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Susana Colimán lleva un año detenida en la Unidad 16 de Neuquén, tiene 23 años y una acusación de homicidio culposo agravado por el vínculo. A Susana se la acusa de haber matado a su bebé en el baño, minutos después de haberlo parido. El juicio comenzó el miércoles pasado. Pocos días antes, un correo electrónico reenviado en cadena por listas de noticias alertaba: “Solidaridad: otra Romina”. El nombre propio (de Romina Tejerina) convertido en designación genérica de un tipo de caso venía, esta vez, a alertar sobre lo que quebró (aún lo hace) la habitual placidez de Junín de los Andes pero no logró sortear las vallas para repercutir en medios nacionales, tan atareados en estos días con el cumpleaños de Maradona, las frases de Bush, las protestas contra Bush y lo mal que se lo vio a Fidel (hablando con Maradona sobre Bush, faltaba más). Tanto ruido invisibiliza historias (vidas) como la de Susana, no deja escuchar, por ejemplo, que esta chica de la comunidad mapuche Aucapán llevó adelante su embarazo sin que nadie lo notara (ni siquiera, paradójicamente, el ginecólogo que tres meses antes del parto la atendió en el hospital del pueblo por una mordedura de perro). Que parió en el baño de la casa de una mujer que supo ser amiga de su madre, que esa misma mujer relató a la policía: entré al baño y encontré sangre, y un feto con un corte. Que ese 13 de octubre de 2004 la policía, ni lenta ni perezosa, detuvo a Susana de inmediato, y la subió al patrullero cuando todavía no había expulsado la placenta. Que, sólo luego, al llegar al hospital, recibió asistencia médica. Que durante todos y cada uno de los 25 días que pasó internada tuvo una custodia permanente, y que esa custodia demostraba un interés rayano con el hostigamiento. Que el juez Rolando A. Rivas –por entonces a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional de la IV circunscripción de Junín de los Andes, actualmente separado del cargo por supuestas irregularidades en otra causa– ordenó su traslado desde el hospital hacia la Unidad 16 cuando Susana todavía no tenía el alta psicológica. Que hasta entonces el juez Rivas se obstinó en que el perito psicológico afirmara: ella tiene conciencia de sus actos, no es cierto que haya experimentado un episodio psicótico. Por cierto, lo logró.

Por toda familia, Susana tiene una tía; ella ha estado presente en este tiempo, pero también está convencida de que un tiempo en prisión puede dar cierta enseñanza a una “callejera”; si su sobrina es liberada, además, ¿cómo podría mantenerla? Afuera, Susana tenía hambre y sufrió abusos; resultado de uno de ellos fue el embarazo que terminó en infanticidio. En la cárcel, en cambio, Susana dice que está contenta: allí tiene comida todos los días, una cama, amigas con quienes hablar. En el proceso judicial, la asiste un defensor oficial que no ha intentado historiar la vida de abusos e indefensiones, y que menos aún ha presentado circunstancias atenuantes de una pena que se prevé segura. El defensor oficial no parece creer en otra cosa que una sentencia negativa.

Con prolijidad minuciosa, la historia parece a punto de repetirse. De momento, Susana Colimán cuenta con el apoyo de un pequeño colectivo de mujeres, Mujeres por el Derecho a Vivir sin Violencia, y poco más.