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La decisión del gobernador Hermes Binner de diferir los pagos de obras públicas a 120 días por problemas financieros detonó ayer otro cruce de campaña entre sus ministros y los operadores de Carlos Reutemann. "Llegaron los malos tiempos. La provincia entró en convocatoria de acreedores", exageró el diputado del PJ, Mario Lacava. "A este ritmo, no creo que el gobierno puedan pagar los sueldos a los empleados públicos dentro de dos meses", pronosticó el diputado y sobrino de Lole, Federico Reutemann. El primero en retrucar fue el ministro de Economía, Angel Sciara, quien calificó la conclusión de Lacava como "un tremendo disparate. Un completo dislate. Ni estamos en cesación de pagos, ni hay convocatoria de acreedores". Su colega de Obras Públicas, Hugo Storero aclaró que sólo se reprogramarán los pagos en las obras de largo aliento, pero no en las de corto plazo, ni las que recién se inician. Y pasó una factura: "A la oposición hay que recordarle en qué plazos pagaban ellos. Les pido por favor que revisen los certificados de obras que, en algunos casos, tenían hasta dos años de retraso", tiró Storero.
La polémica subió el tono con las declaraciones de Lacava, uno de los más contestatarios de la Casa Gris. "Llegaron los malos tiempos", chicaneó el legislador en alusión a los "buenos tiempos" que prometió el gobernador en su campaña. "El Estado santafesino entró en convocatoria de acreedores. Binner recibió una provincia ordenada con 1.600 millones de pesos en plazo fijo, y durante el 2008 obtuvo una mayor recaudación que se ubica en 28% mensual por encima de lo previsto. Con un despilfarro pocas veces visto, se gastaron todo lo que tenían en gastos corrientes que hoy ya están fuera de control, lo que condujo a que las finanzas públicas estén en rojo y ahora pretendan que la irresponsable fiesta socialista la paguen todos los santafesinos".
"Si las deudas no se pueden pagar en tiempo y forma como ocurre hoy, se convocan a los acreedores y se negocia suspender o diferir los pagos. El ministro Sciara ha anunciado la mala noticia: el gobierno no puede pagar a proveedores y contratistas y reprograma los pagos de obras públicas, como ocurre en una convocatoria de acreedores", dijo Lacava. Y tiró otro presagio: "La consecuencia de esto es que se retardará o no habrá más obras públicas con el consiguiente desempleo y pérdida de fuentes de trabajo. Además, si no paran con el despilfarro de la fiesta socialista, lo que se tocará próximamente serán los sueldos de los maestros, enfermeros y empleados".
El diputado Federico Reutemann coincidió con el mal agüero. "Al ritmo que va este gobierno, no creo que puedan pagar los sueldos a los empleados públicos dentro de dos meses", advirtió el sobrino de Lole.
Sciara no ocultó su molestia con el intento de Lacava de asociar la reprogramación de pagos de obras públicas a 120 días con "una cesación de pagos" y una "convocatoria de acreedores" de la provincia. "Es un tremendo disparate. Un completo dislate. Ni estamos en cesación de pagos, ni hay convocatoria de acreedores", dijo por Radio 2. "Y lo más preocupante no sólo es lo que dice Lacava, sino que también se crea lo que dice".
El ministro de Economía rechazó también el pedido de Lacava de crear "una cuenta intangible para el depósito de sueldos y aguinaldos" de los empleados públicos. "Eso es mucho más grave aún. Me parece una actitud de una gran irresponsabilidad, primero: porque es tremendamente improcedente, y segundo: porque realmente es indebido. Nosotros estamos pagando los salarios y los aguinaldos cuando corresponde, sin necesidad de una intervención como la que sugiere el diputado. Me parece, incluso, impudente hacer semejantes declaraciones", opinó Sciara.
Su colega Storero completó la réplica al distinguir tres situaciones. "Las únicas obras que van a estar sometidas a reprogramaciones (de pagos) son las viales y de largo plazo y en función de la recaudación de la provincia. Pero las de corto plazo y las que recién comienzan, como los hospitales y centros de salud, no van a tener alternaciones", explicó el ministro de Obras Públicas. Además, viene el fondo sojero que va a estar destinado a obras para salud y educación que no tendrán distorsión de los certificados de obras. Así que las únicas obras que se reprogramarán (los pagos) son las de largo alcance y ya hemos conversado con las empresas y convenido con ellas que la certificación se va a correr hasta un plazo tope que es de 120 días", puntualizó Storero.
-La oposición denunció que esta medida pone en peligro 1.000 puestos de trabajo. ¿Es así? -le preguntaron.
-Ya hemos acordado con las empresas que no quede ningún obrero sin trabajo, suspendido o desocupado. Y hay que recordarle a la oposición que recuerde en qué plazos pagaban ellos la obra pública. Les pido por favor que revisen los certificados de obras que, en algunos casos, tenían hasta dos años de retraso. Pero como yo miro para adelante, lo que se les ha ofrecido a las empresas de la construcción es un diálogo maduro y responsable, haciendo saber cómo es el contexto presupuestario y no prometiendo ningún tipo de utopía -concluyó Storero.
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