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El diputado provincial del radicalismo, Hugo Marcucci, present贸 ayer en la C谩mara baja, un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial brinde detalles sobre la licitaci贸n p煤blica para la compra de 140 motoniveladoras de origen chino cuyo proceso licitatorio fue objetado por el Tribunal de Cuentas. La compra se concret贸 el 17 de junio de 2005 a una firma santacruce帽a cuyo objeto social era la construcci贸n. Se trata de Austral Construcciones SA adquiri贸 cada m谩quina en unos 90 mil d贸lares y las vendi贸 al gobierno santafesino en poco m谩s de 120 mil d贸lares. As铆 por su intermediaci贸n la empresa obtuvo ganancias por m谩s de 12 millones de pesos. El proceso licitatorio estuvo en manos del Director de Vialidad Antonio Grbavac quien design贸 una comisi贸n que deb铆a controlar. Sin embargo obviaron irregularidades que luego fueron se帽aladas por el propio Tribunal de Cuentas que detect贸 que la empresa carec铆a de antecedentes y que al momento de concederse la licitaci贸n, quien se present贸 como su titular no reun铆a los requisitos legales que exige la Ley de Sociedades Comerciales. Incluso se帽ala un "eventual" perjuicio al Estado. Marcucci -que el 15 de febrero hab铆a pedido que la Direcci贸n Provincial de Vialidad permitiera acceder al expediente y se lo negaron- plante贸 16 preguntas que deber谩 responder el gobierno provincial. Su proyecto fue acompa帽ado por todos los diputados de la oposici贸n y advirti贸 que de no prosperar va a recurrir a la Justicia.
El ingeniero Antonio Grbavac como Administrador General de Vialidad Provincial adjudic贸 la licitaci贸n de maquinarias viales a favor de Austral Construcciones SA y decidiendo hacer uso de dos ampliaciones para llevar el n煤mero inicial de 100 a 140 equipos cuya "entrega se realizar谩 el 15 de setiembre de 2005". Las ofertas presentadas hab铆an sido dos: Austral ofrec铆a 100 m谩quinas a un valor final de $ 36.531.500 y Macrosa del Plata SA quien cotiz贸 dos precios por la misma cantidad de equipos: $ 43.142.500 (oferta base) y $46.538.600 (con opcionales). La 煤ltima oferta fue desestimada de plano en la resoluci贸n "dado que no cumple con el plazo de entrega: el 15 de setiembre de 2005".
La revista Entre L铆neas revel贸 que el 4 de agosto de 2005 el contador fiscal y la subdirectora de Obra P煤blica del Tribunal de Cuentas enviaron a Grbavac un informe solicitando explicaciones por la adjudicaci贸n: como Austral se dedica a las construcciones, en el objeto mismo de la firma no se encuentra la actividad comercial de compra y venta de cosas muebles, en este caso maquinaria vial. El escrito del Tribunal advierte que esto puede derivar en "no quedar obligada la firma en los t茅rminos de la ley de Sociedades Comerciales" que obliga a una firma por todos los actos que no sean notoriamente extra帽os al objeto social.
Todos los actos comerciales tendientes a la concreci贸n del negocio de las 140 motoniveladoras fueron realizados en Santa Fe por Julio Enrique Mendoza, quien se present贸 en sociedad como presidente de la firma. Sin embargo, el escrito del Tribunal de Cuentas sostiene que legalmente quien rubric贸 los acuerdos entre la empresa y la Provincia de Santa Fe no era en ese entonces presidente de Austral Construcciones. En cuanto a los antecedentes exigidos por el pliego, los oferentes deb铆an proporcionar una n贸mina de usuarios con un m铆nimo de 6 meses de uso comprobable.
Por eso el Tribunal de Cuentas pidi贸 se informe "qui茅nes fueron los usuarios consultados y c贸mo y d贸nde se procedi贸 a la verificaci贸n". "La Comisi贸n de Estudios de Vialidad Provincial manifiesta que se realiz贸 una consulta con distintos usuarios, entre ellos la municipalidad de Fray Bentos (Uruguay), pero es del caso que la misma no fue consignada como cliente en el listado de usuarios suministrado por la oferente", explic贸 luego el Tribunal de Cuentas.
As铆 las cosas, Vialidad practic贸 un control sobre una m谩quina a la cual Austral Construcciones nunca present贸 entre sus antecedentes. Tras la respuesta el Tribunal de Cuentas afirm贸 que existe una "insuficiencia de antecedentes".
La comisi贸n evaluadora de los pliegos, conformada por el ingeniero Eduardo D谩vila, la doctora Nanci Ribes y el contador Jorge Ferrari formul贸 a lo largo de todo proceso escuetas explicaciones.
Finalmente la sala I del Tribunal de Cuentas envi贸 las actuaciones a la divisi贸n jur铆dica de la repartici贸n para que esta determine si la conducta desplegada por Grbavac y los integrantes de la Comisi贸n de Estudios, se encuentra inmersa en las causales previstas en el art铆culo 237 de la Ley de Contabilidad.
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