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La decisión de senadores del PJ de aumentarse los fondos para subsidios de 14 mil a 20 mil pesos mensuales tuvo ayer otro coletazo. La Fundación Derecho Social -una ONG que monitorea la actividad parlamentaria desde hace tres años y bregó, entre otras cosas, por las votaciones nominales de los legisladores- pidió ahora un informe al Senado santafesino y a la Cámara de Diputados para saber cuánta plata reparten los legisladores y cuál es su destino. Porque -según la fundación- ya no son 20 mil los que tienen para repartir, sino más 30 mil pesos mensuales, discriminados en tres rubros (partida para subsidios, gastos de funcionamiento y gastos protocolares). Y si bien algunos rubros se entregan contra comprobantes, nunca sobra nada". Los senadores "siguen dispensando fondos sin ningún control serio, sin hacerlo a la luz pública. Y, lo que es peor, sin norma que les autorice a hacerlo", agregó.
El escrito fue presentado en las dos alas de la Legislatura por los abogados Domingo José Rondina y Leandro Mega, presidente y tesorero de la fundación que lucha por "la transparencia legislativa" y se propone "accionar colectivamente por la operatividad de los derechos constitucionales", entre otros objetivos. La entidad fue creada en el año 2004 y tiene persona jurídica.
El pedido pretende que la presidencia de cada Cámara "haga público todo lo vinculado a los gastos que, con carácter discrecional, manejan los legisladores. Y a tal fin se pide que informen: monto asignado mensualmente (a cada senador y diputado), monto gastado mes por mes, sobrante del mes, destino de cada pago, beneficiario y tipo de comprobante rendido (ticket, factura, recibo simple)".
"Ello respecto a los siguientes rubros: partida para subsidios, gastos de funcionamiento y gastos protocolares", dijo la fundación. "Porque entre los tres, según información en nuestro poder, cada legislador llega a manejar más de 30.000 pesos mensuales. Y si bien algunos rubros se les entregan contra comprobantes, nunca sobra nada. Siguen dispensando fondos sin ningún control serio, sin hacerlo a la luz pública. Y, lo que es peor, sin norma que les autorice a hacerlo".
"Cuando se les cuestiona (este manejo discrecional de fondos, los legisladores) suelen alegar que la Constitución de Santa Fe autoriza a la Legislatura a otorgar subsidios. Es cierto. Pero no puede esta autorización dada al cuerpo, convertirse en una habilitación para que cada legislador individualmente maneje una caja propia, sin controles. Es la Legislatura, en sus sesiones abiertas, por voto mayoritario y público, la que debería asignar subsidios, y no permitir que cada diputado o senador siga en la soledad de su despacho autorizando beneficios.
"No es propio del sistema de división de poderes que el Poder Legislativo asigne subsidios. Tampoco es tolerable en el sistema republicano que se gasten dineros públicos sin control y sin posibilitar el acceso ciudadano a dichos datos".
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