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Desde Santa Fe
La diputada Alicia Gutiérrez lamentó que el Senado de la provincia no tratara en el período ordinario de sesiones que finalizó esta semana una ley para crear el Registro Unico de la Verdad que ya tenía media sanción de la Cámara baja desde setiembre del año pasado pero que ahora, al perder su estado parlamentario, recién podrá ser tratado por la Legislatura en 2007. "Creo que a pesar de los discursos, no hay voluntad política de aprobar iniciativas que nos permitan recuperar la memoria", disparó la legisladora del ARI. Una crítica directa al gobernador Jorge Obeid, al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino y a los senadores del PJ, que dejaron caducar un proyecto que es similar a leyes que ya están vigentes en otras provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco. Declaraba de interés la búsqueda de restos de desaparecidos en Santa Fe, creaba un registro de tumbas NN en todos los cementerios de la provincia entre 1976 y 1983 -ante la presunción de que fueron inhumadas víctimas de la dictadura- y organizaba un sistema para preservar los lugares de la burocracia y olvido y permitir una identificación de los restos en el futuro.
"Me llama la atención lo que sucedió con este proyecto del registro de las tumbas NN en el Senado de la provincia. Estuvo durante largos meses en la comisión de Asuntos Constitucionales (que preside el senador del PJ, Joaquín Gramajo Benavides) y nunca fue tratado, a pesar de que el propio secretario de Derechos Humanos (Domingo Pochettino) había dicho que le parecía interesante y que se podía poner en práctica", dijo la diputada Gutiérrez. "Pero esto revela que a pesar de los discursos, no hay voluntad política de aprobar iniciativas que nos permitan recuperar la memoria".
Gutiérrez propuso la creación del Registro Unico de la Verdad en un proyecto de ley que presentó el 15 de abril de 2004, con la compañía de los tres diputados de bloque: Antonio Riestra, Verónica Venas, Aldo Strada y otros tres del arco opositor: la radical Mónica Peralta y los socialistas Alfredo Cecchi y Lucrecia Aranda.
Fundamentó la iniciativa en un derecho que viene desde el principio de los tiempos: el derecho al duelo. El derecho a enterrar a los muertos. "En la Argentina, el Estado cometió uno de los crímenes más atroces contra la humanidad: la desaparición forzada de personas. Por lo tanto, ese derecho al duelo fue negado a miles de personas que aún hoy sufren no sólo la ausencia de su familiares, sino también la no certeza de su destino final. Al no haber un límite entre la vida y la muerte, las consecuencias fueron más atroces que la muerte", enfatizó la legisladora del ARI y compañera de un militante político desaparecido en la Quinta de Funes, en 1977.
El proyecto de Gutiérrez se articulaba con otras provincias que ya han legislado sobre el tema. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires creó el Registro Unico de la Verdad el 24 de agosto de 2000 (ley 12.498), la Cámara de Diputados del Chaco el 10 de junio de 2004 (ley 5.400) y la de Entre Ríos avanzó con un proyecto del diputado Raúl Patricio Solanas.
Pero en Santa Fe no sucedió lo mismo. Tuvo un rápido trámite en la Cámara de Diputados, con despachos favorables de las comisiones -Derechos y Garantías y Asuntos Constitucionales- y media sanción, el 9 de setiembre de 2004, incluso con el voto de los diputados del PJ. Pero se frenó en el Senado, donde murió en un cajón de la comisión de Asuntos Constitucionales esta semana. "No lo trataron y perdió estado parlamentario", se lamentó Gutiérrez.
-¿Qué motivos invocaron los senadores para dejar caer este proyecto? -, preguntó Rosario/12.
-Hemos solicitado su tratamiento por secretaría, pero evidentemente no hubo voluntad política del partido mayoritario de tratar este tema -contestó la legisladora. "Lo que pide el ARI es que los proyectos no caduquen por falta de tratamiento, si el bloque del PJ no está de acuerdo que haga su despacho, nosotros el nuestro y se discuta en el recinto. Que se rechacen en el recinto, pero no que caigan por falta de tratamiento como en este caso", agregó.
El 9 de setiembre de 2004, cuando se votó la media sanción en la Cámara de Diputados, Gutiérrez dijo que "el juicio a las juntas militares demostró que el mecanismo de desaparición forzada de personas formaba parte de un plan sistemático de la dictadura de Videla para el exterminio de militantes populares y sociales que pensaban diferente. El asesinato de 30.000 compañeras y compañeros es una herida que aún está abierta en el pueblo argentino y no cerrará mientras no haya verdad y justicia".
"Parte de ese recorrido –dijo- comenzó en Santa Fe después de 20 años. Primero, con la causa por la Quinta de Funes y después con la reapertura de la causa madre del II Cuerpo de Ejército que es la causa Feced, en la que están detenidos asesinos y torturadores como (José) Lo Fiego". "Este proyecto, aunque tarde, pretende reparar en alguna medida la imposibilidad de miles de argentinos de enterrar a nuestros muertos y hacer el duelo. Hoy comenzamos a saldar una vieja deuda", se ilusionó Gutiérrez. Nunca imaginó que un año después la ley sería letra muerta en el Senado.
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