Página/12 :: m2 :: Patrimonio y participación

La necesidad de implementar políticas para lograr la apropiación social del patrimonio suele estar presente en todos los discursos, pero pocas veces tiene un reflejo en acciones concretas.

La ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de ello, ya que desde 2003 tiene una ley que obliga a incorporar en los programas educativos el reconocimiento y la valoración del patrimonio cultural, pero esto jamás de hizo.

Una vez más, nos llega una buena lección desde México. Desde hace una década el Instituto Nacional de Antropología e Historia –el poderoso INAH– desarrolla un programa de valoración y conservación preventiva de bienes culturales en más de 100 localidades de ese país.

El INAH informó recientemente que trabajan en la restauración de pinturas, esculturas, retablos, objetos litúrgicos, pintura mural y acabados arquitectónicos, con la participación de especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (Cncpc) del INAH.

Actualmente, están trabajando en 20 proyectos de distintas comunidades del país, entre ellos la limpieza y restauración del retablo principal de la Iglesia de la Natividad de María en Coatepec, en el municipio mexicano de Ixtapaluca, y la reproducción de cinco cuadros y cuatro esculturas del Templo de San Miguel Acambay, en Hidalgo, que fueron robados hace dos años.

Lo destacable es que esta tarea se realiza con la participación del Area de Atención Técnica a Grupos Sociales, que impulsa el apoyo a las comunidades en la preservación de su patrimonio, logrando fortalecer los lazos con la comunidad donde se encuentran estos bienes culturales.

Los especialistas del INAH detectaron que las obras de arte restauradas, poco tiempo después, nuevamente estaban deterioradas, por lo cual se tenían que volver a intervenir, con lo que esto implicaba en términos de costos y riesgos para las piezas.

Fue a partir de esa reflexión que implementaron una iniciativa en la que se involucra a los ciudadanos en el conocimiento y cuidado de su patrimonio, logrando la participación de las comunidades en la conservación preventiva de los bienes, lo que conlleva también a la recuperación del legado histórico e identidad de cada localidad.

Para ello, el INAH desarrolla materiales de difusión en los que se explica qué es el organismo, cómo proteger los bienes culturales que utilizan en procesiones u otras actividades, cómo evitar robos o incendios, qué hacer en caso de que suceda alguno de estos percances, y qué pasos legales hay que seguir para constituirse como grupo de apoyo.

“Se les ofrece información en un lenguaje muy accesible y los orientamos en las gestiones, es decir, en los procesos a seguir para obtener recursos económicos alternos con fundaciones o apoyo de otras asociaciones, destinados a la conservación de sus bienes culturales”, explican los involucrados.

Actitud totalmente contraria a la de las autoridades locales, que reniegan de la participación ciudadana en la defensa del patrimonio arquitectónico y hasta han intentado desacreditarla diciendo que no es un tema para que se tenga que ocupar “Doña Rosa”, o negando el acceso a espacios de decisión como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.