Página/12 :: m2 :: El que se quemó con leche

En la esquina de Güemes y Agüero se alza, cubierta por hiedras, la casa de Tita Tamames, un muy bonito edificio famoso por su estilo, sus interiores y su jardín interior, que disfruta de una fachada interior. El edificio está en venta, junto a las casas vecinas que forman parte del patrimonio de la familia. Un grupo de inversores se interesó en hacer allí una torre, justamente la pesadilla de los vecinos, y la historia de qué está pasando es una muestra de cómo la indefensión del patrimonio puede revertirse si se quiere y si los vecinos ponen el hombro.

Resulta que ante el sonado caso de Montevideo 1250 y después de tantos vecinos de tantos barrios politizando el asunto, las empresas tienen más cuidado: nadie quiere quedar como Ia Plaza Vicente López. Mucho más prudentes, estos inversores comenzaron a averiguar sobre el status legal del edificio y se enteraron de que ya está inhibido. Sucede que la casa Tamames está incluida en la lista de edificios representativos de la Ciudad, compilada por un Ministerio de Cultura que todavía no puede creer que tenga validez legal. Pero la Justicia ordenó que la tenga y afirmó taxativamente que todo edificio en proceso de catalogación queda inhibido de demolerse, algo que la Comisión de Patrimonio le comunicó a la Dgfoc por nota 111CPA07 y que esa Dirección recibió con el registro 14235/07. Pero que se olvidó de avisar a los prudentes inversores, que comenzaron a hacer sus propias averiguaciones.

Para mejor, la gran esquina es sujeto de un proyecto de catalogación individual, generado por la diputada porteña María Eugenia Estenssoro, flamante senadora electa por la Capital. Con lo que la esquina está recontra inhibida, aunque la Dgfoc no se dé por enterada.

Mientras, los escribanos han detectado una flamante figura legal que no existía hace apenas meses. Se trata de contratos de compra de casas en las que el precio final y las condiciones de pago quedan sujetos a que se autorice la demolición del edificio existente. Si no se lo puede destruir, no se paga y la operación se cae. Semejante inseguridad jurídica es producto de las vacilaciones del gobierno porteño, que podría haber resuelto esto hace años, custodiando el patrimonio y evitando estas sandeces.