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Mientras los porteños festejan que el aparentemente interminable tema de la Confitería del Molino está empezando a solucionarse con su nacionalización y futura restauración por el Congreso, el macrismo sale a marcar contrastes despejando algunas propiedades más para que las demuelan sus socios comerciales y validadores políticos. El truco legal es de lo más leguleyo y administrativo, de los que pasarían inadvertidos si no fuera porque tienen que votarse en la Legislatura. El PRO preelectoral va a dar de baja a 138 edificios protegidos por el CAAP.
El proyecto de ley fue aprobado esta semana por los “más amigos” de las demoliciones en la Legislatura, la Comisión de Planeamiento, con la curiosidad de que fue directo a la mesa de los diputados, sin pasar por los asesores. La razón aducida es doble, y ambas son muestras de mala fe. Por un lado, se dice que varios de estos 138 edificios están deteriorados y ya no vale la pena conservarlos. Que estén en mal estado es culpa y responsabilidad directa del Ejecutivo porteño, que tiene que punir a quienes maltraten edificios protegidos. La segunda razón es que otros edificios “no tienen méritos”, cosa que no le corresponde decir al Ejecutivo si el CAAP los considera valiosos. En todo caso, son los legisladores los que votarán por sí o por no.
El gato encerrado aumenta si se considera la gran parsimonia con que el CAAP acepta preservar algo. La base del sistema es la Ley 3056, que impide demoler edificios anteriores a 1941 sin que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales los vea primero. Esto de ver es literal, porque en general le echan una mirada a una foto y eso es todo amigos. Este bajo nivel explica que de 154.437 edificios anteriores a 1941 se hayan revisado apenas 16.739. La tasa de protección es muy baja: en noviembre, cuando Mauricio Macri se dignó finalmente mandar la lista de edificios a catalogar a la Legislatura, después de seis años de trabajo, el proyecto contenía apenas 2034 edificios. Redondeando, un quince por ciento.
Pero hasta esto molesta a los especuladores, que piden despejes y hasta logran, como se informó recientemente en m2, que les perdonen las demoliciones como “errores”. No extraña que la kirchnerista Gabriela Alegre, que votó en disidencia, diga que la lista de los 138 “no tiene ninguna razón de ser”. La legisladora señaló un elemento nada casual del proyecto macrista, que prácticamente todos los edificios a sacar de las protecciones son pequeños, de planta baja o a lo sumo un piso. Como se sabe, los especuladores consideran esto un insulto porque el edificio no “completa su carga arquitectónica”, manera fina de decir que desperdicia muchos pisos que se podrían construir.
En la lista de los 138 a demoler hay cosas como la casa de Virginio Colombo, en Gallo 555, una belleza incluida en el APH del Abasto y sujeta a una ley específica de catalogación de Alegre y Eduardo Form. También hay “terrenos ocupados” como el muy grande Amenábar 1457, el cine Aconcagua y la ex fábrica Volcán de la avenida Cobo. Para ver cómo la lista fue preparada para “desarrollar” torres, basta ver las tiras enteras en La Boca y Barracas que se abrirían a la demolición y las futuras torres. No son piezas aisladas sino medianera a medianera, como para unir parcelas e irse para arriba cómodos.
Y como todos en el macrismo en funciones son empresarios del rubro, no se olvidaron del negocio propio: el Mercado del Plata, sede del ministerio de Daniel Chain, dejaría según el proyecto de ser Edificio Notable. Lo quieren vender y el próximo dueño no querrá restricciones a las remodelaciones.
En Barracas están enojados con esa institución dedicada al lobby de las grandes constructoras y los grandes estudios que es el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas. En lugar de defender a sus miembros –que lo son por obligación, si no, no pueden ejercer– el CPAU se dedica a vender la idea de la alta densidad y el megaedificio, un perfil comercial que deja a sus socios como empleados a sueldo de los grandes. El CPAU lo hace de modos insutiles, como el sistemático voto en contra de todo de su representante en el CAAP, pero también de maneras más finas.
Una es la idea de “Moderna Buenos Aires” que empezó este jueves, un recorrido por Barracas en tres formatos de caminata, de paseo para dibujar y de safari fotográfico.
En sí, la idea no es mala, pero el recorte que hace el CPAU del patrimonio del barrio equivale a lo que hizo Stalin con las fotos de la revolución, cuando borraban a cada fusilado o exiliado a Siberia como si nunca hubiera existido. De los 49 lugares a visitar, 34 son edificios en altura y el resto plazas, iglesias, pasajes o conjuntos de casas. La idea es, como dice el slogan del evento, Mirar Barracas, pero también se avisa que es una “campaña de difusión de la arquitectura moderna”. Esta contradicción se resuelve al ver que la selección es casi bizarra: por un lado hay muchos edificios racionalistas, pero en la volada caen predios incomprensibles, de los de hormigón y balcones corridos, de los que cubren mediocremente nuestra ciudad desde los años sesenta. Y hay apenas alguno que otro edificio en estilo más tradicional, generalmente un templo o una fábrica reciclada como vivienda por algún miembro actual del CPAU.
O sea, un adoctrinamiento público para la idea central de la especulación inmobiliaria, la de construir una ciudad masiva, de alta densidad, lucrativa y recargada.
Mientras, la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos comunicó algunas decisiones que permiten ver la diferencia cuando alguien controla con generosidad. Por ejemplo, el meneado tema del pabellón de piscinas y gimnasio del Círculo Militar, que se asoma sobre la calle Maipú y preocupó porque cierra el patio del Palacio Paz. La Comisión recibió un anteproyecto de obra y lo consideró “viable”, pero avisó que “la documentación de obra definitiva deberá ser presentada para su evaluación”. Decisiones parecidas se tomaron respecto de obras menores en el Yacht Club Argentino, el viejísimo puente de ladrillos en el río Areco, y hasta el Congreso Nacional. Y, una buena noticia, se les instruyó a los que reparan la Casa del Puente de Amancio Williams que estudien la lucarna original, arruinada, y que la reconstruyan con el material original, probablemente madera.
Por otro lado, y para hablar de un problema grave en la ciudad, Basta de Demoler y la Comuna 2 invitan a otra charla de su ciclo de temas urbanos. Este miércoles a las 18.30, el arquitecto Germán Carvajal va a hablar sobre el vandalismo contra el arte público en plazas y calles. Es en Uriburu 1022.
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