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El Programa de Atención Comunitaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (PAC) tiene, desde su creación, la función de armar redes de contención socio-familiar para niños y jóvenes en situación de alta vulnerabilidad psico-social desde lo familiar, lo habitacional o en situaciones de riesgo, como el embarazo adolescente. El PAC fue creado hace pocos años y contribuye enormemente a promover el ejercicio de derechos, particularmente, a la atención integral a su salud.
En los últimos días, sin embargo, circula de manera fehaciente en círculos profesionales la preocupante versión de que la Dirección de Salud Mental de la CABA, a cargo de la Dra. María Grosso, tendría la firme pretensión de desarticular el Programa, relocalizando de manera inconsulta a los profesionales a su cargo, como Alejandra Barcala y Patricia Alvarez Zunino, e incluir el Programa “puertas adentro” en el Hospital Psiquiátrico Infanto-juvenil Tobar García. De tal modo, uno de los pocos programas que funcionan “extramuros” sería acotado en lo que es, tal vez, su mayor mérito.
A contramano de las experiencias mundiales en salud y de las recomendaciones de los organismos internacionales que entienden a la salud mental como un conjunto de prácticas interdisciplinarias e interinstitucionales organizadas con una idea territorial, de cercanía de los efectores con las situaciones que deben abordar, la dirección de Salud Mental de la CABA privilegia un modelo hospitalo-céntrico, donde más que interdisciplina se practica un modelo médico-psiquiátrico hegemónico que resalta los abordajes más vinculados a lo biológico y los desvincula del contexto epocal, olvidando que, en tanto humanos, aún nuestra biología está hecha de lazo social y de historia. Del tiempo que nos toca vivir.
Esta preocupación se alimenta además por la presencia de otras medidas congruentes con un modelo psiquiátrico autoritario en lo disciplinario, biologizante en su concepción, y mercadotécnico en su gestión, como la pretensión de financiar internaciones prolongadas en clínicas psiquiátricas, en lugar de desplegar estrategias de reinserción social y rehabilitación, medidas que conllevan además una privatización de la salud.
Resulta muy importante entonces alertar a todas las asociaciones y colectivos profesionales que desde distintas disciplinas se ocupan de atender a niños y jóvenes, trabajando por la promoción de los derechos de los niños, para sumar acciones tendientes a “evitar” –en la medida de lo posible– que esta medida contra el PAC se concrete en el contexto de otras situaciones graves ligadas al campo de la salud mental, que viene padeciendo la ciudad y ofrecer todo nuestro apoyo y respaldo a las profesionales a su cargo.
* Integrantes de ForumAdd (Equipo Interdisciplinario de Lucha contra la Medicalización de la Infancia), miembros adherentes de Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos (APADH) y del Equipo Académico Laboratorios Sociales en Argentina.
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