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Viajemos Seguras se llama el programa que el gobierno del Distrito Federal de México puso en práctica hace dos años en el sistema de transporte público de esa ciudad que no es tan enorme como su población. Allí viven más de ocho millones de personas pero transitan más de 15 millones diariamente. Sólo en el metro, cada día pasan cinco millones de personas, prácticamente un mundo. En sólo un año, el 2008, el programa atendió 314 denuncias, 291 por abuso sexual y 23 por otros tipos de violencia. En el 2009, hasta el 5 de junio, habían recibido 427 denuncias. “Lo único que podemos decir es que no aumentan los casos de abuso sexual, lo que aumenta es la decisión de las mujeres por denunciar”, indicó Margarita Argott, coordinadora de Género y Sociedad del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de México. Para la funcionaria, hay un punto crucial: “Durante todo el programa fuimos ganando la pelea para el reconocimiento de lo que es un delito sexual”. El primer obstáculo es, justamente, el más difícil de sortear. “Es cultural que la gente piense que puede tocar tu cuerpo por el hecho de salir a la calle, simplemente, porque tú eres propiedad de todo mundo. Esa cultura se tiene que revertir de manera tajante”, consideró Argott.
La funcionaria forma parte del gobierno del Partido de la Revolución Democrática de México, que lleva tres períodos al frente del DF. De tinte progresista, el PRD avanzó hace dos años en la legalización del aborto y generó una reacción conservadora en el resto del país. La complejidad política está dada porque el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo 70 años en el gobierno nacional, tiene a su cargo el Estado de México, que geográficamente rodea a la ciudad. En tanto, el Partido de Acción Nacional, de Felipe Calderón, gobierna la administración federal. De esas colisiones entre proyectos nace gran número de dificultades en la implementación de políticas metropolitanas. Por ejemplo, “de las atenciones en Viajemos Seguras, la mayoría de la población que atendemos, sea víctima o responsable, trabajan, estudian o hacen cosas en el Distrito Federal, pero viven en el Estado de México”.
El programa parte de una decisión política, que es penalizar el abuso sexual. De hecho, la ley de erradicación y prevención de la violencia hacia las mujeres del DF establece “obligatoriedad al sistema de transporte de colectivo para prevenir, atender y sancionar la violencia que se cometa dentro del transporte”. En el inicio, está claro que “el abuso sexual es otro de los delitos contra las mujeres que más impunemente suceden”, señaló Argott. Entonces, el primer paso es que se trata de “un delito reconocido en el Código Penal del Distrito Federal que alcanza la pena de cárcel. Si te lo cometen en un transporte público es agravado, y no alcanzas la libertad. Pues, te vas a la cárcel de 4 a 6 años”. La sanción se debe a que “el abuso sexual no se da en la masa en el transporte de colectivo, pero es un caldo de cultivo para que se puedan generar acciones más impunes, porque la gente va apretada, porque todo el mundo va y viene”, indicó la funcionaria. Y consideró que el término “tocamientos”, que es el que se utiliza en la jerga judicial, “es una palabra muy elegante para hablar de lo que está sucediendo en general”.
El programa tiene toda la complejidad de una iniciativa que incluye tres medios de transporte diferentes: el metro (los subtes), el sistema terrestre, cuyas unidades llaman “camioncitos” y son el equivalente a nuestros ómnibus, y el tercero, el metrobus, que consta de grandes vehículos para recorrer la ciudad de norte a sur y de este a oeste en apenas 20 minutos. Además, las acciones también son complejas. Las hay de prevención, de atención y de procuración de Justicia, todo diseñado con la participación de la sociedad civil, a partir del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. La prevención incluye la capacitación al personal involucrado en la atención al público. “Los capacitamos y difundimos sobre qué es el abuso sexual, porque mucha gente lo confunde con violación, y en realidad es otro delito, tan delito como la violación. Algunos lo consideran menos grave, pero no es así”, afirmó Argott.
La iniciativa se implementó hace dos años, y desde hace un año se despliegan todas sus acciones. En cuanto a las prácticas preventivas, se crearon las unidades de transporte especiales para mujeres, llamadas Atenea, que circulan en los horarios pico, de 6.30 a 10 y de 18.30 a 21. “Tienen un color especial, tienen el logo de Atenea griega y dicen sólo para damas. Ya los he regañado, porque tienen que decir sólo para mujeres”, se ríe la funcionaria, que parece de armas llevar. “Estos camiones están atascados en horas pico. Al principio circulaban todo el día, pero fuera de las horas pico ya iban vacíos”, señaló. Además, en el metrobus, también se produjo una división para mejorar la seguridad de las mujeres. “En uno de los vagones, que son muy grandes, van puros hombres, y en el otro las mujeres y los discapacitados. Allí ha habido reacción de los hombres, así que estamos diseñando un programa, ya que no hay posibilidad de destinar policías especiales para todo”, expresó Argott. Esa separación se implementaba desde hace años en el metro, pero se amplió al doble de estaciones. Ahora son 104, es decir que se realiza en casi todas las líneas de metro.
Pero al mismo tiempo de la prevención, el programa plantea la atención a las víctimas. “Ahí entran los módulos que se instalaron en cinco estaciones del metro. Tres de ellas, Hidalgo, Pino Suárez y Balderas, son aquellas en las confluyen la mayoría de las líneas, y las otras dos están en los lugares donde se da la conexión con el estado de México, en Pantitlán e Indios Verdes”, detalló la funcionaria, que agregó: “Estos módulos tienen un modelo de atención para casos de abuso sexual que abarca desde el momento que se pide el auxilio por la policía, con la primera acción básica que es la separación inmediata del responsable para evitar cualquier tipo de consecución de la violencia”. A esos refugios puede dirigirse la víctima, que encontrará allí contención y acompañamiento. “Hay una primera intervención en crisis, a cargo de abogadas y psicólogas, así como la asesoría jurídica sobre sus derechos, para que se sientan en confianza de presentar una denuncia. Y si se deciden a hacerlo, se garantiza el acompañamiento durante todo el proceso jurídico.” A la hora de hacer cifras, Argott subraya que en un año hubo un aumento significativo de mujeres que se decidieron a ir a la Justicia. Y muestra que el año pasado hubo 292 mujeres y 22 hombres víctimas de abuso sexual cometidos por hombres en el sistema de transporte público, en un rango de edad de las víctimas de 10 a 68 años. “De todas ellas, 195 presentaron denuncias judiciales, el 50 por ciento de los casos, y el resto se quedó en denuncia ciudadana”, indicó. Y agrega conmovida: “Este año ha cambiado un poco el rango de edad porque se nos acaba de presentar un caso de abuso sexual contra una beba. Entonces, desafortunadamente tuvimos que bajar el rango de edad a los dos años”.
Para Argott, un paso fundamental en la conquista de los derechos de las mujeres es la transformación en la procuración de Justicia y atribuye el mérito, sobre todo, a la fiscal central para investigaciones de delitos sexuales en la Ciudad de México, Juana Camila Bautista Rebollar. “Llevamos 47 violadores sexuales atrapados, porque se está perfeccionando todo el sistema de procuración”, enfatizó la funcionaria del Distrito Federal, orgullosa. “Lo más difícil siempre ha sido, en cualquier lado, perseguir a un violador. Nunca se encuentran los violadores, desaparecen. Y el DF está afinando tanto sus estrategias de persecución del delito que está encontrando a los violadores seriales, por ejemplo los que actúan en taxis”, abundó. Es que el taxi es un sitio peligroso para las ciudadanas del DF. “Es preocupante que haya violaciones en los taxis, y también en la calle. Sólo el año pasado se levantaron 870 denuncias, y son de las mujeres que llegaron a hacerlas”, puntualizó. Pero también destacó que “hay hombres que han violado durante muchísimos años, a los que nunca se había atrapado, y hoy los están pescando. Eso es porque nunca se había establecido un sistema de detección específico, como se puede hacer con cualquier otro delito, pero creo que en muchos países no hay voluntad para hacerlo. En el Distrito Federal por primera vez se está haciendo.”
La funcionaria estuvo en Rosario en el marco del seminario internacional Espacios Públicos, Convivencia Ciudadana y Seguridad, organizado en el marco del programa Ciudades Sin Violencia hacia Las Mujeres: Ciudades Seguras para Tod@s”, que desarrollan el Fondo para el desarrollo de las Mujeres de Naciones Unidas, Unifem, la Red Mujer y Hábitat y AECID en tres ciudades de América latina: Bogotá, Santiago de Chile y Rosario.
El Distrito Federal de México despenalizó el aborto hace dos años. Pero ese avance en los derechos reproductivos no dejó impertérritos a los sectores conservadores, decididos a impedir que el “mal ejemplo” se expanda a otros lugares del país. “Tenemos muy malas noticias. Como el DF es lo más impactante, lo que hicieron inmediatamente los sectores conservadores fue conseguir que se lograran modificaciones constitucionales en contra de este avance en 14 entidades (provincias) de las 32 que tiene México. Estamos hablando de un gobierno de derecha, que es el que tenemos actualmente en el país, y ahí se ve la influencia”, expresa con cierta amargura Margarita Argott, del Instituto de las Mujeres de la capital mexicana. Así, las 14 constituciones cuentan con un artículo tercero que establece el “derecho a la vida desde la concepción”. Tampoco las organizaciones de mujeres se quedaron quietas. “Ahorita mismo las mujeres se están amparando, porque ese artículo es inconstitucional, va en contra de la Constitución Nacional, habrá que ver cómo resuelven los jueces”, apuntó la funcionaria.
Sobre la fortaleza del derecho al aborto en el DF, Argott aseguró que goza de buena salud. “No está en riesgo, los apabullamos. Porque no pudieron en el DF tomaron esta estrategia”, afirmó.
Sobre la puesta en práctica de la despenalización, relató que “fue un acuerdo, porque simplemente se establecen las medidas por las cuales no es penalizado el aborto, sustentado en la propia Constitución mexicana, por el derecho de las mujeres a decidir. Entonces, se establece todo un sistema de salud para la atención de las mujeres, con cinco centros específicos y la obligación de atención en cualquier hospital”. Hasta junio, se habían resuelto más de 1300 solicitudes favorablemente. “La mayoría de las interrupciones de embarazo fueron por aspiración, que es muy importante, porque es un sistema inocuo para las mujeres en el que no existe ningún tipo de complicación. Ha habido muy pocos raspados, porque las mujeres llegaron con una serie de complicaciones o necesitaban un procedimiento más avanzado”, apuntó la funcionaria.
La experiencia también desmontó el argumento de que irían mujeres de todo el país hacia el DF para interrumpir sus embarazos. “No ocurrió así por dos razones. Primero, porque las mujeres que tienen dinero siempre han abortado en otros países, han ido a otro lado o lo han hecho en lugares particulares. Y las mujeres pobres no se van a estar transportando de un lugar para el otro, porque requieren ejercer el derecho en sus propias entidades. De todos modos, en el DF el derecho no se les niega”.
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