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Los lectores de m2 recuerdan la batalla por el patrimonio de la capital bonaerense, en grave peligro por la aparente compra en efectivo o en especie del Concejo Deliberante de La Plata. Hace ya dos años, la Corte Suprema de la provincia tuvo que frenar un Código de Planeamiento Urbano pasado a libro cerrado en 2010 con la ordenanza municipal 10.703, que permitía simplemente demoler el casco histórico de nuestra única ciudad planificada. Pues pasaron dos años y la municipalidad platense se amañó para no cumplir la orden judicial con un “obedezco pero no cumplo” digno de la Colonia. Y ahora los jueces finalmente reaccionaron y emitieron una resolución preguntando qué hizo el gobierno municipal en estos 24 meses.
La resolución fue firmada por los jueces Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters, Héctor Negri, Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani y Eduardo Néstor de Lázzari, y retoma la demanda presentada por las ONG Biosfera, Hojas de Tilo y Nuevo Ambiente. Estos grupos pidieron un amparo contra la ordenanza de 2012, que garantizaba el negocio especulativo abriendo las alturas en pleno centro histórico platense. Como La Plata fue planificada, el centro histórico –allá llamado Casco Fundacional– es clarísimo porque es el plano primero del tejido urbano. Ya muy deteriorado por decenas y decenas de edificios fuera de escala y con el estilo ramplón y aburrido que ya es estándar, el casco sin embargo conserva lugares de gran coherencia estilística.
Para salvarlos se le pidió a la Justicia que bajara de un hondazo el bodrio deliberante y pusiera un poco de seriedad técnica. La Corte ordenó parar la ordenanza y realizar un “estudio de prefiguración” del área histórica, un catálogo razonado de tipologías, tamaños y alturas futuras. A la municipalidad no le gustó nada, pero nada, este rigor técnico que le imponían y logró pasar otra ordenanza, la 10.896, que nunca fue convalidada por el Ejecutivo provincial, como corresponde, pero permitió desmanes varios.
La municipalidad platense –hay que admitirlo– tiene buenos abogados y logró crear una suerte de limbo jurídico desde el que tuvo dos años para emitir permisos de demolición y de obra, excepciones y otros papelitos rentables. Es que en agosto de 2012 la municipalidad consideró que no tenía 120 días para realizar el estudio de prefiguración, como decía la Corte, sino que tenía un año contando a partir de que la provincia convalidara la ordenanza 10.896. Como ya se dijo, esto nunca ocurrió, con lo que el Ejecutivo municipal transformó un fallo con calendario en una abstracción con plazos infinitos que dependen de la buena voluntad del gobierno bonaerense. Como para disimular, los municipales presentaron una carta de intención firmada con un laboratorio afiliado al Conicet para realizar el informe. Pero, que se sepa, nadie hizo nada todavía.
Todo esto no es gratis para la cultura platense y su patrimonio edificado. Las casas Mammoni y Cipriano Reyes ya están desfiguradas por obras inconsultas que un gobierno serio nunca hubiera permitido. También se perdieron edificios catalogados en 2006, como la casa chorizo de 55 y 10, la casona en 49 y 9, y la casa racionalista diseñada por Guido Lavalle en la avenida 51. A la vez se autorizaron complejos hoteleros en zonas hasta ahora protegidas, como la manzana formada por 5, 6, 43 y 44, o el catalogado Taller Minoli. Estas obras significaron edificios demolidos o torpemente desfigurados, sin que los organismos de Patrimonio opinaran.
Como se ve, la historia es la de siempre: un gobierno municipal que no puede siquiera entender el concepto de patrimonio urbano y afirma que ponerle límites a la codicia especulativa es ruinoso y contrario al progreso. Mientras tanto, algunos hacen buen dinero a costa de la propiedad social del paisaje urbano, sin que les importe el deterioro de la ciudad. La Plata fue hermosa pero ahora tiene el mismo aspecto confundido de tantas ciudades argentinas, invadidas por medianeras de edificios demasiado grandes y sin la menor gracia o talento.
Con su resolución, la Corte bonaerense avanza en la creación de un nuevo tipo de derecho, cultural y urbano, y destaca como suele ocurrir el violento contraste entre la desprolijidad del trámite municipal y cualquier noción de procedimiento. Para empezar, avisa que no aparece por ningún lado la convalidación por el gobierno de la provincia de la nueva ordenanza y ordena que le informen sobre ese trámite en término perentorio y urgente. Luego le avisa por las dudas a la municipalidad que “la prórroga que el propio municipio parece intentar adjudicarse a sí mismo para el cumplimiento de la realización del estudio ordenado (...) carece de eficacia para enervar los efectos de lo resuelto por el Tribunal en la causa. Por consiguiente, con los elementos efectivamente reunidos en el proceso, esta Corte evaluará la circunstancia descripta precedentemente, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de resguardar los valores superiores urbanoambientales comprometidos en el litigio”.
Tomó dos años, pero finalmente hubo una reacción. Será fascinante ver qué inventa esta vez la municipalidad.
El tema de la reconversión del edificio de Viamonte y Córdoba de siniestro centro de la represión durante la dictadura e espacio educativo de la Universidad del Salvador despertó varias memorias. El arquitecto Jorge Eduardo Losada escribió recordando que ese edificio fue originalmente el Comando en Jefe del Ejército hasta su posterior traslado al gigantesco Edificio Libertador de la avenida Paseo Colón. De hecho –recuerda Losada– el joven coronel Juan Domingo Perón tenía ahí sus oficinas en los años fuertes del ’43 al ’46. Hugo Pontoriero, jefe del departamento de Museología del Museo Nacional de Arte Decorativo, agrega un dato que completa el círculo: depuesto Perón, fue a ese edificio adonde llevaron el cadáver de Eva Perón y donde lo guardaron arriba de un armario hasta enterrarlo bajo nombre falso en Italia.
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