El encierro lo está volviendo loco

Desde Santa Fe

El defensor oficial Fabio Procajlo pidió la "detención domiciliaria" del ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa, a raíz del "marcado y progresivo deterioro de su salud mental, como resultado de las malas condiciones de alojamiento" en la cárcel de Las Flores donde cumple una condena a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad y "el incumplimiento de los tratamientos indicados" por el médico psiquiatra que lo atiende, doctor Pablo Lizárraga. El mes pasado, en su último informe sobre Brusa, Lizárraga planteó "un pronóstico desfavorable y reservado con la posibilidad de un desenlace crítico que ponga en riesgo la vida del paciente". "El Estado no puede mantener el cumplimiento de la pena en un instituto de detención cuando esto implique poner en riesgo la salud y la vida del imputado, ya sea por no poder garantizar el tratamiento necesario o impedir que la patología psiquiátrica avance", dijo Procajlo. Y solicitó el pronto regreso de su defendido a la casa "para no afectar el derecho a la integridad física, moral y psíquica del señor Brusa y, en definitiva, su derecho a la dignidad humana".

Procajlo pidió la prisión domiciliaria de Brusa al Tribunal Oral de Santa Fe que sentenció a su asistido a 21 años de cárcel, en diciembre de 2009. El ex juez fue condenado por "apremios ilegales" a ocho ex presos políticos (Ana María Cámara, Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Sánchez, Daniel García, José Schulman, Mariano Millán y Roberto Cepeda). Pero ahora, deberá afrontar otras dos causas como secuelas de aquel juicio. El 15 de marzo, el juez federal Carlos Vera Barros lo procesó por "asociación ilícita" y "apremios ilegales" a otras dos víctimas de la dictadura (Daniel Gatti y Raquel Juárez). Y en otro expediente, el Ministerio Público Fiscal lo imputó como "coautor de la privación ilegal de la libertad y tormentos" a otros cinco ex detenidos políticos (Francisco Klaric, Luis Eduardo Baffico, Carlos Chiaruli, Carlos Raviolo y Luciano Almirón), aunque todavía no fue indagado. Almirón era un adolescente de 16 años cuando fue detenido al visitar a su hermana, María de los Milagros Almirón, que tenía 14, en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR).

Brusa está preso desde febrero de 2005, cuando lo alojaron en el cuartel de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino. Pero recién a mediados de 2008, lo trasladaron a la cárcel de Las Flores, a un pabellón de lesa humanidad, después de que uno de sus colegas, Eduardo Ramos, ofreciera una conferencia de prensa para presentar un libro de cuentos ("Alguien tiene que contar") en la planta alta del cuartel. Ramos fue condenado en el mismo juicio a Brusa a 23 años de cárcel por "privación ilegal de la libertad agravada" en cinco casos (Ana María Cámara, Anatilde Bugna, José Schulman, Patricia Isasa y Stella Vallejos) y "tormentos" en otros cinco casos (Cámara, Bugna, Isasa, Vallejos y Jorge Pedraza). En marzo, el juez Vera Barros lo procesó por "asociación ilícita" y "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en otros siete hechos (Daniel Gatti, Hilda Benavídez, Mabel Caminos, Graciela Aguirre, Teresita Miño, Silvia Abdolatif y Raquel Juárez). Y en otra causa, está imputado por "la privación ilegal de la libertad y los tormentos padecidos por María de los Milagros Almirón".

Procajlo dijo que Brusa "está bajo tratamiento psiquiátrico con el doctor Lizárraga", desde abril de 2010. Aunque los últimos informes del médico, del 9 de febrero y del 2 de marzo de este año revelan que la "patología psiquiátrica" del paciente "ha ido empeorando producto de la situación de encierro que padece".

El escrito de Procajlo es abundante en citas doctrinarias y constitucionales. "La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone principios rectores en materia de ejecución, entre ellos que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto inherente a la dignidad humana y el fin resocializador de la pena", escribió el defensor oficial.

Por lo tanto, agregó el "derecho de acceso a la salud" de Brusa tiene "rango constitucional" y "se vería seriamente lesionado" si el Tribunal no accede al pedido de la defensa para que el ex juez vuelva a la casa.

"Mantener a mi asistido en las actuales condiciones de alojamiento (en Las Flores) importa un serio peligro para su salud", afirmó Procajlo. Y citó el último parte de Lizárraga, el del 2 de marzo, que informa que Brusa "presenta una evolución desfavorable, un marcado y progresivo deterioro en su salud mental, como resultado de las malas condiciones de alojamiento y el incumplimiento de los tratamientos indicados".

"El actual estado clínico psiquiátrico del sujeto en cuestión, objetivado a través de los indicadores semiológicos, sumado a mi experiencia de diez años como médico psiquiatra del Servicio Penitenciario, me permite realizar un pronóstico desfavorable y reservado con la posibilidad de un desenlace crítico que ponga en riesgo la vida del paciente", agregó Lizárraga.

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