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El gobierno de Santa Fe presentó ayer una "reclamación administrativa" para que la Nación declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias -impuesto al cheque- y devuelva a la provincia los fondos retenidos "inconstitucionalmente" al finalizar la vigencia de la emergencia económica. Mediante esta medida, que constituye un "trámite de cortesÃa" para evitar litigar ante la Corte Suprema de Justicia, la provincia propone una instancia conciliatoria para que el gobierno nacional "ordene el pago de los montos proporcionales en concepto del impuesto al cheque, devengados desde el 19 de diciembre de 2006, a partir de la sanción de la ley 26.180. Pero en caso de no tener respuesta en 30 dÃas, la provincia hará el reclamo judicial.
El impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias fue establecido durante la emergencia económica de 2001. Este impuesto establecÃa como fecha lÃmite de aplicación el 31 de diciembre de 2002. No obstante, se mantuvo vigente. En febrero de 2002 se suscribió un convenio federal que resolvió modificar la estructura distributiva del impuesto al cheque. A partir de la nueva normativa (Nº 25.570), el 70 por ciento del impuesto ingresarÃa al tesoro nacional y serÃa administrado por "el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública", el 30 por ciento restante se coparticiparÃa a las provincias.
Actualmente, el 70 por ciento del tributo ingresa al tesoro nacional y de la suma que implica el 30 por ciento restante, que se debiera coparticipar a las provincias, el gobierno nacional se queda con un 42 por ciento más. En el documento, que fue expuesto ante el ministro de EconomÃa de la Nación, Carlos Fernández, la provincia solicita que "se declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios" y "se reintegre a la provincia los recursos inconstitucionalmente detraÃdos desde el 19 de diciembre de 2006".
"En caso de no tener respuesta en el término de 30 dÃas a esta solución amistosa y previa del conflicto que motiva la presentación", la provincia "entenderá que la vÃa administrativa queda descartada quedando expedita la vÃa de reclamación judicial", expresa el comunicado oficial. Asimismo, se aclara que "la reclamación constituye un trámite de cortesÃa en función del deber de colaboración y coordinación federales a fin de evitar litigar ante la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la pretensión que constituye el objeto del reclamo".
Con el propósito de conducir el reclamo a través de una vÃa más amistosa, el gobernador Hermes Binner autorizó a la FiscalÃa de Estado a contratar un estudio jurÃdico en Capital Federal para que represente a Santa Fe en sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
AsÃ, fue contratado el estudio de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz.
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