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Un pedido de explicaciones al ministro de Economía, Angel Sciara, por los puntos oscuros que rodean una deuda impositiva de la empresa Terminal Puerto de Rosario (TPR) terminó ayer a los gritos en
la Legislatura, en medio de un bochorno político. Llamó "caradura" al diputado Marcelo Gastaldi que lo interpelaba y no conforme con eso, antes de irse le tiró el último insulto: "pelotudo". Sciara estaba fuera de sí, pero no fue el único que agredió al legislador del PJ. Una de las funcionarias que lo acompañaba, la directora de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, Margarita Zabalza reaccionó igual que su jefe: "Sos un caradura", le dijo a Gastaldi. "No sea mal educada, señora", le contestó el agraviado que nunca perdió la calma ni la templaza.
Gastaldi no escuchó el insulto de Sciara porque estaba de espaldas, pero sí su colega de bloque Silvina Frana y los reporteros que cubrieron el debate hasta el final, entre ellos Rosario/12. "Escuché lo que dijo el ministro. Y me decepciona. Es la segunda vez que viene a
la Cámara y nos ningunea. Si va actuar así, sería mejor que no viniera", dijo Frana al repudiar el exabrupto. "La incomodidad del ministro tiene que ver con un conjunto de cosas que no pudo contestar". Y mencionó dos puntos oscuros: si un convenio de pago de TPR para cancelar una deuda de 1.400.000 pesos por impuestos impagos en 36 meses, con la garantía de un seguro de caución, tenía el aval de los estamentos técnicos de la API. Y por qué cuando la empresa pagó sólo cuatro cuotas y se declaró en quiebra, no se ejecutó el seguro de caución contratado en la compañía Liderar, de Rosario, que sí presentó la póliza en el concurso judicial por el mismo monto: 1.400.000. "No pudieron contestar. Y eso puso muy nervioso al ministro", explicó Frana.
Sciara arrancó el informe con una introducción y después cedió la palabra a los dos subsecretarios que lo asistían: Jorge Beccari (Ingresos Públicos) y Pablo Rangel (Legal y Técnico), a quienes la doctora Zabalza les sopló letra al oído hasta que ella misma intervino en el debate. A esa altura, el presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina, ya no estaba.
Las preguntas de Gastaldi repasaron todo el trámite: la intimación a TPR por impuestos adeudados más intereses y punitorios por 8 millones 327 mil pesos, en mayo de 2008. El embargo de las cuentas bancarias de la empresa por 9 millones 184 mil pesos, en diciembre de 2008. Y el pedido de una abogada de la API, Laura Borrás, para sustituir la cautelar por un seguro de caución por un millón 400 mil pesos y suspender la ejecución del resto: 7 millones 700 mil pesos, el 7 de enero de 2009.
Los buenos modales comenzaron a ceder cuando Gastaldi puso bajo la lupa la resolución de la API de levantar el embargo por 9 millones 184 mil pesos, convenir con TPR una deuda por un millón 400 mil pagadera en cuotas, garantizarla con un seguro de caución por ese monto y discutir el resto. "¿Qué estamentos técnicos avalaron esta resolución?", preguntó.
El administrador regional tenía facultades -respondió Beccari. Y le tiró el lío a la jefa de la API Rosario en esa época, Diana Sandoz.
Gastaldi insistió varias veces para saber si esa decisión tenía el soporte de dictámenes técnicos. "Seguramente deben estar", le contestaron.
Usted dice que deben estar, entonces yo le pido que los ponga a disposición porque no están en ningún lado - retrucó el diputado del PJ. La empresa TPR nunca pagó el millón 400 mil pesos, sólo canceló cuatro cuotas y se declaró en quiebra. El debate se recalentó cuando Gastaldi preguntó por qué no se ejecutaba el seguro de caución para cobrar esa deuda. "Ha sido una decisión, porque si uno ejecuta el seguro, el seguro después repite contra la empresa", le contestó Beccari.
El seguro fue más previsor que el gobierno. ¿Saben lo que hizo? Se presentó ante la jueza de la quiebra con la póliza 35.270 por un millón 410 mil pesos -retrucó Gastaldi.
El seguro de caución tiene algunas particularidades. No es una decisión que uno puede tomar desde el Estado o no -dijo Beccari.
¿Y por qué no se ejecutó? -insistió por tercera vez Gastaldi.
Sciara intentó frenarlo. "¡La deuda todavía no prescribió!", le dijo.
Pero usted no puede decir eso cuando ya pasó un año -replicó Gastaldi.
No importa. Pero se puede ejecutar.
Entonces, ¿vieron que hubo un privilegio?
No hubo ningún privilegio -volvió a defenderse Sciara.
¿Vieron que hubo una excepción? ¿Vieron que esto fue arbitrario?
¡No es arbitrariedad! -planteó Sciara.
Entonces, ¿por qué no ejecutaron el seguro de caución?
¿Qué obligación tengo de ejecutar el seguro de caución? -repreguntó el ministro.
Defender los intereses de la provincia -le respondió Gastaldi.
¿Le parece que no los estamos defendiendo?
Sí, pero lo puede defender más.
¿Cómo decís semejante barbaridad? ¿Cómo te animás a decir semejante cosa? ¡Logramos lo que ustedes nunca lograron, embargando cuentas! Y me decís que no defendemos los intereses de la provincia. ¡Pero no podés ser tan caradura, Marcelo! se enojó Sciara.
La diputada Frana lo cruzó: "Ministro, usted no puede decir eso. Nosotros lo respetamos. Si una empresa firma un convenio en cuotas, lo garantiza con un seguro de caución y si después no lo paga, se ejecuta la garantía". Sciara ya estaba fuera de sí. Se levantó y dio por terminado el debate. En la puerta arrojó el último insulto a Gastaldi y se fue.
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