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Desde Santa Fe
La fiscal federal N潞 2, Cintia G贸mez, pidi贸 al juez federal Reinaldo Rodr铆guez la unificaci贸n de 22 causas abiertas al terrorismo de Estado en Santa Fe para evitar una "investigaci贸n parcializada y los juicios fragmentarios" y requiri贸 la indagatoria de los mandos militares involucrados, entre ellos los ex jefes del Area 212, coroneles Jos茅 Mar铆a Gonz谩lez y Juan Orlando Rol贸n y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini. Los tres ya est谩n procesados por delitos de lesa humanidad. La acumulaci贸n de los procesos a la represi贸n ilegal era reclamada desde hace tiempo por querellantes y organismos de derechos humanos, por lo que la fiscal G贸mez decidi贸 avanzar en esa l铆nea, en consonancia con directivas del procurador general de la Naci贸n, Esteban Righi.
En otros tribunales del pa铆s, las causas se acumularon por centros clandestinos -como en el caso de la Escuela Mec谩nica de la Armada- o por circuitos represivos. Pero en Santa Fe, G贸mez propuso unificar la investigaci贸n con otro criterio: el despliegue operacional del Ej茅rcito y las fuerzas de seguridad durante los a帽os de la represi贸n, esto es, la "贸rbita y jurisdicci贸n" en que se produjeron los hechos: el Segundo Cuerpo de Ej茅rcito (que operaba en las provincias del Litoral, entre ellas Santa Fe), el Area 212 (que ten铆a jurisdicci贸n en los seis departamentos del centro norte de la provincia: La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Crist贸bal, San Justo y Garay) y el Destacamento de Inteligencia 122 (con sede en la capital santafesina).
En los fundamentos del dictamen al que tuvo acceso Rosario/12-, G贸mez cit贸 una resoluci贸n de Righi que instruy贸 a los fiscales federales de todo el pa铆s a acelerar "las causas por violaciones a los derechos humanos" y "promover su elevaci贸n a juicio" con un objetivo: "evitar la investigaci贸n parcializada y los juicios fragmentarios".
Coincidi贸 entonces que la investigaci贸n de "un universo considerable de hechos" y el an谩lisis de la "responsabilidad penal de los acusados" en ese contexto, tiene "ventajas": "Permite la comprensi贸n integral del fen贸meno sometido a debate y examen de la prueba. Impide la revictimizaci贸n de los testigos que deben prestar reiteradas declaraciones sobre los mismos acontecimientos. Evita la multiplicaci贸n de juicios que demandar铆an un tiempo tal que conducir铆a a su frustraci贸n. Favorece la recepci贸n de las declaraciones indagatorias. Y evita el entorpecimiento del ejercicio de defensa que generan los fraccionamientos excesivos", explic贸.
"Resulta de suma importancia para alcanzar este objetivo el conocimiento en conjunto de los hechos que tengan denominadores comunes, entendiendo por tales toda circunstancia relevante que califique y distinga a determinado grupo de sucesos. Es, entonces, en virtud de los denominadores comunes que detente determinado universo de hechos que deber谩 procederse a su acumulaci贸n".
En Santa Fe, -consider贸 la fiscal- "donde se investigan ejecuciones de v铆ctimas que no fueron alojadas en lugares clandestinos (o que los mismos fueron removidos o no identificados en forma precisa), resulta pertinente resaltar otro criterio de conexidad de car谩cter objetivo o subjetivo". Por lo tanto, propuso que aqu铆 las causas se acumulen seg煤n "la 贸rbita y jurisdicci贸n" en que se produjeron los hechos, esto es "el Segundo Cuerpo del Ej茅rcito, el Area de Defensa 212 y el Destacamento de Inteligencia 122".
La fiscal se帽al贸 incluso a los jefes que operaron esa maquinaria:
*Segundo Cuerpo de Ej茅rcito: generales Ram贸n Genaro D铆az Bessone (desde setiembre de 1975), el ya fallecido Leopoldo Fortunato Galtieri (octubre de 1976), Luciano J谩uregui (febrero de 1979) y Juan Carlos Trimarco (diciembre de 1980).
*Area 212: coroneles Jos茅 Mar铆a Gonz谩lez (desde octubre de 1974), Juan Orlando Rol贸n (noviembre de 1976), Pedro Canevaro (enero de 1979) y Guillermo Daract (setiembre de 1980).
*Destacamento de Inteligencia 122: coroneles Domingo Manuel Marcellini (desde noviembre de 1975), Antonio Ricciardi (desde octubre de 1977, no est谩 mencionado en el dictamen fiscal) y Carlos Alberto Gonz谩lez (octubre de 1979).
Pero la investigaci贸n plante贸 la doctora G贸mez no debe limitarse a los jefes militares, sino avanzar tambi茅n sobre otros eslabones de la cadena represiva que operaba bajo el control operacional del Ej茅rcito. Y apunt贸 a "integrantes y responsables de las distintas cadenas de mandos nacionales, provinciales y part铆cipes civiles" y a las "pir谩mides de jerarqu铆a y mandos que se reconstruye a partir de los legajos e informes incorporados en los expedientes en tr谩mite y que incluye con distintos tipos y grados de responsabilidad y participaci贸n a los jefes de la Unidad Regional I de la Polic铆a de Santa Fe, a los jefes de la delegaci贸n local de la Polic铆a Federal, responsables de comisar铆as y polic铆as involucrados, a personal civil de Inteligencia del Ej茅rcito (PCI) y dem谩s part铆cipes civiles, seg煤n la fecha de actuaci贸n en los hechos il铆citos probados".
Por 煤ltimo, la fiscal solicit贸 la indagatoria de "los presuntos responsables por la comisi贸n de todos los hechos (autores directos o mediatos) en los que se tenga el grado de sospecha legalmente requerido, de acuerdo con las pruebas existentes, conforme a la estructura del sistema represivo y resolver en un 煤nico auto de m茅rito la situaci贸n procesal de todos los indagados y respecto de la totalidad de los hechos imputados".
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