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La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Santa Fe, Stella Vallejos, llamó ayer a los propietarios de comercios a terminar con los casos de "discriminación política". En una carta que ayer hizo pública la funcionaria les pidió a comerciantes y dirigentes rurales que impiden el ingreso de los diputados nacionales a lugares de acceso publico "a terminar con esa actitud". Uno de los lugares más emblemáticos es la Sociedad Rural de Reconquista que ni siquiera contestó la misiva y que tiene en su ingreso un enorme cartel que reza: "Por haber votado una ley que confisca el capital de los productores y genera pobreza en los pueblos del interior declara personas no gratas y se reserva el derecho de admisión de las siguientes personas: Diputados nacionales Ing. Jorge Obeid, Ana Berraute, Gustavo Marconato, Alejandro Luis Rossi, Walter Alfredo Agosto, Ariel Dalla Fontana, Agustín Rossi, Juan Silvestre Begnis, Paulina Esther Fiol".
Luego de conocer un episodio en el cual un diputado nacional no pudo ingresar a un restaurante acompañado de su familia, y de observar cómo en una estación de servicio de Cañada de Gómez se trataba de "traidores" a legisladores santafesinos que votaron a favor de la resolución 125, que establecía nuevos valores para las retenciones a la soja, Vallejos reaccionó: "Los invito a deponer su actitud que es inconstitucional, hay gente que prefiere dar vuelta la cara y hace como que no ve esos carteles. Yo no puedo hacerlo por la responsabilidad que tengo. Podría haber tomado otro tipo de medidas, pero prefiero que se debata, que se reflexione y que se retiren estos papeles por las buenas. Pero esto no es una joda, el Congreso es un ámbito importante, ¿y si mañana no me gusta lo que votaron los diputados por el tema Aerolíneas no los van a dejar subir a los aviones? Nuestra historia está llena de actitudes autoritarias, y este es un juego peligroso. Ya vimos cómo al cantante Ignacio Copani y a Teresa Parodi se los trató de amedrentar por eso hay que ponerle un límite a estas actitudes".
En su misiva Vallejos les advertía que "la conducta de exhibir carteles en las puertas de ingreso de determinados lugares, con la 'prohibición' de ingreso para determinadas personas por sus ideologías u opiniones políticas, es un acto claramente encuadrable en los términos de la ley 23.592 y reprochable por su manifiesto carácter discriminatorio. Hoy la obligación del Estado argentino de respetar, garantizar y sancionar las vulneraciones a los derechos humanos, no puede ponerse en duda. El Estado se encuentra obligado también a prevenir futuras violaciones".
En ese sentido, el INADI ha sostenido reiteradamente que "el ejercicio del denominado 'derecho de admisión' debe ser fundado siempre en pautas objetivas y razonables para ser legitimado, y obviamente ajeno a un ejercicio abusivo de dicho 'derecho' que conlleve a la violación de derechos y garantías constitucionales, como lo son la igualdad y no discriminación de todos".
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