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La violencia que sufrió Laura fue noticia en todo el país. La joven de 28 años fue expulsada de la escuela de policía de la capital provincial porque en 2002 cometió una contravención al Código de Faltas de Santa Fe, que todavía penaliza la prostitución escandalosa, el travestismo y la ofensa al pudor. Pese a las continuas luchas de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) desde su fundación en Rosario, en 2001, para derogar esos tres artículos, recién en noviembre pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que los deja sin efecto. Sin estar al tanto de la disputa política que significa la despenalización de la prostitución, Laura decidió pelear, no se dio por vencida. Recurrió al Inadi, se entrevistó con autoridades, dijo en todos lados que quería ser “una buena policía”. Y logró la oportunidad que tanto pidió. La semana pasada, el fiscal de Estado de la provincia, Jorge Barraguirre, recomendó al Instituto de Seguridad Pública (más conocido como escuela de policía) que reincorpore a Laura. En un dictamen sin desperdicio, el funcionario que se encarga de cuidar el interés jurídico de la provincia subraya que el artículo 81 del Código de Faltas (el de prostitución escandalosa) penaliza una actividad que no supone un daño a terceros y recurre al artículo 19 de la Constitución Nacional. La inconstitucionalidad de los tres artículos del Código de Faltas debiera ser un argumento suficiente para que la Cámara de Senadores –con amplia mayoría de caciques conservadores del Partido Justicialista– dé sanción definitiva a su derogación.
Porque las normas arbitrarias tienen efectos concretos sobre las personas, que sólo en ocasiones pueden pelear contra ellas. La voluntad de Laura para defender sus derechos tuvo sus frutos. “Me puse muy contenta, feliz, me levantó el ánimo. Me cayó de sorpresa porque pensé que no me iban a dejar incorporarme de nuevo”, dijo la joven, que estuvo en situación de prostitución en el año 2002, cuando se encontró sola, con un bebé y sin trabajo. Apenas pudo, tomó otros rumbos: empleada doméstica, en agencias de seguridad, ayudante de cocina en distintos restaurantes. Ese fue su último trabajo antes de ingresar a la escuela de policía. Pero sólo cursó tres meses. En junio le comunicaron que no podía continuar estudiando porque tenía el antecedente de la contravención. Acompañada por la delegada provincial del Inadi, Stella Maris Vallejos, ella empezó su largo peregrinar.
Que terminó en la última semana de 2009, cuando el fiscal le dio la razón. El dictamen consideró que “un caso como el de la reclamante pone en cuestión nuestro concepto de identidad personal y qué peso debe asignarle el derecho a sus antecedentes”. En ese sentido, hace algunas preguntas: “¿A qué reclamante se le impide ingresar, a la que cometió la contravención del artículo 81 o a la que trabajó correctamente en los últimos años en la actividad privada sin que haya quejas sobre su desempeño? ¿Cuán denso es el pasado que tenemos que considerar? ¿El de ayer o el de diez años atrás? Y si exigimos que el mundo privado contrate penados por la ley, ¿cuán exigente y estricto debe ser el estado que además asumimos como una persona moral?”
Barraguirre también ataca un punto nodal del Código de Faltas provincial. “El argumento está en relación con la igualdad de impacto. Una causal obstativa basada en el artículo 81 del Código de Faltas tiene efectos devastadores en cierta clase de género (mujeres) edad (jóvenes) condición social (pobres) y estado civil (solteras)”, dice el dictamen, contundente. Por eso, el fiscal de Estado consideró: “Los delitos y contravenciones que tenemos que condenar son aquellos que producen daños a terceros”.
Como parte de su larga pelea, el 16 de octubre pasado, Laura había participado de una audiencia con el Fiscal de Estado, que retomó los argumentos de entonces. “En la audiencia se planteó que el daño debía ser considerado porque se trataba de un caso social”, dice el texto, que pone como ejemplo el hurto famélico. “Aun esos casos sociales son diferentes de éste. En todo caso, la cuestión social es irrelevante en un caso como éste. En el hurto para comer o el robo de la garrafa hay un daño a otros. En el artículo 81 no veo el daño a tercero. Estas contravenciones no podrían ser consideradas título de impedimento razonable para ingresar a ISEP”, expresó el fiscal de Estado.
Los argumentos son contudentes y, aunque el proceso llevó su tiempo, Laura podrá volver a ingresar, el año próximo, en la escuela de policía. Mientras tanto, continúa la pelea iniciada con la formación misma de Ammar en Rosario, en 2001, por lograr la derogación de los tres artículos que penalizan a las mujeres en situación de prostitución. La primera en poner el tema en debate público fue Sandra Cabrera, la dirigente de Ammar Rosario que fue asesinada el 27 de enero de 2004. Su crimen está impune, pero su lucha contra la extorsión policial que posibilitan estos artículos queda como testimonio.
Después de muchos intentos en la Cámara de Diputados de la provincia, que terminaron con la pérdida del estado parlamentario de varios proyectos, la iniciativa de la diputada Lucrecia Aranda para derogar los tres artículos del Código de Faltas obtuvo media sanción el 29 de noviembre pasado. Aunque el Frente Progresista tiene mayoría en la Cámara baja provincial desde hace dos años, hizo falta una trabajosa gestión para que se legislara. Pero ahora viene lo peor. “Sería muy negativo que el Senado no promueva su tratamiento, y lo deje morir”, apuntó la legisladora del Partido Socialista.
Una vez que la derogación tuvo media sanción, el juez de faltas de la ciudad de Santa Fe, Héctor Valli, salió a decir que la provincia se convertiría en “un gran cabaret”. Para Aranda, esas declaraciones son inadmisibles. “Existe una gran hipocresía, y realmente es terrible que un juez de faltas de una opinión sin profundizar el tema”, dijo Aranda. En relación con Laura –que no habría sido expulsada si la prostitución no estuviera penalizada–, Aranda consideró que “sigue habiendo un debate a dar, que es entender que la prostitución no es un delito. No creo que a nadie se le ocurriera culpabilizar a alguien por cualquier ocupación con la que pueda ganarse la vida en algún momento. De entrada podemos preguntar por qué una mujer que se prostituye en forma permanente debe registrar antecedentes y debe tener una causa en la Justicia. Con esa lógica, podrían ser penalizados los cartoneros, o los chicos que piden en una esquina”.
La secretaria general de Ammar, Claudia Lucero, también apunta a la doble sanción que sufren las mujeres en situación de prostitución. “Lo que pasó con Laura fue discriminación. A nosotras siempre nos dicen que busquemos otro trabajo, pero cuando lo hacés, mirá lo que te pasa. Para nosotras, esto es un trabajo, pero hay compañeras que quieren buscar otro y tienen derecho. No tienen por qué discriminarlas por una falta. Y yo tenía entendido que las causas prescriben, pero parece que estos señores no se olvidan, nos siguen condenando”, enfatizó la dirigente gremial, quien sostuvo que Ammar pelea contra la penalización de la prostitución en los Códigos de Faltas de todo el país. Después de la ciudad de Buenos Aires, se logró también en Entre Ríos y Santiago del Estero, pero subsiste en otras provincias, como Mendoza y Córdoba. “Mendoza tienen dos artículos, prostitución escandalosa y prostitución peligrosa. Las compañeras prefieren ir diez días presas que cumplir la sanción en sus domicilios, porque de esa manera tienen a la policía continuamente en su casa, invadiendo su privacidad.”
La derogación de los artículos del Código de Faltas en Santa Fe está en manos del Poder Legislativo. Y por eso Ammar se reunió con la vicegobernadora Griselda Tessio, que preside la Cámara alta provincial. La funcionaria se comprometió a impulsar el tratamiento de esta ley a partir de febrero. Mientras tanto, Laura podrá estudiar para ser policía, amparada en la Constitución Nacional.
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