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Un grupo de veinte familias afincadas en los terrenos de Ituzaing贸 60 bis se encadenaron ayer y quemaron gomas ante la delegaci贸n local de la Gobernaci贸n luego de una frustrada reuni贸n con el gobernador Hermes Binner. En su lugar fueron recibidos por el ministro de Justicia H茅ctor Superti, quien les propuso la entrega de un terreno por parte de la provincia, lugar en el que la Municipalidad les construir谩 una vivienda en siete meses. Pero los vecinos -sobre quienes pesa una orden de desalojo judicial- rechazaron la oferta, y repitieron su reclamo de expropiaci贸n.
El reclamo cont贸 con el apoyo del cura Salvador Yaco, quien resalt贸 que el reclamo de vivienda propia "es leg铆timo y constitucional", dijo. Las 20 familias afectadas ya hab铆an llevado su reclamo con una carpa frente a la Municipalidad e insisten en una ayuda desde el Estado. "Es gente trabajadora, laburante, que tiene sus derechos", explic贸 el padre de Capit谩n Berm煤dez, Salvador Yaco.
"El derecho a la vivienda digna no desaparece nunca, es leg铆timo y constitucional. Pedimos s铆 o s铆 la expropiaci贸n del lugar y los curas, los obispos, tenemos que estar con los pobres. Ese es el evangelio de Jesucristo", asegur贸.
En medio de la protesta una delegaci贸n de tres vecinas con dos de sus abogados fueron recibidos por el ministro de Justicia quien se encontraba en el edificio. "Este tema se origin贸 por un pedido de audiencia al gobernador, que se vio frustrado por causas ajenas a la voluntad del gobierno; se hicieron presentes distintas personas que invocaban ser parte de las familias localizadas en el inmueble de calle Ituzaing贸 60 bis, el cual est谩 en un proceso de desalojo judicial. El proceso es impulsado por el propietario del terreno, en contra de los ocupantes, que no son los propietarios del terreno y han edificado sus viviendas en ese lugar", explic贸 Superti.
El funcionario explic贸 que "concretamos una propuesta muy simple que consiste en darle a cada uno de ellos una vivienda, a trav茅s de un terreno que va a suministrar la provincia y una construcci贸n que har谩 la Municipalidad en un plazo estimado de siete meses. Adem谩s se gestionar谩 frente al propietario, en el juzgado, la suspensi贸n del desalojo hasta que este plan se pueda llevar adelante".
Pero esta propuesta no fue aceptada por la delegaci贸n que se encontraba en la reuni贸n, quienes tampoco accedieron a retirarse una vez finalizada la audiencia, en cuyo 煤ltimo tramo participaron tambi茅n el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; y el senador provincial Juan Carlos Zabalza.
En el marco del expediente que se tramita en los Tribunales provinciales, el pr贸ximo lunes la provincia har谩 una presentaci贸n pidiendo una audiencia para formular su planteo "que pensamos es superador de la situaci贸n que se est谩 viviendo", consider贸 Superti.
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