Era una cuestión de urgencia

El gobernador Hermes Binner rechazará la "observación legal" del Tribunal de Cuentas de la provincia a su decreto 2142/08 que adjudicó en forma directa al Banco Municipal de Rosario el "servicio de emisión, administración y entrega" de la Tarjeta Unica de Ciudadanía, según anunció ayer el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías. Binner tiene un plazo legal para dictar un decreto de insistencia, y en ese caso, el conflicto debería ser dirimido por la Legislatura, en el seno de la comisión bicameral de control del Tribunal de Cuentas, que ni siquiera está constituída. Farías esgrimió tres argumentos para justificar la decisión de la Casa Gris. Uno: "La urgencia de solucionar el problema que se presentaba con los ticket Santa Fe vale, que mes a mes se iba complicando", dijo. Dos: "La posibilidad de contratar en forma directa a entes estatales que permite la Ley de Administración Financiera del Estado". Y tres: "El costo cero. La oferta del Banco Municipal de Rosario era la más beneficiosa porque de pagar casi 300 mil pesos de comisión mensual a la empresa Proms (que emitía los vales alimentarios), hoy estamos con mucho mejor servicio y sin costo alguno para la provincia", insistió.

Rosario/12 informó ayer que el Tribunal de Cuentas había observado el decreto 2142/08 de Binner porque adjudicó la tarjeta social al Banco Municipal de Rosario sin licitación pública y sin una convocatoria al Banco de Santa Fe para que mejore la oferta, entre otros argumentos. El Tribunal formuló la observación legal 012/08 el 31 de octubre y la comunicó a la Legislatura el jueves último para que sea girada a la comisión de control del Tribunal de Cuentas, que no funciona ni está habilitada para tratar los expedientes.

Farías admitió que el proyecto original del gobierno era llamar a licitación pública para contratar la tarjeta social, pero el conflicto con la empresa Proms que emitía los ticket Santa Fe aceleró los tiempos. "A nuestro entender, la situación ya no daba para más, por el problema que se presentaba con los vales alimentarios que mes a mes se iba complicando. Entonces, tuvimos que interrumpir ese proceso de convocar a licitación y contratar directo", dijo.

Y justificó la decisión en dos razones: "Por un lado, la urgencia (de normalizar el plan alimentario) porque más allá que haya alguna discusión si había urgencia, nosotros estabamos absolutamente convencidos y los hechos lo demuestran pefectamente, que la urgencia existía. Y por otro lado, la ley de Administración Financiera del Estado que permite la contratación directa de un ente estatal".

Y agregó: "Tomamos la decisión de contratar a un ente estatal. Hubo una compulsa entre las opciones que eran posibles: el Banco de la Nación Argentina y el Banco Municipal de Rosario. Y la oferta más beneficiosa era la del Banco Municipal de Rosario porque tiene costo cero para la provincia. Entonces, de pagar casi 300 mil pesos de comisión mensual a la empresa Proms, hoy estamos con mucho mejor servicio y sin costo alguno" para el gobierno".

-¿La provincia no está obligada por ley a pedirle a su agente financiero: el Banco de Santa Fe, que mejore cualquier oferta de servicios bancarios que esté por contratar? -le preguntaron.

-No. En primer lugar, nosotros analizamos una propuesta del Banco de Santa Fe en diversos momentos cuando estábamos trabajando sobre la hipótesis de llamar a licitación y el Banco de Santa Fe pretendía cobrar una comisión. Pero, después, cuando hicimos la convocatoria (para una contratación directa), nos basamos que (la Tarjeta social) no es un servicio financiero. Estamos hablando del pago de un plan social que tiene características distintas a un contrato bancario o una operación bancaria típica. Y en segundo lugar, al haber optado por la decisión de contratar a un ente estatal, el Banco de Santa Fe es privado y no entraba. Es más, hicimos las consultas pertienentes a las áreas legales de la provincia y nadie nos indicó que debíamos hacer esta consulta al Banco de Santa Fe. De todos modos, el Banco no presentó ningún reclamo y está informado. El tema es público, hay un decreto 2142/08 que ha sido publicado en el Boletín Oficial.

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