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Miércoles, 25 de junio de 2008
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Cuestionan la demanda judicial de candidatos a jueces comunales

Una potestad del gobernador

El Secretario de Justicia, Roberto Vicente, consideró que la presentación por inconstitucionalidad "interfiere en la división de poderes". Afirmó que establecieron un mecanismo más transparente y negó que haya derechos adquiridos.

Por José Maggi
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El secretario de Justicia consideró que los concursantes no deben ganar necesariamente.

El secretario de Justicia santafesino Roberto Vicente advirtió ayer que la presentación realizada por siete ternados para ocupar juzgados comunales cuyos concursos fueron dejados sin efecto "intenta interferir en la división de poderes". Y negó que "se hayan violado derechos adquiridos" porque sólo había una expectativa de quienes concursaron. Vicente defendió la decisión de Hermes Binner porque estaba dentro de sus facultades. "Era su potestad designar o no a los ternados. Y la no designación o el cambio de las reglas de juego no es inconstitucional. Quien se presenta a un concurso no necesariamente tiene que ganar, y el que concursa, puede entender también que no hay que designar a nadie. No hay una terna vinculante", expresó.

El secretario de Justicia, en diálogo con LT8, aclaró: "Cuando Binner asumió el gobierno provincial intentamos ver cuál era la situación de las selecciones realizadas para jueces comunales. Así verificamos y vimos que le faltaba a esas futuras designaciones un mecanismo transparente, por lo cual derogamos a el decreto 2019 y dejamos sin efecto todos los trámites con él".

Sin embargo, Vicente consideró que "llama la atención porque si en todo caso hay un derecho afectado no se agotó vía administrativa alguna, sino que metieron una acción directa para declarar la inconstitucionalidad de una decisión política, que es potestad de gobernador".

--¿Cuantos juzgados comunales hay vacantes?

--Hoy hay 76 juzgados comunales que están vacantes.

--Según Roberto Sukerman, los concursos dejados sin efectos no habían sido objetados en su momento por la oposición.

--Esta es una apreciación del doctor Sukerman, quien debería saber que ésta es una facultad del gobernador y la puede retomar en cualquier momento. Es más, cuando se llama a concurso si el Ejecutivo no está de acuerdo puede anularlo. Ahora se dictó un mecanismo nuevo de selección de jueces comunales, donde se priorizan ante todo los antecedentes y la prueba de oposición, así como la posibilidad de tener audiencia pública posterior para saber cuál fue la calidad de los jueces su idoneidad y este mecanismo instaurado garantiza una justicia comunal de calidad.

--¿La oposición de entonces, que hoy ocupa el Ejecutivo, objetó concretamente esos concursos porque no fueron transparentes?

--No es un problema de objeción en sí, sino que el mecanismo es otro, y el nuevo decreto deja sin efecto ese concurso de Obeid y los trámites hechos a la luz del decreto ahora derogado. Y se fija nuevo mecanismo de designación de acuerdo a facultades constitucionales del gobernador. Llevarlo a la justicia para que dirima una facultad de otro órgano constitucional es entrar en conflicto de poderes. Y el Sukerman debería saber que lo ha instalado.

--¿Cuanto demorará designar a estos 76 jueces comunales?

--Durante cuatro años Obeid no designo a ningún juez comunal y estaban el 90 por ciento de las actuales vacantes y ahora en seis meses nos dicen que es un problema del actual gobierno. El gobierno definió mecanismos para elegir jueces comunales.

--¿Ha tenido algún tipo de reclamo de las instituciones que intervinieron, como el Colegio de Abogados de Rosario?

--Ha habido quejas de la cuestión porque quieren tener las coberturas de esas vacantes. Pero en materia de jueces establecimos mecanismos de transparencia, sobre todo la autolimitación de magistrados de la Corte o el decreto 164 que fijo el modelo de designación de jueces en general. Este es el mecanismo y hay una línea determinada que se presente como política de Estado para la justicia: y es la de no interferir en la división de poderes. Esta cuestión intenta interferir en una decisión constitucional del gobernador.

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