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El socialismo relativizó ayer las objeciones del Tribunal de Cuentas a la adjudicación directa de la autopista Rosario-Santa Fe. "Es un dictamen insustancial que hace referencias a eventuales incumplimientos formales de las empresas que se han hecho cargo de la transición. Hay déficit e incumplimientos formales que son salvados con actos administrativos", esgrimió el jefe de los diputados oficialistas, Raúl Lamberto. El legislador sembró dudas en torno a la originalidad de los argumentos de los vocales del órgano de contralor: "Curiosamente fueron los mismos elementos que plantearon los diputados de la oposición cuando fueron a la Legislatura el ministro Ciancio y el secretario Boggiano", deslizó Lamberto por LT8 tras lo cual recordó que con la misma composición el Tribunal de Cuentas no tuvo la misma rigurosidad para investigar denuncias por irregularidades "como la adquisición de motoniveladoras chinas" durante la gestión de Jorge Obeid.
Lamberto dijo no tener dudas que tanto la respuesta de la Casa Gris ante los órganos de control administrativo como ante la propia Justicia ordinaria si es que se concreta la presentación de la oposición "van a demostrar que se actuó de acuerdo a derecho, sin ningún perjuicio al Estado, más allá de algunas frases altisonantes que se pudieron leer en el dictamen y que son sólo eso".
El titular de la bancada del Frente Progresista en la Cámara baja recordó las condiciones del mercado vial cuando estaba a punto de vencerse la concesión a Aufe. "A nivel nacional no había certezas en torno a qué iba a ocurrir con las concesiones de los principales corredores, había un escenario de crisis económica y la concesionaria hizo planteos que no fueron aceptados por el Gobierno", relacionados con aumento de peaje y eliminación de sanciones por incumplimientos,.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos provincial, Alejandro Boggiano, descartó que el Ejecutivo piense en dar un paso atrás respecto a la concesión de la autopista, proceso que el miércoles próximo tendrá novedades con la apertura de sobres con las ofertas económicas.
El funcionario aclaró que sólo pudo darle "una lectura rápida" al informe del Tribunal de Cuentas, ya que fue remitido "al área jurídica correspondiente y se terminará pasando a Fiscalía de Estado", órgano encargado de responder al mismo. De todos modos comentó que a lo largo del texto, el cuerpo de contralor "no se aparta en nada de lo que oportunamente comentó la oposición" pero, igualmente recordó que "más allá del contenido de esta observación legal estamos convencidos de haber operado de la manera más ajustada a derecho".
En ese sentido, reiteró las palabras del ministro de Servicios Públicos, Antonio Ciancio, y del propio gobernador Hermes Binner, quienes aseguraron que no se alejaron un ápice de la legalidad con la determinación de otorgar sin licitación el manejo de la autovía a una UTE, por un corto período hasta que se adjudique la licitación.
Boggiano argumentó por LT10 que "una forma de ver las situaciones es cuando están sucediendo y otra cuando está escrito el diario" por lo que calificó como "muy difícil" a la situación con la que se encontró la administración del Frente. "Los pasos necesarios para licitar estaban previstos en base a las circunstancias de orden nacional, del mercado de autopista y a la realidad del país: no estábamos demorados en la confección de los pliegos pero las concesiones viales llegaron hasta el 22 de abril con concesiones en el aire, prácticamente de facto", dijo.
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