Página/12 :: las12 :: Centroamérica arde

Marta María Blandón Gadea estuvo en la Argentina participando del II Congreso Argentino y III Latinoamericano de Salud Sexual y Reproductiva, que se realizó a mediados de abril en Rosario. Allí presentó el documental Historia de Rosa, y expuso sobre otro de los temas que trabaja IPAS: la creciente denuncia por parte de los médicos de las mujeres que abortan en El Salvador.

IPAS elaboró el documento El secreto profesional y la atención post-aborto: entre la espada y la pared, en el que presenta los resultados de una investigación reciente: 611 mujeres fueron denunciadas en el año 2004 después de haber llegado a instituciones públicas y privadas para atenderse por abortos mal realizados. Los casos no cesan de crecer desde 1999 y redundan en un aumento de la mortalidad materna, ya que cada vez más mujeres demoran o no recurren a la atención post-aborto por el temor a ser denunciadas.

“Nuestro estudio se centró en cómo esta actitud de los médicos significa una violación del secreto profesional, y nos encontramos con que desconocen la ley. Ellos no están obligados a denunciar, pueden ampararse en el secreto profesional, pero creen que no es así.”

La situación que se vive hoy en El Salvador tiene su origen en la modificación de la legislación sobre aborto realizada en 1998. Hasta ese momento, el aborto era permitido en casos de violación, malformaciones graves y para salvar la vida de la mujer. Pero, a contramano de la tendencia internacional –de liberalización de la legislación sobre este tema–, en 1998 se reformó el Código Penal, transformando en delito cualquier tipo de aborto, incluso el realizado para salvar la vida de la mujer. A partir de entonces aumentaron enormemente las denuncias: del año 1999 al 2000 se incrementaron en un ciento por ciento, y el 50 por ciento de los procesos por aborto entre abril y agosto del ‘98 fue iniciado por proveedores de salud.

IPAS entrevistó a 110 miembros de la Asociación Salvadoreña de Ginecología y Obstetricia (Asogoes). El 80 por ciento considera que la ley explícitamente obliga a los médicos a denunciar a la mujer que se sospecha que se hizo un aborto; y el 77 por ciento no sabe que el secreto profesional está protegido por la legislación salvadoreña, los acuerdos internacionales de derechos humanos, y la jurisprudencia nacional e internacional. En cuanto a los motivos de las denuncias, el 42 por ciento dijo que lo hacía porque la ley lo obligaba; el 24 por ciento porque temían ser acusados por sus colegas si no lo hacían; el 23 por ciento porque considera que debe ser capturado el proveedor de un aborto ilegal; y sólo el 11 por ciento consideraba que la mujer que abortaba debía ir a la cárcel.

“La consecuencia del desconocimiento de la ley por parte de los médicos redunda en muchos más riesgos para las mujeres que abortan. Es imprescindible que cuenten con mejor información –concluye Blandón Gadea–. Hace 15 días, una niña violada llegó en condiciones graves al hospital y tuvieron que hacerle una histerectomía, pero antes de eso la denunciaron.”