Cuando las torturas no son un problema de los jueces

Otro juicio abreviado, el segundo que cae en la provincia de Santa Fe, se corresponde con un expediente en el que existen denuncias por violencia y aberrantes torturas físicas y psicológicas a manos de personal policial, cuestionamientos de la defensa de tres imputados en la instrucción de la causa judicial abierta por robo calificado y la muerte de un joven policía en Rufino, en el sur provincial; rechazo del proceso de juicio abreviado en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, un tribunal que a la vez fue recusado por defensores y fiscales que habían llegado al acuerdo; presentación de recursos de inconstitucionalidad y de queja, justamente por la intervención de la misma Cámara cuestionada porque ya había emitido opiniones sobre el caso; pedido de los imputados para que el expediente saliera de la jurisdicción judicial del sur de Santa Fe y sea radicada en Rosario, con el fin de que exista un tribunal y un juicio justo, al tiempo que los imputados solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la existencia de lo que se califica como "gravedad institucional": se considera que no hay tribunal que pueda intervenir y fallar en un marco de legalidad.

La enumeración realizada arriba y la información siguientes son parte del que aparece como un enmarañado proceso, oscuro y muy lejano de la imparcialidad y las garantías imprescindibles. Algo más: la misma Cámara cuestionada fijó la realización del juicio oral que comenzará el próximo 12 de marzo en la ciudad de Rufino, donde empezó la negra historia y el sentido común indica que es casi como sentarse en un polvorín si se tienen en cuenta algunos de los datos siguientes y se buscan respuestas a la pregunta ¿qué hicieron policías, hombres y mujeres, juez de instrucción, defensor público, y de allí hacia arriba y hacia sus pares cuando tuvieron delante suyo a hombres torturados con los peores métodos de la maldita policía de la dictadura y ni siquiera se ordenó la autopsia del joven muerto, Emiliano Célis, integrante de la fuerza e hijo de otro hombre de la misma, el jefe de la zona Teófilo Carlos Célis?

José Darío Guajardo, Walter Alfredo Guzmán y Enrique del Valle Zapata son los tres imputados a quienes se les atribuye ser autores de un robo en la vivienda del matrimonio Spada, en Rufino. En la persecución policial que se dio según señalaron los medios en aquel momento -8 de marzo de 2010-, se detuvo a Zapata cerca de un playón deportivo, y luego se produjo un enfrentamiento en el que murió un policía, Emiliano Célis, el cargo mayor del que está imputado Walter Alfredo Guzmán. Rosario/12 habló con Zapata en la cárcel de Piñero donde está detenido con prisión preventiva desde hace dos años. Enrique del Valle Zapata tiene 42 años, estatura media y un aspecto cuidado. Llegó esposado hasta el espacio destinado a la entrevista. Debajo de su brazo, la Biblia, como en una gran parte de la población carcelaria. Es delegado de su pabellón, el 6, para el Servicio Penitenciario, aunque él explica que está a cargo de esa población de internos "para llevar la palabra del Señor". Mientras le quitan las esposas, dos aspectos llaman la atención de esta cronista: justamente su imagen cuidada después de tantas y feroces torturas, tal como describió ante la Justicia, y el antiquísimo libro que tanta difusión tiene en los sitios de detención y que le fue llevado por sus familiares. Zapata habla pausado, sin sobresaltos: su abogado está presente. No es posible un relato muy rápido de lo sucedido desde que fue detenido en Rufino, cuando un impacto de bala de goma dio en su espalda y cayó "casi sin poder respirar... Me toqué el pecho creyendo que el disparo me había atravesado, mientras por la parte derecha veía sombras y sentía patadas en la cara, en la frente. Me pegaban con los talones de los borcegos en el rostro, me daban culatazos de Itaka, y creo que rompieron una linterna en mi cabeza. Luego me llevaron hasta la parte trasera del auto donde siguieron pegándome, con armas y borcegos". Zapata dice que escuchó muchos disparos y vio a una mujer vestida de civil de cabello lacio y camisa blanca que lo castigaba hasta que lo llevaron a la comisaría 3ª de Rufino, cuando en realidad él creyó que lo trasladaban a algún sitio para fusilarlo. Sin embargo, no fue así. "En la seccional policial la tortura y los golpes fueron terribles. Me pusieron la mano derecha arriba de la mesa y me pegaron culatazos, por eso tengo los dedos quebrados", dice mientras muestra la inmovilidad del dedo anular y huesos que sobresalen de su lugar al menor movimiento. "Cuando llegó una mujer corpulenta gritando que Célis había muerto, se peleaban entre ellos para pegarme, aunque veían que ya no podía más. Me sacaron toda la ropa y ella me arrancó la remera, la retorció en el aire y me la ató en el cuello para ahorcarme. Descompuesto, defeco y orino. Casi no puedo ver, diviso sólo una lucecita. Supongo que deben haber creído que estaba muerto porque me tiraron en la parte de atrás de una camioneta y me taparon con un nylon, pero tuve una bocanada de sangre y me moví. Alguien gritó que estaba vivo y un superior, creo que comisario por lo poco que podía escuchar, dijo que me lleven a Melincué porque llegaría el 'jefe' y entonces sí terminaría muerto". En la denuncia que Zapata hizo y que forma parte de una causa que lleva adelante la jueza en lo Penal de Instrucción y Correccional de Rufino, Andrea Fernández -con las denuncias de Guajardo y de Guzmán-, narró que cuando llegó a Melincué y dijeron que lo llevaban "por el caso Célis" siguieron los golpes y patadas. "Ya tenía las costillas quebradas cuando me practicaron 'el barquito' -dice Zapata mientras intenta explicar una postura que al parecer no se haría por propia voluntad-, con la persona esposado en los tobillos y luego de manos por detrás de la espalda, hasta llegar a la parte posterior de la rodilla. Ya en Melincué le echaron pimienta en los ojos y lo metieron en la ducha con "agua hirviendo" para que se lavara y, a la vez, dolieran las heridas. "Era tanto que quienes estaban presos en esa cárcel, esa noche golpeaban los barrotes gritando que ya no me pegaran más".

El camino a Piñero

Detallar la llegada de Zapata a Piñero resulta difícil, pero vale el punteo de algunas situaciones: frente al ex juez Omar Guerra en Firmat quiso declarar, lo pidió varias veces y el defensor Arturo Aréa dijo que no, que no estaba en condiciones y que presentaría un hábeas corpus, algo que nunca hizo. El médico forense que recién allí lo vio le cosió la frente sin anestesia; estuvo casi 10 días sin tomar líquido, hasta que le tiraron una botella con agua y con su tapa enroscada al piso. Seguía esposado de manos y pies, siempre según su relato, hasta que tirado en el piso puso la botella entre sus rodillas y abrió la tapa con los dientes. Pudo tomar agua pero no alcanzar la comida que le ponían sobre el segundo camastro de material en un calabozo, en Firmat.

De todos modos, el relato de Zapata -que no deja afuera a Guajardo ni a Guzmán, cuyos extractos de denuncias por torturas publicó este diario el 27 de noviembre pasado-, es más duro cuando recuerda que la Cámara de Venado Tuerto no le permitió ir al velatorio de su madre, ocho meses atrás, ni al de su hermana hace poco más de una semana.

"Soy de Córdoba, de Malvinas Argentinas, vivíamos en el campo. Mi padre era cortador de ladrillos, no había estudiado y vivió siempre analfabeto. Mi madre era una bellísima persona, hubiera querido despedirla. Quién puede decirme por qué no me dejaron verla, y también a mi hermana. Yo soy el supuesto autor de un delito y fui a cinco reconocimientos que dieron negativos, porque me tiraron encima todas las causas que había en la zona y que no tenían culpables, pero una a una fueron cayendo".

José Darío Guajardo no pudo ser entrevistado porque no se había solicitado el permiso a la Cámara. Este hombre de 34 años se pregunta ¿por qué estoy aquí?, ya que él está en Piñero porque vivía en Rufino y es señalado como quien marcó el domicilio de los Spada que fue robado. Como Zapata -que en un proceso anterior, en Córdoba, termino la escolaridad primaria, la secundaria y empezó a estudiar abogacía-, Guajardo pide un Tribunal imparcial y un proceso que no esté viciado de nulidad.

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