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El reclamo por la difusi贸n del Plan Nacional de Acci贸n no es caprichoso. No implica desconocer las acciones que se han impulsado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia tanto desde los poderes ejecutivos como los judiciales, a nivel nacional y en muchas provincias. Pero sin un hilo conductor esas acciones corren serios riesgos de solaparse, duplicar esfuerzos y dejar grandes vac铆os.
Los planes nacionales de acci贸n se materializan en documentos como los que han elaborado varios pa铆ses de la regi贸n, por ejemplo, Per煤, Uruguay y Chile (pronto a cargo del nuevo Ministerio de la Mujer). Se enmarcan en una determinada visi贸n del problema (como la de nuestra Ley de Protecci贸n Integral), basada en un diagn贸stico construido con el an谩lisis de informaci贸n estad铆stica disponible; describe objetivos concretos, detalla las actividades dirigidas a su cumplimiento; establece prioridades, etapas e indicadores de progreso para monitorear y evaluar sus procesos y resultados.
Un plan se construye colectivamente, con procesos participativos amplios y p煤blicos para permitir un seguimiento de los objetivos, las etapas cumplidas, sus logros y dificultades.
Para que los avances se consoliden y las acciones realizadas sean m谩s que iniciativas con mayor o menor grado de 茅xito, veintisiete organizaciones y agrupaciones diversas, con distintas miradas pol铆ticas y estrategias de trabajo, pedimos que el Consejo Nacional de las Mujeres comparta con la sociedad el Plan Nacional cuya elaboraci贸n fue informada en repetidas ocasiones. Para que en el futuro se siga construyendo sobre los avances, sin ignorarlos.
* Abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y G茅nero (ELA).
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