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Viernes, 21 de noviembre de 2008
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25 de noviembre

El bien común

La historia de Elizabeth Díaz, la joven que desde los nueve años fue abusada por su patrón y que a los 18 años, luego de un embarazo fruto de este abuso, mató al bebé recién nacido, no fue sólo un caso para sus vecinos de Córdoba. Llegó a concientizar a todo un pueblo que se movilizó para defenderla. La condena al acusado y el programa “Un antes y un después” dan pruebas de que las cosas se pueden cambiar.

Por Elisabet Contrera
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Tenía nueve años cuando le presentaron a su nuevo patrón. Un empresario poderoso, vecino y “amigo” de la familia radicado en el pueblo cordobés de San Javier. Tenía 18 cuando la tragedia y la desesperación pusieron fin a diez años de abusos. Sola, tirada en el baño de la casa donde trabajaba como empleada doméstica, Eli paría y mataba al bebé, gestado como producto de las violaciones de Arturo Benavídez. No imaginó, en ese momento, todo lo que movilizaría su nombre y su historia en sólo dos años: un pueblo entero que se levantó a favor de su libertad luego de ser acusada de infanticidio, un jurado popular que la absolvió de culpas al escuchar sus padecimientos, su ex patrón sentenciado a ocho años de prisión por las crueldades cometidas contra la joven, cientos de mujeres de Córdoba de vigilia en la puerta de la Cámara del Crimen de Córdoba, el 11 de noviembre pasado, cuando se conoció la condena a su victimario.

“El caso de Eli marcó un antes y un después en el pueblo. Nos permitió empezar a decir basta a un sinfín de conductas y prejuicios totalmente naturalizados por la población”, sentenció Natalia Martínez, ex jefa de Eli. Natalia fue una de las primeras que se movilizó a favor de la libertad de la joven, cuando a fines de 2006 quedó detenida por asesinar a su bebé. “Eli trabajó un tiempo en casa y en la fábrica de dulces. Estuvo conmigo hasta los seis meses de embarazo y nunca noté su panza. Luego se fue a laburar cama adentro y no la vi más”, recordó. “Cuando nos enteramos lo que pasó, no lo podíamos creer, era una chica tan buena, tan callada, que trabajaba para ayudar a su familia”, agregó.

Es en ese momento que comienza a desarrollarse el programa “Un antes y un después”, que nació por y a partir del caso de Elizabeth y que busca concientizar a la población sobre lo qué es el abuso sexual, los derechos de los niñas/os y de las mujeres. La primera reunión fue en la escuela secundaria rural de San Javier, donde asistía la víctima. Docentes, familiares de alumnos/as, madres, vecinas de Eli armaron un plan de trabajo para llamar al debate dentro y fuera de los colegios. Entre ellos estaba Julieta Imberti, una de las impulsoras del programa que fue convocada por el colegio por ser directora de Edupas, una institución que se dedica desde 1974 a incentivar programas sociales y a la comunicación educativa. “La violación y el abuso se cometen porque hay un abusador de carne y hueso, pero también porque la comunidad se hace la distraída. Hace que no ve. Mira para otro lado. Eli no era la única, esto quedó claro no bien comenzamos a andar. En todos los pueblos, ciudades y comunidades, y en todos los sectores sociales, hay situaciones de abuso y de violación. Pero claro, se conocen habitualmente los de sectores más pobres”, analizó Imberti.

Mientras el caso de Eli trascendía rápidamente las fronteras del pueblo y la provincia de Córdoba, el equipo iniciaba las primeras acciones y elaboraba una primera cartilla informativa con el objetivo de trasladar el problema a las aulas. El abuso duele fue el nombre de esta primera publicación donde se rescatan los testimonios anónimos de adolescentes y adultos de la localidad que rompen el silencio, cuentan situaciones propias o cercanas de violencia y buscan además a través de los relatos luchar contra un conjunto de prejuicios que alimentan la impunidad de este tipo de casos. “Si te manosean y vos no querés, hay abuso”, dice una joven de 16. “La violación no es por la ropa que usa la mujer, eso es lo que dice el hombre después de abusar y muchas mujeres también”, relata una adolescente de San Javier. “Una vez a los 14 una compañera fue violada por su padrastro, le dijimos que tenía que hablar con la profesora. Y ahora el padrastro está preso”, contó otra chica que participó de la cartilla.

En la actualidad, los docentes se las arreglan para que una vez por semana se realice, en horario curricular, un taller sobre educación sexual, como una forma de prevenir y estar alerta frente a los abusos, y toman como base y puntapié del dialogo este material. “Trabajamos todos los temas, el autoestima, los derechos reproductivos, promovemos el debate sobre diferentes temas que les preocupan, fortalecemos el ejercicio de sus derechos”, contó Natalia Martínez. Ella, junto a cientos de mujeres, también estuvieron presentes en los alrededores de la Cámara Primera del Crimen repartiendo folletos entre los transeúntes, en los bares y kioscos de la zona.

En un pueblo como San Javier, pueblo de Traslasierra, de 1500 habitantes, ubicado a 165 kilómetros de Gran Córdoba, el trabajo del programa “Un antes y un después” generó apoyo y resistencia. “Era de esperar, ya que denunciamos la violación como algo instaurado por el machismo y el patriarcado. En el pueblo, algunos padres inician sexualmente a sus hijas. Pueden parecer costumbres, pero son claramente violaciones, incestos, ataques a la integridad sexual de las personas, especialmente, de las chicas”, sostuvo. “En el caso de Ely, una persona con poder económico hace uso de alguien que no puede defenderse: porque tiene 9 años, porque es ‘amigo de la familia’, porque hay una diferencia abismal de edad, de condición social, de poder. Porque tiene un modus operandi que una niña no puede entender. Hay un atrapamiento vincular de la víctima. Por eso muchos abogados y jueces ignorantes de esta mecánica se atreven a preguntar si fue una relación consentida”, aseguró.

Decir que la relación fue consentida fue la estrategia implementada por la defensa del abusador de Eli, Arturo Benavídez. Pese a las intenciones de Carlos Hairabedián, el abogado del acusado, más conocido por ser el defensor del ex presidente Carlos Menem en la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, la Cámara Primera del Crimen condenó al empresario a ocho años de cárcel por “abuso deshonesto reiterado, abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves”. “El fallo condenatorio es un gran precedente para todas las mujeres, pero los ocho años de condena son pocos para el daño que hizo”, sostuvo Leticia Celli abogada de Eli a Páginal12, tras conocerse la sentencia. De esta manera, la Justicia cordobesa dio lugar al pedido del fiscal Marcelo Novillo Corvalán y ahora Benavídez cumplirá su condena en la cárcel de Bouwer, donde ya se encontraba detenido desde fines de 2006.

“La comunidad debe realizar un aprendizaje –remarcó Imberti–, es un largo proceso que no puede llevarse a cabo solo, se necesita de charlas, capacitaciones, campaña. Todos aprendimos. El problema con esta violencia es que es invisible. Provoca embarazos en chicas adolescentes. Provoca sufrimientos psíquicos, emocionales, físicos. Provoca aislamiento, vergüenza, sensación de no ser adecuada. Es difícil reaccionar contra una violencia que no está a la vista. Por eso creemos que es muy importante sensibilizar sobre el tema. Que todos sepan que no es algo natural, como dijo Eli, que las mujeres estamos hechas para sufrir.”

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