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Desde Santa Fe
La pesquisa del asesinato de Silvia Suppo sumó otro punto oscuro. El juez Alejandro Mognaschi (Instrucción Nº 2), investiga ahora por qué un video de la estación de micros de Rafaela en el que se observa a los dos lavacoches que se atribuyeron el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, recién llegó a su despacho esta semana, cuando la concesionaria de la Nueva Terminal informó que se lo había entregado "a personal policial de investigaciones" hace dos meses, el 29 de marzo, poco después del crimen. La policía negó haber tenido acceso a esa copia. Y hasta el ministro de Seguridad de la provincia, Alvaro Gaviola, avaló esa versión y dijo que "no le consta" que la prueba hubiera estado poder de sus subordinados. La querella solicitó entonces al juez que pida explicaciones a la cúpula policial de Rafaela y mañana, a las 9, está citado el subjefe de la Unidad Regional V, comisario Leandro Amaya, para explicar el asunto en Tribunales.
El video que Mognaschi incorporó a la causa es una copia de seguridad que la Nueva Terminal tenía en su archivo de imágenes. El lunes pasado, el juez citó a declarar al responsable de la empresa, Carlos Cassinerio y al apoderado, Hernán Gunzinger, quienes ratificaron lo que ya le habían informado por escrito. "La Nueva Terminal cuenta con un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, el cual está a cargo de la empresa Wiltell, como así también el almacenamiento de imágenes". Y "estos archivos fueron entregados a personal policial de investigaciones para el proceso de los mismos", dice la nota que Cassinerio remitió el juez, el 26 de mayo.
Los abogados querellantes solicitaron entonces a Mognaschi que le pida informes al jefe de la Unidad Regional V, comisario Juan José Mondino y a su segundo, comisario Amaya, para saber si "el 29 de marzo, la concesionaria Nueva Terminal de Rafaela entregó a personal de investigaciones, archivos de imágenes de video almacenadas en su sistema de monitoreo y en su caso, dónde se encuentran" y "si fueron aportados a la causa".
El lunes pasado, cuando Cassinerio y Gunzinger declararon ante el juez, uno de ellos ratificó que el "video del 29 de marzo fue entregado a un policía de investigaciones", según reveló a Rosario/12 la abogada querellante, Lucila Puyol. "Lo que pasa es que ellos no tienen el nombre de ese policía porque en ese entonces hubo varios procedimientos. Un policía fue, se los pidió y ellos se lo entregaron en plena confianza del rol que estaba cumpliendo. Pero lo que sucedió después es que la Policía en ningún momento informó al juez ni a la fiscal sobre ese video, ni lo incorporó como prueba en la causa", agregó Puyol.
Sin embargo, Cassineiro le dijo al juez Mognaschi que la empresa tenía en su poder una copia de seguridad del video y se la entregó. "Por eso, el Juzgado tiene el video porque lo aportó la Nueva Terminal y no la Policía", explicó la abogada. Esa es la contradicción que ahora investiga el doctor Mognaschi. Por qué la empresa concesionaria de la estación de micros le informó que había entregado el video a "personal de investigaciones" de la Policía de Rafaela hace dos meses. Por qué -si fue así la Policía no lo incorporó a la causa. Y por qué, ahora la Policía niega haber tenido ese video.
"No sé cuáles son las razones de todo esto", dijo Puyol. "Pero no vemos la diligencia, la velocidad, ni la prolijidad de la investigación policial de la que hablan algunos funcionarios del gobierno de la provincia", indicó la abogada.
¿Y qué motivaciones puede haber para no incorporar esa prueba al expediente? -preguntó Rosario/12.
Desconozco si hay razones subjetivas. Pero si recibieron de la Nueva Terminal un video que era importante para el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo y no lo incorporaron a la causa, no sólo no cumplieron con su función, sino que además tienen una responsabilidad de la cual tendrán que dar explicaciones y nosotros se la pediremos.
¿La policía podría averiguar a quién le entregaron el video?
Debería averiguar. Pero recordemos que la supuesta investigación de la Policía no descubrió quién era el remisero que llevó a Sosa y Cóceres después del asesinato de Silvia Suppo hasta la Terminal de Rafaela (para viajar a Santa Fe en el colectivo de las 15) -dijo Puyol. Y siguió: "Hubo muchas cosas que no descubrió la Policía. No descubrió huellas y rastros en el escenario del crimen, donde la tan mentada prolijidad se tornó en una desprolijidad absoluta al no vallar el lugar y permitir el acceso de otras personas. Al día siguiente, la fiscal (Cristina Fortunato) tuvo que pedir un nuevo peritaje de personal de la Unidad Regional I y quince días después se ordenó un tercer peritaje de Gendarmería. Entonces, si tuvieron que venir peritos de Santa Fe y de Gendarmería es porque la investigación policial de Rafaela no fue tan prolija", concluyó la abogada querellante.
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