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La Justicia porteña puso un freno –otro freno– a una serie de destrucciones de edificios “desestimados” por esa anómica institución llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. Fue por pedido de la ONG Basta de Demoler, que cada vez más fiscaliza lo que hace el CAAP y, en este caso, presentó un cuestionamiento de fondo a la manera en que trabaja. Es que la medida precautelar firmada por el juez Otheguy se basa en lo errático del proceso con que se evalúan los edificios en el Consejo.
La medida beneficia una serie de petit hoteles “desestimados” por el CAAP, que usa esa victoriana expresión para dejar que la piqueta haga lo suyo. El Consejo era un grupito que asesoraba al Ministerio de Desarrollo Urbano en temas de patrimonio y se caracterizaba por no discutirle demasiado al ministro de turno. Con el nuevo régimen que creó, gracias a la entonces diputada Teresa de Anchorena y al actual Patricio Di Stefano, una protección especial para todo lo edificado antes de 1941, el CAAP ganó la responsabilidad de vetar o permitir la destrucción de ese universo de edificios.
Así se le sacó el poder de destruir nuestra ciudad a la anónima ventanilla de trámites, tan sugestionable ella. Pero se cayó, naturalmente, en otra situación: el CAAP nunca fue capaz de cumplir esta tarea y el ministerio se aseguró de que no lo fuera. El Consejo vive apurado por Desarrollo Urbano, que ve como una molestia tanto trámite frenador del “progreso”, no tiene presupuesto, sigue siendo un ente ad honórem y ni siquiera tiene un reglamento claro que refleje tanto poder.
Esto es lo que entendió el juez Otheguy, titular del juzgado Contencioso Administrativo 8 de la Ciudad. El juez frenó la destrucción de los edificios de Juncal 2010 y 2080, Junín 1219 y 1279, Arenales 2007, 2023, 2047 y 2095, todos alegremente desestimados por el CAAP. En un escrito preparado por María Carmen Usandivaras, presidenta de Basta de Demoler, se cuestionó el trámite en sí como violatorio de la ley que facultó al CAAP a intervenir. El juez ordenó al gobierno porteño que “tome los recaudos necesarios para impedir cualquier acción que implique alguna alteración en los inmuebles”.
Mientras, en La Boca buscan impedir una obra pública que, de hecho, implica perder uno de los muy escasos parques que tiene el barrio. El caso refleja perfectamente cómo los vecinos ya están muy por adelante de los funcionarios en esto de entender su ciudad y cómo la demagogia no convence a un público francamente lúcido en lo que llaman planeamiento urbano. Resulta que el Instituto de la Vivienda porteño salió de su conocido estado comatoso y comenzó a preparar una obra en los terrenos de la Casa Amarilla. Tal vez por el largo coma que lo afectó, el Instituto eligió una tipología de vivienda que se cae de vieja: va a edificar 438 unidades de vivienda en monoblocks. A los funcionarios les encantan los monoblocks porque dan bien en la foto y porque ellos no corren el peligro de tener que vivir en ellos, en general ni siquiera de tener que vivir cerca de ellos. Pero ya se sabe que el monoblock es una forma de apilar vecinos fracasada, fijadora de problemas sociales y difícil para los que tienen que vivir ahí.
Los vecinos agrupados en el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo tienen clarísimo el tema y protestan por partida doble. Primero, porque tomar estos terrenos sobre Almirante Brown al 500 y 600, y sobre Pi y Margall al 900 significa tapar con cemento espacios verdes que deberían ser parquizados. Quien tenga el conocimiento más casual de esa área de Buenos Aires sabe que en el sur cada parque es una excepción, una isla preciosa que no debe ser utilizada a la bartola.
Lo que lleva a la segunda protesta de estos boquenses, que indican que en lugar de tapar un raro terreno parquizable se debería intervenir en el maltratado tejido del barrio, renovando piezas existentes. La Ciudad ya es dueña de muchos edificios y terrenos en La Boca, que podrían renovarse y construirse para vivienda popular. Calculan los vecinos que el stock que ya tiene la Ciudad por esos rumbos alcanza sobradamente para hacer 438 departamentos populares y agregan que estas obras –más pequeñas y descentralizadas– revitalizarían el barrio mucho más que un conjunto de monobloques.
Claro que los funcionarios protestarán por los costos, por la cantidad de obras más chicas que tendrían que hacer y por el trabajo extra que esto significa. Pero los vecinos tienen razón: un monoblock es un hecho aislado, para la foto, que ni amaga solucionar los problemas de La Boca. Lo otro es más trabajo, pero con un poco de imaginación y de ambición puede abrir un camino para que mejore la zona.
Como esto es esperar demasiado, los vecinos convocan para el jueves a las 18.30 en Almirante Brown y 20 de Septiembre a reunirse y exigirle al gobierno porteño que paralice las obras de los monobloques y acepte construir viviendas en la trama urbana del barrio.
Mientras, en Mendoza, son funcionarios los que andan protestando por medidas que afectan el patrimonio edificado. A principios de mes, la directora de patrimonio cultural de la provincia, la arquitecta Liliana Girini, publicó un comunicado oficial diciendo que sentía “un profundo malestar” porque nadie los había consultado en la venta de dos sectores de las ex bodegas Arizu en Godoy Cruz.
Resulta que hay un proyecto para construir un hipermercado en los sectores norte y sur del edificio, que es patrimonio nacional y también provincial. La venta de esos sectores se hace por un convenio que, según la ley 6034 y su decreto reglamentario 1882 del año 2009, necesita la participación de la Dirección de Patrimonio Cultural provincial. Girini avisa públicamente que nadie la consultó para redactar el convenio y ordenó a su asesoría letrada que pida una copia del acuerdo para ver si implica la demolición de esos sectores. Es que “si se demuele desaparecería un hito importante de la memoria colectiva y se dificultaría la comprensión total del monumento”.
La obra de ese extraño arquitecto, Francisco Salamone, despierta pasiones encontradas. Algunos la aman –como el crítico de arte Ed Shaw, que se dedicó a visitarla entera en un bizarro plan de miniturismo y le dedicó un libro– y otros la odian a primera vista. Y ésa parece ser la reacción del intendente del partido bonaerense de Leandro N. Alem, que está remodelando la plaza de Vedia, planeada por Salamone.
Según avisa la arquitecta Paula Noblia, las obras son una remodelación y no una puesta en valor de un conjunto que es patrimonio cultural bonaerense según la ley 12.854, que protegió especialmente la obra de Salamone. Aunque Vedia es la cabecera del partido y la plaza Rivadavia, a remodelar, queda exactamente enfrente de la intendencia, el proyecto de obra ignora minuciosamente la ley y “moderniza” el lugar.
Las obras en el Parque Chacabuco no son apenas una muestra de mal gusto municipal: también terminaron siendo peligrosas. Este mes, un chico de cinco años terminó en el hospital con una fisura de cráneo después de que se le cayó encima una reja en uno de los patios de juego del lugar. El accidente disparó un ¿yo señor? no señor entre dos ministros que resultaría divertido si no fuera por el nene accidentado, pero que revela la profundidad de la incompetencia del gobierno porteño.
El tema no fue, para variar, la búsqueda de alguna solución al problema sino el más común de ver quién tiene la culpa. El mantenimiento de los parques y plazas es responsabilidad directa del Ministerio de Espacio Público, actualmente a cargo de un político perfectamente ignorante del tema, Diego Santilli. En situación normal, la caída de la reja estaría plenamente en el escritorio del ex vicepresidente de la Legislatura, pero resulta que el Chacabuco está en obra. Y las obras son responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo de Daniel Chaín, arquitecto que parece considerar normal pintar con esmalte sintético los monumentos.
El pase de la papa caliente se da en los términos de un decreto del año pasado firmado por Mauricio Macri, en el que encomienda a Espacio Público “el mantenimiento de las obras ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano que se encuentren libradas al uso público”. Chaín y su gente explicaron al periódico digital La Política Online que eso de “librar al uso público” es automático y por ende la culpa del accidente les cae a Santilli y los suyos. Pero resulta que en el mundo burocrático municipal casi nada es automático y Chaín tiene que firmar un decreto dando por terminada una obra, de modo que sus colegas de gabinete se den por enterados y sepan qué tienen que cuidar. Según parece, nadie se acordó de este paso y, también parece, no es la primera vez que se omite esta formalidad importante.
Lo que queda perdido en este vals entre funcionarios es la pregunta de cómo puede ser que se caiga una reja en la cabeza de un chico. ¿Con qué estaba pegada?
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