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Desde Santa Fe
El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum abrió ayer una causa penal para investigar las amenazas a su colega José Ignacio Candioti, que interviene en el juicio oral y público a siete represores de la dictadura en Santa Fe. Pero ya topó con la primera piedra. La prueba de la infamia: una fotografía de la familia de Candioti que su esposa, Susana Almeida, tenía en su despacho del Juzgado Federal de Reconquista y apareció con marcas intimidatorias una soga y dos cruces fue destruida por los propios compañeros de trabajo de la abogada. Salum recibirá hoy el testimonio de la doctora Almeida y después citará a declarar a todos los empleados y guardias de seguridad del Juzgado. "La hipótesis más fuerte es la interna", dijo una fuente segura consultada por Rosario/12, a partir de que la sede del tribunal es de muy difícil acceso para terceros y la oficina de la abogada está en un entrepiso que lo hace más inexpugnable.
La esposa de Candioti tenía pegada la imagen familiar en la puerta de un armario metálico, en su oficina. El viernes pasado, cuando ella estaba de licencia, una de sus compañeras de trabajo descubrió la foto sobrescrita: tres rayas en un cuello y dos cruces sobre los ojos. Las marcas del ahorcamiento. El hecho impactó a los empleados del Juzgado que subieron al entrepiso, pero no pudieron controlar el pánico y después de algunos cabildeos, destruyeron la foto.
El miércoles, cuando la doctora Almeida se reintegró a su puesto en el Juzgado, se encontró que la foto ya no estaba. Preguntó y le contaron. La conmoción fue tan fuerte que sufrió una crisis de llanto que obligó a su atención médica.
Ahora, la investigación apuntará a la plantilla del propio Juzgado, por el lugar donde sucedió el hecho y las medidas de seguridad que rodean el edificio. "Es muy difícil que alguien pueda acceder a la oficina donde se encontraba la foto de la familia del doctor Candioti. Es casi imposible que una persona extraña al Juzgado pueda llegar a ese lugar que está en un entrepiso, sin que los guardias se dieran cuenta. Y además, normalmente, siempre hay alguien trabajando en las oficinas de la planta baja", agregó la fuente.
El fiscal Candioti ya había sido amenazado por un grupo que se identifica como "La Hermandad" y opera en las sombras. Las intimidaciones comenzaron a principios de marzo con una cadena de correos electrónicos anónimos que se esparcieron por Reconquista. Hasta que en mayo la escalada derivó en una amenaza de muerte explícita contra el juez federal Eduardo Valiente, el fiscal Salum, el doctor Candioti, el actual prosecretario de la Fiscalía, Gabriel Hernández y organismos de derechos humanos. El mail hace un relato pormenorizado de una causa que investiga los crímenes de la dictadura en el norte santafesino con apreciaciones injuriosas: "Y si algo les pasa a algunos de los hermanos que está presos, ustedes van a ser ejecutados", remata el mensaje. Los supuestos "hermanos" no serían otros que los ex policías y oficiales de Los Pumas están detenidos por delitos de lesa humanidad.
Los mails llegaron al Concejo Municipal de Reconquista, a las computadoras de los concejales y otros lugares de la ciudad, como para que tuvieran lo que querían sus autores: amplia difusión pública. El fiscal Salud abrió entonces una investigación y pidió apoyo a expertos informáticos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que hicieron una primera pericia en la red del Concejo. Pero después, se sumaron a la investigación especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que han producido notables avances en la causa en las últimas semanas.
Anoche, la Cámara de Diputados de la provincia votó una declaración de repudio a las amenazas contra el doctor Candioti y su famila y expresó su solidaridad con el fiscal. El proyecto fue presentado por la diputada del SI, Alicia Gutiérrez, querellante en la causa de la Quinta de Funes, a quienes acompañaron tres de sus colegas: el presidente del bloque del Frente Progresista, Raúl Lamberto; Pablo Javkin, del ARI y Rubén Marín, del Frente para la Victoria. "Los hechos muestran que el accionar de la justicia incomoda a los imputados en las causas de lesa humanidad y que se han propuesto como único fin intimidar a quienes trabajan con compromiso y responsabilidad", dijo Gutiérrez.
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