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Y ahora le llegó a una indudable pieza de la memoria porteña, un indiscutible. Los 36 Billares va a cerrar, dejando un hueco en Avenida de Mayo 1200 que vaya uno a saber con qué van a llenar. Como el macrismo no entiende por qué tanta historia con bares viejos y nadie tiene tiempo o paciencia para crear un marco legal claro, seguimos en la misma: cada cambio de propietario de un Bar Notable es una emergencia, puede ser un desastre y termina en una discusión.
Como se ha comprobado con gran claridad en seis años de gestión, el ministro de Cultura Hernán Lombardi entiende su cartera como una expresión de su especialidad, el turismo (entre otros emprendimientos, tiene el Bus Turístico y una tanguería inmensa). Lombardi aterrizó en Cultura para salvar el papelón de Mauricio Macri, que simplemente no tenía una figura cultural en el PRO, y en ese sentido hizo un buen trabajo. Pero no es un hombre de la cultura en ningún sentido discernible y su sordera se le nota.
Por ejemplo, en estos casos de colisión entre el derecho de un privado a vender e irse de vacaciones –o jubilarse, o cambiar de rubro– y la necesidad de preservar un capital social cultural como es un bar de tremenda memoria como los 36. Ni Lombardi ni nadie en el macrismo parece entender siquiera de qué les están hablando, mucho menos tener una idea creativa para establecer un mecanismo creativo, flexible.
Con lo que se llega a la emergencia y la inmediata presentación de un proyecto de catalogación del bar por parte del bloque kirchnerista en la Legislatura. Lo presentado incluye una lista de contenidos que van de las arañas, las puertas de buena madera, los vitrales del frente, las mesas y taqueras, los mostradores –que pese a sus “techitos” con dicroicas son de buena madera y de época–, el cristalero, mesas y sillas, y sobre todo su fina, maravillosa boisserie. El lugar quedará así protegido en cuanto a su remodelación, vaciamento o remoción, pero no a su futuro. Aquí es donde Cultura debería intervenir creando un mecanismo de gestión de estos casos. La ventaja es que todo es chico, con lo que el verdadero jefe de Lombardi, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, no se va a enojar. Los 36 están ahí desde 1894 y perderlos, transformados en pizzería o local comercial, es una posibilidad que debería despertar al gobierno.
No es el caso de los adoquinados, un negocio enorme que va al riñón de los intereses de Macri, constructor especulativo él mismo. Como se sabe, su gobierno insiste en levantar los empedrados aunque nadie puede siquiera inventar una excusa coherente. Recientemente, el PRO presentó un proyecto siniestro que mandaba retirar todas las piedras excepto 1800 cuadras, una fracción apenas de lo existente en la ciudad. Tras mucha, pero mucha negociación, esta semana se consensuó un nuevo texto en el despacho 470. La primera novedad es que esta ley no deroga la 65, que protegió tanto empedrado y permitió los amparos que frenaron el negociado. El primer artículo declara “las calles construidas con adoquinado granítico” como patrimonio cultural en los términos del artículo 4 de la Ley 1227.
Las comunas tendrán que realizar un inventario provisorio de calles empedradas como base de un Catálogo Definitivo, con especial atención a las APH, las áreas de arquitectura especial, los sitios históricos, los espacios públicos, las Urbanizaciones Parque y “otras vías terciarias”, que es una manera complicada de decir calles y de dejar afuera a las avenidas. Lo más gracioso del proyecto es que el Catálogo Definitivo tiene que hacerlo la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. La comicidad viene de que su actual titular, Fernando Pinal, desarmó por completo esa entidad, que ya no es siquiera un sello de goma, desde que le dieron el Museo de la Ciudad. La comisión no tiene ni remotamente la capacidad de hacer un catálogo de su mobiliario, ni hablar de las calles porteñas, y la performance de Pinal como funcionario público no inspira exactamente confianza.
Por suerte, la ley prosigue sin permitir, como el proyecto oficial, que el macrismo venda las piedras removidas, que deben ser usadas para arreglar los empedrados existentes, construir nuevos en calles y senderos de parques, ponerlas en bulevares o, si están rotas, ponerlas en los durmientes del subte. El artículo final ordena que las calles empedradas alrededor de monumentos o lugares históricos de la ciudad sigan empedradas y sean mantenidas con adoquines.
Este juego de presentar proyectos truculentos para luego negociar algo más razonable, pero conveniente para los intereses que representa, no se limita al empedrado. El PRO se enfrenta ahora a una movida que toma fuerza para finalmente crear el muy demorado régimen de penalidades que ordena la ley de patrimonio porteño, la 1227. Sancionada en tiempos de Aníbal Ibarra, la ley fue cuidadosamente cajoneada por sus supuestos progresistas funcionarios. Estos fueron los años que mancharon el nombre de Silvia Fajre, que sacó la ley del cajón sólo ante un amparo de la entonces diputada Teresa de Anchorena. Lo que no hubo caso fue de crear el régimen de sanciones a quienes rompieran la historia. La última que se animó fue Josefina Delgado, la subsecretaria del área del entonces flamante ministro Lombardi, que encontró la carpeta en el cajón de Fajre, logró la firma de su jefe y lo mandó a Macri. Chaín fusiló el tema en una nota de tres líneas, mostrando quién mandaba.
Ahora, el macrismo no puede fusilar el proyecto pero sí hacer lo mismo que hizo con el tema de los artistas callejeros, donde propuso un registro por el cual todos podían anotarse libremente y “avisar” formalmente dónde iban a actuar. El truco es que actuar en la calle hoy no es delito, pero si se crea un registro pasa a ser una contravención no tener el permiso para esa esquina, día y hora. En el caso de la 1227, lo que el macrismo creó es un laberinto donde perderse fácil. Por ejemplo, si alguien hace una pintada en un frente, la multa sería de entre 20000 y 50000 Unidades, moneda que nadie sabe si vale 2,50 pesos o 5. La ley se aplica sólo a colecciones, archivos, usos consuetudinarios, sitios arqueológicos y unos pocos edificios, y le da todo el poder de administración a la increíble directora de Patrimonio, Liliana Barela...
Pero la verdadera treta es una frasecita al pasar que afirma que como “no hay sanciones en el Código”, el sistema se puede aplicar para edificios también. Esta falsedad –si hay algo en el Código son sanciones– permitiría que Barela pudiera aprobar con un plazo de quince días corridos la demolición de cualquier cosa porteña. Además de neutralizar hasta al dócil CAAP, esto pondría todo bajo el amistoso sello de la disciplinada Barela, que nunca le dijo que no a un jefe. El despacho tiene carácter de urgente y pedido de preferencia para ser votado esta semana.
Ante la tontísima discusión que inventó el PRO por el tema del Parque Lezama, la Cámara de Diputados puso orden en el tema. Como se sabe, el macrismo quiere destrozar este parque de extraordinaria delicadeza y belleza por su planteo, su ya rara topografía y sus muchos objetos de arte. Desde la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos ya habían avisado que la maqueta presentada era ahistórica y dañina –ya se nota la presidencia de Jaime Sorín– pero no alcanzaba porque el gobierno porteño inventó que el parque no era un Monumento Nacional, apenas el Museo Histórico Nacional creado en la quinta de Lezama y su jardín inmediato.
María del Carmen Bianchi, diputada kirchnerista, presentó un proyecto muy detallado que tuvo mucho input de Mónica Capano, del Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas. El proyecto simplemente declara el Parque entero como parte del Monumento Nacional y, por fin, incluye un inventario de los objetos que contiene. Fue casi gracioso ver al diputado macrista Obiglio criticar la idea con argumentos equivocadísimos. Según este PRO, que el Congreso declare monumento nacional un parque porteño significa que “vienen a quedarse con las plazas”. Dado que la misma Legislatura porteña es un monumento nacional, resulta clarísimo que Obiglio y los que le dieron letra no tienen muy en claro la relación entre el gobierno central y las provincias, cosa que podría aprender leyendo la Constitución. El Parque Lezama sigue siendo de los porteños y tiene ahora clara tutela nacional. Y en buena hora...
Es que podría pasarle lo que les pasa a tantas cosas bajo custodia del macrismo, que inventa cosas para los negocios inmobiliarios y para nadie más. Como la tontísima Area de Protección Histórica Correo-Aduana que votaron en primera lectura este jueves a la tarde. Este proyecto retoma un decreto de la dictadura que protegía el palacio y la plaza de enfrente, que casi fue cedida a un banco japonés para hacer una gran torre. Ni los militares se bancaron el negociado y protegieron el lugar como patrimonio. El año pasado, el macrismo retomó la idea ampliándola un poquito y dando el rango de APH. Luego vino el tema de la estatua de Colón y ahí decidieron, con toda hipocresía, presentarse como defensores del patrimonio. El APH fue estirado de Tucumán hasta Belgrano, cosa de incluir la Plaza Colón, pero luego se volvió a achicar hasta Corrientes, porque la manzana entre Corrientes y Lavalle es muy rentable y contiene edificios bajos y hasta un lote libre que pueden venderse a buen precio. La desprolijidad fue tal, que quedó la Plaza Roma en el APH, separada por esa manzana rentable del resto del conjunto.
El secretario Héctor Lostri, mano derecha y socio comercial de Chaín, defendió la idea inventando cosas como un sistema de parques en el Bajo y una continuidad patrimonial de lugares que estaban, hasta fines del siglo 19, bajo el agua. La Plaza Colón cubre la planta de la Aduana de Taylor y la vereda hacia el río de Alem-Colón es relleno, que se prolonga por Puerto Madero. De hecho, quien se pare en el carril central de la avenida y mire al este podrá imaginar que tiene los pies en el agua y está viendo veleros navegando por el Luna Park o el Correo Central.
De lo que se trata esto es de atacar al Gobierno y tratar de reabrir la calle trasera de la Casa Rosada, una locura en materia de seguridad.
También hubo leyes para Floresta, cuyos vecinos se movilizan como pocos. Esta vez, lograron la catalogación de 66 edificios de todo tipo, dentro y fuera del maltratado APH que tan poco respeto parece merecerle al gobierno porteño. Los de Floresta se lucieron apurando a los diputados, con el fuerte argumento de que el proyecto ya tenía despacho, ya se habían negociado las muchas bajas –al macrismo hay que negociarle cada casa, porque cada una es un negocio inmobiliario menos– y no había otra razón que la fiaca o la trampa para demorarse más. Parte del festejo será al aire libre, en la plaza Vélez Sarsfield, donde la comuna 10 sigue realizando su ciclo de Cine a la Luz de la Luna. Hoy se puede ver Hermanitos del fin del mundo y el viernes Dios se lo pague, un clásico que cumple 65 años. Es siempre a las 20 horas.
El arquitecto especialista en gestión de conservación y más en restauración de monumentos históricos Marcelo Magadán pidió una aclaración sobre un tema que le toca. El sábado pasado se difundió por agencias y se publicó en este diario un texto sobre la decisión judicial del desmonte del monumento a Colón. En la nota se leía que “La Justicia y todas las partes, junto con sus consultores técnicos, realizaron una inspección ocular del Monumento de Cristóbal Colón, de donde surgió que las tareas llevadas a cabo fueron hechas para su preservación”.
Magadán aclara que “soy uno de los peritos convocados y quiero dejar constancia que en el informe presentado por mí a la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en ningún momento dije que ‘las tareas –estamos hablando del desmonte– fueron hechas para su preservación’, sino todo lo contrario. En el informe, así como en las conversaciones con el Sr Presidente de la Cámara, el Dr. Jorge F. Alemany, expresé firme y claramente que para restaurar el monumento, no solo no era necesario su desmonte, sino que el desarme contribuía fuertemente a la destrucción de la obra, tal como tuvimos oportunidad de comprobarlo quienes participamos de la inspección realizada al mismo el jueves 21 de octubre”.
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