la integración de las listas partidarias”, es decir, “el accionar de los partidos políticos, a través del diseño de las listas partidarias y la selección de los candidatos, permanece como un condicionante importante de las posibilidades de las mujeres para acceder a las legislaturas”.
“Mujeres víctimas de violencia”, de Gabriela Barcaglioni y Liliana Morales (integrantes de Mujeres al Oeste y la Casa de la Mujer Azucena Villaflor) es el seguimiento del “itinerario que transitan las mujeres para salir de su situación de violencia”. “Nos interesa –plantean– señalar la presencia o ausencia de normas legales, instancias especializadas, procedimientos, protocolos de atención frente a casos de violencia, registro, sistematización de casos, investigación, capacitación de quienes desde el Estado brindan atención y acompañamiento a las mujeres”, por lo cual partieron de historias particulares. El panorama que describen está lejos de ser alentador: “Las mujeres que sufren violencia recurren a la Justicia como última instancia, después de haber pasado por múltiples episodios de violencia, muchos de los cuales fueron denunciados o intentaron denunciarlos en las comisarías más cercanas (...) Las comisarías de la Mujer, si bien surgieron por la necesidad de tener un espacio donde las mujeres fueran escuchadas sin ser revictimizadas, lamentablemente desde su creación hasta ahora han sufrido cambios que atentan contra ese objetivo. No sólo se les cambió el nombre por Comisaría de la Mujer y de la Familia, sino que muchas veces se da cabida al violento con el argumento de ‘proteger a la familia y escuchar a todas las partes’ (...) significa proteger a la institución familia más allá de las personas que la componen”. Las ausencias del Estado y también las revictimizaciones se generan en “la corrupción que existe en el sistema judicial, policial, del Estado en su conjunto”, tanto como en la “falta de capacitación de quienes deben escuchar, acompañar y asistir a las mujeres víctimas de violencia”. De allí que el estudio señale como una tarea pendiente la creación de instancias especiales, como las que se ha dado en España, sin olvidar que lo básico (como ser la difusión efectiva y continua de los recursos disponibles para asesoramiento y atención de las víctimas) todavía está por hacerse: “Se carece de una sistematización unificada de datos estadísticos sobre el tema. Sobre los femicidios, por ejemplo, no hay registros oficiales, la mayoría de los trabajos y publicaciones se remiten a los que tomaron estado público a través de los medios de comunicación”.
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