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Miércoles, 25 de enero de 2012
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Efectos de la deuda de la Provincia con contratistas

Calma chicha en el obrador

Uocra avisó que parará las obras públicas si el gobierno no logra que las constructoras den marcha atrás con despidos y suspensiones. Hoy lo definen en asamblea. En Santa Fe las empresas anunciaron que a fin de mes se plantan.

Por Luis Bastús
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En la urbanización de la Zona Cero una contratista suspendió a 65 obreros.

Dirigentes de Uocra plantearon ayer al Ministerio de Obras Públicas la decisión latente de declarar una huelga en todos los obradores de la provincia si las contratistas Riva SA y SIC no dan marcha atrás con los despidos y las suspensiones sobre un centenar de trabajadores. El titular de la cartera, Julio Schneider, se comprometió a interceder ante las empresas para lograr la reincorporación de los 35 cesanteados y los 65 suspendidos, y ratificó que el plan de obras no se detendrá. Pero las empresas esperan, más que promesas, el pago de los certificados de obra que la Provincia adeuda desde octubre. Hoy, los 110 operarios de Riva en el obrador del hospital regional de San Martín y Circunvalación no ingresarán a trabajar y se mantendrán en asamblea hasta tener novedades de la empresa o del Ministerio acerca de los despidos.

"El ministro se comprometió a hablar con las empresas para que reincoporen a los compañeros. Nos dijo que no quieren que haya despidos, pero lo cierto es que eso ya ocurrió. El que avisa no traiciona: si no hay reincorporación, no entramos a trabajar y paramos todo", advirtió Sixto Irrazábal, secretario general de Uocra, luego de la reunión que ayer mantuvo en Santa Fe con Schneider y con el secretario de Obras Públicas, Norberto Tarragó.

El foco del conflicto está en la decisión de la firma porteña Riva, a cargo de construir el hospital y el nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 407, de despedir a 35 obreros. Y también en la suspensión de otros 65 a cargo de SIC, una adjudicataria de la urbanización del mega barrio denominado Zona Cero, en la zona noroeste. El argumento ha sido el atraso del gobierno en abonar las cuotas de los contratos correspondientes a los certificados de obra presentados en octubre, noviembre y diciembre. El Ministerio llegó a cancelar el viernes pasado lo correspondiente a setiembre, pero el esfuerzo no alcanzó para calmar las aguas.

Ayer el gobernador Antonio Bonfatti fue sugerente para con la actitud de la empresa Riva al revelarse "extrañado" porque días atrás se había reunido con directivos en Buenos Aires y había acordado que la firma preservaría la fuente laboral y aguardaría los giros adeudados. Riva es la empresa que en junio pasado firmó el contrato por 40.321.000 pesos para construir con un año de plazo el hospital de 210 camas en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Desde el punto de vista empresarial interpretan que la situación no amerita aún medidas extremas como una huelga. Ricardo Griot, presidente de la filial Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción, reconoció que "hay atrasos importantes, hay preocupación, pero no hay alerta. Hubo 35 despidos sobre unos 1.500 trabajadores afectados a la construcción de viviendas, sin contar el resto de las obras que se ejecutan en la órbita del Estado. El gobierno nos confirmó su decisión de continuar las obras". El empresario aseguró no recordar cifras sobre la dimensión de la deuda vigente con las constructoras y sólo dijo que "este año la situación se agravó un poco porque la tasa financiera está muy alta como para que algunas empresas puedan aguantar los costos con recursos propios". Y añadió: "Siempre en diciembre y enero hubieron dificultades para cobrar. Fuera de eso, la relación de pagos venía muy bien tras la crisis de 2009. Lo que pasa es que hoy hay mucha sensibilidad en los gremios y la gente se asusta", minimizó.

Esa sensibilidad aludida por Griot también parece estar a flor de piel en las constructoras. En Santa Fe, las contratistas que construyen el nuevo Hospital Iturraspe y el Centro de Especialidades Ambulatorias (Cemafé) anunciaron que el 30 de este mes detendrán sus obras y 180 obreros verán peligrar su fuente laboral, según denunció a LT10 Emanuel Araya, de la delegación capitalina de Uocra. "La Provincia no está pagando el certificado de ninguna obra en construcción. La semana que viene vamos a mantener una reunión con la cámara empresaria para ver qué resolvemos, porque sin obreros no hay empresas", dijo.

No hubo manera ayer de comunicarse con autoridades de la cartera de Obras Públicas.

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